Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 2 DE LA CAPITAL FEDERAL, 8 de Marzo de 2017, expediente CCC 007619/2017/TO01

Fecha de Resolución 8 de Marzo de 2017
EmisorTRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 2 DE LA CAPITAL FEDERAL

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 2 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 7619/2017/TO1 nos Aires, 8 de marzo de 2017.

SENTENCIA: Que después del cierre de la audiencia

celebrada a tenor de lo previsto en el art. 353 septies del C.P.P. y como

consecuencia de lo allí establecido, el señor magistrado integrante del

Tribunal Oral en lo Criminal n° 2 de la Capital Federal, Dr. Fernando

Adolfo Larrain, procedió a redactar los fundamentos que dan sustento a lo

resuelto el pasado viernes 3 de marzo en esta causa n° 5483 seguida contra

M. A. M. y N. M. P., de las demás

condiciones personales obrantes en autos, por el delito de robo simple en

concurso ideal con lesiones leves.

La causa tramitó en su etapa previa ante el Juzgado de

Instrucción n° 27, S. n 124, bajo expediente n° 7619/17.

Intervienen en el presente proceso el señor fiscal general, Dr.

Carlos Eduardo Gamallo, y la señora defensora oficial, Dra. G. De

Dios.

Y CONSIDERANDO:

  1. Audiencia multipropósito.

    Durante la audiencia celebrada a tenor del art. 353 septies del

    C.P.P., el señor presidente le concedió la palabra al señor fiscal general

    quien manifestó que tratándose del nuevo procedimiento establecido para

    aquellos casos de flagrancia, y en virtud que las audiencias son

    multipropósito, ponía en conocimiento del magistrado interviniente que

    habían conversado con la señora defensora oficial y los imputados y habían

    arribado a un acuerdo sobre la manera en que debía resolverse las

    situaciones procesales de los últimos.

    Explicó que si bien la ley 27.272 impone como sanción de

    caducidad para la posibilidad de solicitar la suspensión del proceso a

    prueba o de celebrar un acuerdo en los términos del art. 431 bis. del C.P.P.,

    que deben realizarse antes de elevar la causa a juicio, y que si bien en otra

    oportunidad la fiscalía se expidió en este sentido, había anticipado que

    existía una excepción para tal caducidad, concretamente la posibilidad de

    Fecha de firma: 08/03/2017 Firmado por: F.A.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.M.G. TORRES, SECRETARIO DE CAMARA #29432594#173318895#20170309144003734 que, en esta etapa procesal, se viera modificada la plataforma fáctica o la

    significación jurídica.

    Sostuvo que esto último acontecía en este caso ya que la

    calificación legal escogida tanto por el señor agente fiscal como por el

    magistrado instructor no aparecía como adecuada, ya que consideró que lo

    que se conoce como “arma impropia” no puede considerarse un “arma” en

    los términos previstos en el art. 166 del Código Penal de la Nación, por

    tratarse de un interpretación extensiva in malam partem, del tipo penal.

    Por el contario, entendió que sólo encuadra dentro de tal

    categoría jurídica aquel elemento que fue creado con tal finalidad, lo que

    claramente no se verifica en el presente caso.

    Sostuvo que la propia ley define cuáles son las armas de

    guerra, las de uso civil, las químicas y los explosivos, definiendo también a

    contrario sensu aquellas denominadas armas blancas.

    En virtud de ello, consideró que una botella no encuadra en

    tal categoría, por lo que la adecuación jurídica adecuada al hecho

    reprochado a los encausados, en la de robo simple en concurso ideal con

    lesiones leves (arts. 45, 54, 89 y 164 del Código Penal de la Nación).

    A partir de lo expuesto, consideró que habiéndose modificado

    la significación jurídica, también había mutado la situación procesal de los

    dos imputados ya que, por un lado, la escala penal prevista en abstracto

    para el ilícito que se les reprochó durante la etapa procesal anterior no le

    permitió a P. solicitar la suspensión del juicio a prueba, mientras que,

    en el caso de M., también evitó que las partes pudieran arribar a un

    acuerdo en los términos del art. 431 bis del C.P.P.

    Señaló que entonces, al haberse modificado sus situaciones

    procesales, la caducidad prevista por ley no resultaba aplicable en este caso,

    puesto que los yerros jurisdiccionales no pueden perjudicar a los

    justiciables.

    Sentado cuanto precede, explicó que con la defensa y los

    imputados habían acordado, por un lado, respecto de M., un juicio

    abreviado en el que la fiscalía solicitaba que se lo condenara y se le

    impusiera la pena de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo,

    (anticipando que no tenía inconvenientes en que se sustituyera el tiempo

    que le resta cumplir por la realización de trabajos comunitarios en favor de

    la sociedad) más la declaración de reincidencia en los términos del art. 50

    Fecha de firma: 08/03/2017 Firmado por: F.A.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.M.G. TORRES, SECRETARIO DE CAMARA #29432594#173318895#20170309144003734 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 2 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 7619/2017/TO1 del Código Penal de la Nación.

