Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 18 de Noviembre de 2016, expediente FSA 009018/2013/TO01/CFC001

Fecha de Resolución18 de Noviembre de 2016
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSA 9018/2013/TO1/CFC1 “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” “FERNÁNDEZ, M.F. y otra s/recurso de casación”

Registro nro.: 1566/16 la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 18 días del mes de noviembre de 2016, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores E.R.R., L.E.C. y J.C.G., bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora M. de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa FSA 9018/2013/TO1/CFC1, caratulada “F., M.F. –C., L.R. s/recurso de casación”.

Representa al Ministerio Público Fiscal el doctor R.O.P., y ejerce la defensa oficial del imputado la doctora L.B.P..

Efectuado el sorteo para que los jueces emitan su voto, resultó establecido el siguiente orden: doctores J.C.G., L.E.C. y E.R.R..

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor J.C.G. dijo:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta -en lo que aquí interesa- resolvió: i. Condenar a M.F.F. a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y multa de $250.- (pesos doscientos cincuenta) como autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes (Artículo 14 primer párrafo de la ley Nº 23.737; Artículo 45 del Código Penal), con costas (artículo 29 apartado 3 del Código Penal), ordenando su inmediata libertad en la presente causa; ii. Condenar a L.R.C. a la pena de Cuatro años y cuatro meses de prisión, multa de $1.000.- (Pesos un mil) e inhabilitación absoluta por el término de la condena, como autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Artículo 5 inciso “c” de la ley Nº 23.737; Artículos 12 y 45 del Código Penal), con costas (artículo 29 apartado 3 del Código Penal); iii. Ordenar el decomiso del dinero y elementos secuestrados en autos, conforme lo prevé el artículo 30 de la Ley Nº 23.737, y la destrucción de las muestras de drogas reservadas en Secretaría.

    Fecha de firma: 18/11/2016 Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: LILIANA E. CATUCCI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL 1 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: MARIA DE LAS MERCEDES LÓPEZ ALDUNCIN, Secretaria de Cámara #24218950#166657995#20161121080838374 Contra dicha decisión, interpuso recurso de casación el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor F.S.S., que fue concedido y mantenido en la instancia.

  2. La fiscalía fundó su recurso en las previsiones del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

    Luego de una reseña de los antecedentes de la causa y sobre la admisibilidad del remedio procesal interpuesto, planteó la arbitrariedad de lo resuelto respecto de F., en tanto se le impuso una pena de dos años de ejecución condicional tipificando su conducta como tenencia simple de estupefacientes, cuando la acusación solicitó en su caso la pena de cuatro años y ocho meses de prisión como responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

    Al respecto, sostuvo que la resolución en cuestión exhibe y configura vicios que la invalidan como tal, por ser carente de razonabilidad, lógica y motivación, en tanto conduce a sostener la arbitrariedad que se le imputa, resultando de aplicación la normativa del artículo 123 del C.P.P.N.

    Previa transcripción de los argumentos tenidos en cuenta por el tribunal, alegó que a F. se le atribuyó el delito de tenencia simple, siendo que a su consorte de causa se le imputó el de tenencia con fines de comercio pese a que, como surge de la prueba incorporada, la sustancia se encontraba dentro de la esfera de dominio de ambos.

    En tal sentido, recordó que de la audiencia de debate surgió de manera indubitada que los imputados F. y C. eran cónyuges, que al momento del allanamiento cohabitaban en el domicilio sito en el lote nº 9, manzana nº 270 de Villa Asunción -Salta-, y que el material estupefaciente se halló en la habitación matrimonial de la residencia.

    Asimismo, destacó que en esa oportunidad se secuestró además de la droga, una serie de elementos aptos para su fraccionamiento, por lo cual consideró que el material tóxico incautado tenía como finalidad ser comercializado al público en la modalidad de “menudeo”.

