Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FLORES QUISPE , BERTHA s/ABORTO CON CONSENTIMIENTO DE LA MUJER

• Fecha: 21 Septiembre 2021
• Número de expediente: CFP 011671/2018/TO01/CFC001

CFCP - SALA I

CFP 11671/2018/TO1/CFC1

FLORES QUISPE, B. s/recurso de casación

Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 1687/21

Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores D.A.P.-.-, A.M.F. y Diego G.

Barroetaveña -Vocales-, reunidos de manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en las Acordadas 27/20 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- y 15/20 de esta Cámara Federal de Casación Penal –CFCP-, para decidir respecto del recurso de casación interpuesto en el presente legajo nº CFP 11671/2018/TO1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulado: “FLORES QUISPE, B. s/recurso de casación”, de la que RESULTA:

1. Que contra la resolución de la señora jueza de cámara M.G.L.I., integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, mediante la cual suspendió el trámite de la presente causa por el término de un año respecto de B.F.Q. e impuso como reglas de conducta durante el precitado período los deberes de: a) fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato y b) realizar tareas comunitarias, a razón de ocho horas mensuales, en una iglesia cercana a su domicilio, por un total de noventa y seis horas (cfr. fs.

   156/161), el señor fiscal general J.P.G.E. interpuso recurso de casación (cfr. fs. 165/173).

2. El tribunal de mérito concedió el remedio interpuesto a fs. 174/175, el que fue mantenido en esta Fecha de firma: 21/09/2021 1

   Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.G.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   32541242#302751035#20210920153347626

   instancia por el señor fiscal general J.A. De Luca, a fs. 178/179.

3. El recurrente encauzó sus agravios bajo las previsiones del inciso 1º del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

   En primer lugar, consideró que la jueza L.I. incurrió en una incorrecta interpretación del derecho aplicable por cuanto a pesar de lo establecido en el art. 76 bis, 4º párrafo, del Código Penal (CP) no tomó

   en consideración la falta de consentimiento del representante del Ministerio Público F. como requisito ineludible para la concesión del recurso.

   Al respecto, invocó la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Federal de Casación Penal in re “Kosuta,

   T.R. s/recurso de casación” en cuanto a que “(l)a oposición del Ministerio Público F., sujeta a control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento del beneficio”.

   En esa senda, adujo que si bien el órgano jurisdiccional tiene la facultad de controlar la motivación y razonabilidad del dictamen del representante del Ministerio Público F., le está vedado sustituirla,

   pasando por alto las previsiones del art. 76 bis del digesto penal que establece como requisitos la posibilidad de condenación condicional y el consentimiento fiscal.

   Agregó que la decisión que impugna no cuenta con fundamentos jurídicos suficientes, debiendo descalificarse como acto jurisdiccional válido, ello por cuanto la fundamentación brindada en sus considerandos se basa en afirmaciones dogmáticas carentes de motivación directa sobre el punto a decidir.

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   Fecha de firma: 21/09/2021

   Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.G.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   32541242#302751035#20210920153347626

   CFCP - SALA I

   CFP 11671/2018/TO1/CFC1

   FLORES QUISPE, B. s/recurso de casación

   Cámara Federal de Casación Penal Se agravió en que la resolución atacada impide a esa parte acceder a la sustanciación de un debate oral y público, donde se decida respecto de la responsabilidad de B.F.Q. por aquellos mismos hechos y bajo las mismas condiciones de cumplimiento que los restantes consortes de causa que “por la misma tarea” registran condenas de tres años de prisión.

   Señaló que el tribunal incurre en una afirmación dogmática, al señalar una eventual decisión sobre un pedido concreto de condena, resorte exclusivo de la parte acusadora y consecuencia directa de la celebración de un juicio oral, ámbito dentro del cual recibe su máxima expresión la garantía constitucional del debido proceso legal, con las etapas de acusación, defensa, prueba y sentencia.

   Manifestó que la alegada irrazonabilidad de la opinión del Ministerio Público F. no se verifica en el presente, toda vez que el dictamen fiscal reúne los requisitos de motivación suficientes para imponer su carácter vinculante para el tribunal, de conformidad con lo establecido en el art. 293 del CPPN. Luego, agregó, que una correcta aplicación del artículo 76 bis de la ley sustantiva en materia penal debió conducir, necesariamente,

   a la denegación del instituto solicitado por la imputada a través de su defensa.