    Por el lado de P., explicó que habían considerado que su

    situación podía resolverse en los términos del art. 76 bis del ordenamiento

    de fondo.

    A su turno, la señora defensora oficial refirió que tal como lo

    había anticipado el señor fiscal general, habían acordado resolver la

    situación de cada uno de los imputados de la manera referida.

    Respecto de su asistido P., consideró que la suspensión

    del juicio a prueba resultaba procedente, en tanto y en cuanto carecía de

    antecedentes penales y porque las características del hecho y sus

    condiciones personales y sociales permitían estimar que, en caso de resultar

    eventualmente condenado, la sanción podría ser dejada en suspenso.

    En cuanto a las reglas de conducta, sostuvo que ofrecía fijar

    domicilio, someterse al control de un patronado, cursar sus estudios

    secundarios, y abonar, en concepto de reparación, la suma de cuatrocientos

    pesos ($400).

    Explicó que su asistido ya se había inscripto para volver a

    cursar primer año de la secundaria, y que se encontraba realizando

    changas.

    Señaló que el padre de éste se encontraba presente en la Sala

    de Audiencias, y que iba a vivir con él.

    Respecto de su defendido M., dijo que éste aceptaba el

    acuerdo de juicio abreviado propuesto por el señor fiscal general, con la

    nueva calificación legal sugerida y con la declaración de reincidencia. En

    este punto, y toda vez que el fiscal había anticipado que prestaba

    conformidad con la sustitución del tiempo que le resta cumplir de la pena

    por tareas comunitarias, solicitó que se dispusiera su inmediata libertad.

    Escuchadas las partes, el Dr. L. dijo, respecto de la

    caducidad prevista por la ley 27272 para solicitar la suspensión del juicio a

    prueba o celebrar un acuerdo en los términos del art. 431 bis del C.P.P., que

    compartía los argumentos desarrollados por el señor fiscal general, al

    mediar un cambio de calificación legal.

    Que independientemente de su criterio en torno a la tipicidad

    o no de lo que se conoce como armas impropias, no podía desatender que la

    botella supuestamente utilizada no fue secuestrada, por lo que no pudo

    verificarse su poder vulnerante. Que sin perjuicio de ello, el señor fiscal

    Fecha de firma: 08/03/2017 Firmado por: F.A.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: J.M.G. TORRES, SECRETARIO DE CAMARA #29432594#173318895#20170309144003734 general había anticipado fundadamente su criterio, uno que sostendría en el

    marco del debate oral y público y que se vería obligado a respetar, so riesgo

    de sorprender al imputado y a su defensa con una calificación más gravosa

    por la que no sería acusado el primero.

    A partir de ello, consideró que la significación jurídica

    adecuada es la de robo simple, en concurso ideal con lesiones leves, y

    entendió que, consecuentemente, resultaban en principio viables los

    pedidos de suspensión del juicio a prueba y de juicio abreviado

    respectivamente.

    Seguidamente, interrogó al imputado M. sobre las

    implicancias del acuerdo que le ofrecía el señor fiscal, y éste dijo estar de

    acuerdo con éste y haber comprendido que había solicitado que se lo

    condenara a la pena de tres meses de prisión efectiva, con la declaración de

    reincidencia y la sustitución del resto del a pena que le restaba cumplir por

    la realización de labores comunitarias.

    Aportó el teléfono de su madre, de nombre S., para

    facilitar su ubicación (1534461126).

    Por su parte, el imputado P. refirió que entendía los

    compromisos que asumiría de otorgársele el beneficio de la suspensión del

    juicio a prueba, y las consecuencias derivadas de cualquier tipo de

    incumplimiento.

    Luego, el señor presidente procedió a tomar conocimiento de

    las condiciones personales de cada imputado, refiriendo Nicolás Martín

    Peduto tener 18 años de edad y estudios primarios completos.

    Respecto de los estudios secundarios, explicó que comenzó a

    cursarlos el año pasado y luego los abandonó, pero que recientemente se

    volvió a inscribir y comenzaba a cursar primer año el lunes 6 de marzo.

    Que si bien deseaba trabajar, quería terminar sus estudios antes.

    Afirmó estar saliendo de distintas adicciones con el apoyo de

    su familia, flagelos vinculados al consumo de cigarrillos, marihuana y

    alcohol en exceso.

    Por su parte, M. dijo tener 27 años de

    edad, y haber residido hace tiempo en P., Partido de Tres de

    Febrero, donde...

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