Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Noviembre de 2017, expediente CCC 020631/2008/TO01

Fecha de Resolución28 de Noviembre de 2017
EmisorTRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL

Poder Judicial de la Nación Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal CCC 20631/2008/TO1 Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017.

Y VISTA:

La causa nº 5020 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal, seguida a H.D.L.F. –argentino, titular del D.N.

  1. n° 6.457.077, nacido el 19 de febrero de 1927 en Hernando, Departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba, hijo de F.H.L.G. (f) y de B.F.S. (f), casado, instruido, abogado, domiciliado en la calle Paraná 1225, piso 11, depto. “A” de esta Ciudad, con legajo de la Policía Federal Argentina LE 126.605-, y a A.M.L.L., –argentino, titular del D.N.

  2. n° 17.546.230, nacido el 25 de marzo de 1965 en la Capital Federal, hijo de H.D.L.F. y de J.R.L.T., casado, instruido, abogado, domiciliado en la calle P.A. 3501 de la localidad bonaerense de Victoria, con legajo de la Policía Federal Argentina CI 8.369.379-, en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta.

Y CONSIDERANDO:

  1. - En primer término corresponde analizar la procedencia formal, en el caso en concreto, del instituto peticionado por los imputados en las correspondientes audiencias celebradas en el marco de los presentes actuados en los términos del art. 293 del C.P.P.N.

    Preliminarmente debo decir que el instituto de suspensión del juicio a prueba persigue una finalidad decididamente preventivo-especial que requiere la presencia de dos requisitos indispensables: a) la mediana levedad del delito imputado, y b) la verificación de circunstancias personales que permitan presumir que los solicitantes habrán de asumir un comportamiento de acuerdo a derecho.

    Fecha de firma: 28/11/2017 Firmado por: G.E.F., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.M.A., SECRETARIO DE CAMARA #29304913#194608647#20171128104832007 Ello, en razón de que el instituto bajo análisis consiste en una solución alternativa al ejercicio de la pretensión punitiva estatal, erigiéndose en una respuesta (no punitiva) prevista por el sistema legal, para aquellos supuestos donde resulte aconsejable –según la política criminal delineada por el legislador-

    resignar el interés de la vindicta pública, en aras de conseguir una correcta solución del conflicto penal sin necesidad de afectar los derechos personales de los imputados mediante la imposición de una pena que resulte una estigmatización social para aquéllos. Todo ello, sin desoír la necesidad de los derechos resarcitorios de la víctima.

    En esta inteligencia, el hecho atribuido a los imputados, tal como fuera descripto en el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio (fs.

    1439/1447), indica “ex ante” que, de verificarse las pautas de carácter individual necesarias, la pena eventualmente aplicable no debería superar los tres años de prisión, y que la misma pueda ser dejada en suspenso.

    Por otro lado, las condiciones personales de los peticionantes –tal como surge de los respectivos legajos de personalidad que corren por cuerda al principal- y la carencia de antecedentes penales, tal como surge de los respectivos informes glosados en las presentes actuaciones me llevan a sostener un pronóstico de sujeción y respeto, por parte de aquéllos, al orden jurídico.

    Con lo cual, y tal como la propia F. General lo ha sostenido en la primer audiencia al expresar que “atento a la penalidad prevista para el delito enrostrado a los imputados, resultaría de aplicación al caso el instituto peticionado, en cuanto sería factible ante la eventual imposición de una condena, que la pena sea de ejecución condicional, ello en función de los antecedentes “A.” y “Norverto” de la CSJN” (ver acta de fs. 1926/1929), estamos ante la firme posibilidad, de conceder la suspensión del juicio a prueba a los nombrados L.F. y L.L..

    Fecha de firma: 28/11/2017 Firmado por: G.E.F., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.M.A., SECRETARIO DE CAMARA #29304913#194608647#20171128104832007 Poder Judicial de la Nación Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal CCC 20631/2008/TO1 En este sentido, debo recordar que en dichos antecedentes jurisprudenciales la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en la causa n°

    28/05, “ACOSTA, A.E. s/ infracción art. 14, párrafo, ley 23.737”, del 23 de abril de 2008), ha fijado un criterio de interpretación de la norma contenida en el art. 76 bis del C.P., acogiendo la llamada “tesis amplia”, a cuyos fundamentos -brevitatis causa- me remito.

    Consecuentemente, en este caso concreto, al verificarse tanto los requisitos objetivos y subjetivos que requiere la norma contenida en el artículo 76 bis del ordenamiento de fondo, adelanto que le daré favorable acogida a lo solicitado por la asistencia técnica de los imputados L.F. y L.L..

  2. - En las presentes actuaciones debo analizar la oposición efectuada por la representante del Ministerio Público Fiscal en las dos audiencias que se han llevado a cabo en este proceso.

    En efecto, apartándose de cuestiones político-criminales, la Sra.

    Fiscal General se opuso a la concesión del instituto por entender que “la defensa no acompañó un ofrecimiento que se acerque siquiera a las pretensiones de la querella ni tampoco para el otorgamiento del instituto desde la opinión de la Fiscalía. Que, existe una brecha aparentemente insalvable en tanto los seis millones de pesos ofrecidos aparecen lejanos ante el balance de utilidades mencionadas por la querella, que deberán ser luego acreditadas y que serían motivo del juicio penal. Por ello considera que no corresponde el otorgamiento del beneficio invocado” (ver acta de la primera audiencia antes mencionada).

    En la nueva audiencia, tras el aumento del ofrecimiento por parte de H.D.L.F. a la suma de seis millones de pesos sumado a los dos millones de pesos oportunamente ofrecidos por A.F. de firma: 28/11/2017 Firmado por: G.E.F., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.M.A., SECRETARIO DE CAMARA #29304913#194608647#20171128104832007 M.L.L., volvió a reiterar su oposición manifestando que el ofrecimiento de reparación del daño resultaba insuficiente en relación al perjuicio sufrido por la presunta víctima, estimando que la única reparación posible era la restitución, por parte de los solicitantes, de las acciones en cuestión, o un monto equivalente al valor de éstas que por balance corresponda.

    De tal forma, la pregunta que debo desentrañar en este punto es la siguiente: ¿la oposición fiscal fundada únicamente en la cuestión de la razonabilidad del monto ofrecido en concepto de reparación del daño causado resulta vinculante para el suscripto? Desde ya adelanto que no, veamos porque.

    El artículo 76 bis, tercer párrafo, CPPN, establece que “al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá

    sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada” –el subrayado me pertenece-.

    En tal inteligencia, no cabe ninguna duda que el análisis acerca de la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño se encuentra en cabeza del juez o Tribunal competente, encontrándose, en definitiva, el quantum de la reparación del daño sometida a su exclusivo control.

    Así lo han resuelto distintos tribunales de nuestro país.

    En el precedente “V.F.” se afirmó que “…la oposición fundada en lo exiguo del monto ofrecido en concepto de reparación del daño causado no puede esgrimirse por el representante del Ministerio Público Fiscal como un motivo válido, pues es a los jueces a quienes corresponde la verificación de aquellos presupuestos legales que hacen a la procedencia del instituto de suspensión de juicio a prueba, en tanto se trata de una tarea propia de su función como lo es la interpretación de la ley, lo que no implica que no Fecha de firma: 28/11/2017 Firmado por: G.E.F., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.M.A., SECRETARIO DE CAMARA #29304913#194608647#20171128104832007 Poder Judicial de la Nación...

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