   Señaló además el recurrente, que la jueza no expresó las razones por las cuales la concesión de la suspensión del proceso penal a prueba no debilitaría la oportuna acusación de ese ministerio público fiscal con Fecha de firma: 21/09/2021 3

   Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.G.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   32541242#302751035#20210920153347626

   relación al resto de las personas imputadas que cumplían el mismo rol que B.F.Q..

   De otra parte, señaló que si bien la escala penal prevista para el delito reprochado partía de tres años de prisión, el máximo alcanzaba los diez, circunstancia que refleja la gravedad de la imputación que pesa sobre F.Q., criterio sostenido en el marco del acuerdo de juicio abreviado sellado con el resto de los integrantes de la organización y que el tribunal homologó en similares términos.

   Refirió que la sentenciadora desconoció sin motivos válidos el carácter vinculante de la oposición fiscal al otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba por cuanto restó toda clase de valor a las razones de política criminal que fueron invocadas con fundamento suficiente en la respectiva audiencia.

   Por tales motivos, entendió que la resolución cuestionada debía ser revocada y, para el caso en que no se hiciese lugar a su pretensión, formuló expresa reserva del caso federal.

4. Durante el término de oficina previsto por los arts. 465 y 466 del CPPN se presentó la defensora pública coadyuvante D.E.A.P. en la asistencia técnica de B.F.Q., quien solicitó

   el rechazo in limine del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público F. y, ante el supuesto de una resolución adversa, dejó formulada la correspondiente reserva del caso federal.

   Argumentó que la resolución atacada fue sustentada razonablemente y los agravios introducidos por el Sr. F. sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta.

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   Fecha de firma: 21/09/2021

   Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.G.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   32541242#302751035#20210920153347626

   CFCP - SALA I

   CFP 11671/2018/TO1/CFC1

   FLORES QUISPE, B. s/recurso de casación

   Cámara Federal de Casación Penal Agregó que la sentencia recurrida ponderó que el instituto de la probation es procedente en el caso y la oposición fiscal fue ampliamente analizada por la jueza de la instancia anterior.

   Expuso que de conformidad con la doctrina establecida en el plenario “Kosuta, T.R. s/recurso de casación”, la disconformidad fiscal únicamente será

   vinculante para el órgano jurisdiccional cuando reúna las exigencias de fundamentación y supere el control jurisdiccional, lo que no sucede en el sub lite.

   Indicó que, en el caso, el F. refiere que no procede la suspensión del juicio a prueba pero no expone los motivos que lo llevan a concluir que es imprescindible la celebración de un juicio oral y público.

   Agregó que el Tribunal a quo ha efectuado un exhaustivo control sobre el dictamen fiscal descartando el carácter vinculante de su oposición por ser irrazonable e infundada, como así también ponderó la escala penal del delito imputado y que su defendida no registra antecedentes condenatorio ni procesos en trámite, arribando a la lógica conclusión de que en caso de dictarse una sentencia condenatoria, indudablemente, ésta sería de ejecución condicional.

   De otra parte, señaló que la jueza explicó los motivos por los cuales no se justificaría el apartamiento del mínimo legal ni la imposición de una pena de efectivo cumplimiento de acuerdo con el rol de “panfletera” que le cupo en el hecho a B.F.Q. como así también que otros imputados que realizaban la misma tarea fueron condenados a la pena de tres años de ejecución condicional.

   Fecha de firma: 21/09/2021 5

   Firmado por: W.D.M., SECRETARIO DE CAMARA

   Firmado por: A.M.F., JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.A.P., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   Firmado por: D.G.B., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

   32541242#302751035#20210920153347626

5. Que superada la etapa prevista en el art. 465,

   último párrafo y en el 468 del CPPN quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

   Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores D.G.B., A.M.F. y D.A.P..

   El señor juez D.G.B. dijo:

1. Que, de manera liminar, es menester señalar que el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público F. resulta formalmente admisible, toda vez que la resolución recurrida, en sus efectos, es equiparable a sentencia definitiva, la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla, los planteos realizados encuadran dentro de los motivos previstos en la ley procesal...