    Fecha de firma: 18/11/2016 Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: LILIANA E. CATUCCI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: MARIA DE LAS MERCEDES LÓPEZ ALDUNCIN, Secretaria de Cámara #24218950#166657995#20161121080838374 Cámara Federal de Casación Penal Sala III Causa Nº FSA 9018/2013/TO1/CFC1 “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” “FERNÁNDEZ, M.F. y otra s/recurso de casación”

    En virtud de ello, consideró llamativo que al calificar legalmente la conducta imputada a M.F.F. se descartó la calificación efectuada por el fiscal general, tratando de manera diferente un mismo hecho originado a partir de la misma sustancia incautada.

    Con esa línea, advirtió que el propio tribunal reconoció la tenencia de la droga a favor de ambos imputados, en tanto hizo alusión a “…la tenencia del tóxico en poder de los encausados…”.

    Así, afirmó que M.F.F. no podía desconocer que su esposa comercializaba estupefacientes ni que se armaban en su dormitorio, y que carece de importancia que en las tareas de inteligencia previas solamente se haya investigado a Chocobar, toda vez que lo relevante fue el resultado arrojado luego del allanamiento.

    A su entender, no existe causal ni razón lógica que permita vislumbrar una calificación diferente entre ambos imputados, siendo que los dos tenían pleno conocimiento de la actividad ilícita desarrollada, razón por la cual la tenencia con fines comerciales era conjunta.

    Con citas de jurisprudencia profusa, expresó

    que el dolo de comercialización de F. deviene como lógica y necesaria consecuencia de lo reseñado, máxime teniendo en cuenta que el propio tribunal reconoció la tenencia del nombrado al momento del allanamiento, por lo cual en modo alguno puede sostener el a quo que “…no existe prueba alguna producida a lo largo de todo el debate que permita afirmar sin hesitación alguna que F. se dedicase -ya sea en forma conjunta con su esposa o individualmente- a la venta de estupefacientes”.

    Finalmente, solicitó se case la sentencia impugnada, ordenando que el tribunal oral con una nueva integración emita una sentencia condenatoria con la aplicación de la calificación de tenencia con fines de comercialización en el caso de M.F.F..

    Por último, hizo reserva del caso federal.

  3. Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los fines de los artículos 465, primera parte y 466 del Código Penal de la Nación, la defensa pública oficial del Fecha de firma: 18/11/2016 Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: EDUARDO R. RIGGI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado por: LILIANA E. CATUCCI, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL 3 Firmado por: J.C.G., JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL Firmado(ante mi) por: MARIA DE LAS MERCEDES LÓPEZ ALDUNCIN, Secretaria de Cámara #24218950#166657995#20161121080838374 nombrado, a cargo de la doctora L.B.P., hizo su presentación solicitando el rechazo del remedio procesal interpuesto.

    Luego de una reseña de los antecedentes del caso y de la sentencia condenatoria, manifestó que el acusador carece de legitimación activa para impugnar.

    Con citas de doctrina y jurisprudencia explicó que la posibilidad de hacerlo representa un derecho exclusivo de la defensa, y se trata de una garantía constitucional que como tal, ha sido consagrada solo en beneficio del inculpado.

    Asimismo, evaluó que admitir el recurso de la fiscalía interpuesto contra una resolución liberatoria transgrede el principio ne bis in idem, contrario a un enfoque de derecho penal de mínima intervención e irracionalidad.

    En otro orden, sobre los argumentos expuestos en el recurso, refirió que el acusador olvidó que la cuestión no gira en torno al material incautado, toda vez que ambos imputados efectivamente tenían estupefacientes en su poder, sino que la diferencia entre sus conductas radica en la finalidad dada a ese material: C. habría tenido la droga para comercializarla, mientras que F. la detentaba para su consumo.

    Explicó que si bien F. conocía la actividad de comercio desplegada por su pareja no tenía intención de desarrollar esa misma conducta, por lo que jamás podría serle imputado el delito de tenencia con fines de comercialización, pues si bien la sustancia estupefaciente era única, la finalidad dada por los imputados no era la misma.

    Según su perspectiva, la interpretación efectuada por el fiscal vulnera el principio de culpabilidad consagrado en la Constitución, en tanto pretende...

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