El primer juicio oral contra Cristina Kirchner

Ensuciar al acusador y denunciar confabulaciones y persecuciones judiciales, políticas y mediáticas ha sido permanentemente la estrategia de y de muchos de los exfuncionarios de su gobierno a quienes se les imputan delitos vinculados con la pública. Ha sido y es el recurso preferido de quienes se saben culpables.Durante demasiado tiempo, los escándalos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales, negocios incompatibles con la función pública y asociaciones ilícitas enquistadas en la administración estatal han convivido con la impunidad. La iniciación, el martes pasado, del primer juicio oral y público por sospechas de corrupción contra la expresidenta de la Nación abre una esperanza de que, de una vez por todas, comience a hacerse justicia.Cristina Kirchner está acusada de ser la cabeza de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado por un monto que, a valores de hace tres años, representaba unos 46.000 millones de pesos -hoy deberíamos hablar de al menos unos 100.000 millones de la misma moneda-, mediante el direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz, en favor de Lázaro Báez.En diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de la exjefa del Estado, de los exfuncionarios Julio De Vido, José López y Carlos Santiago Kirchner -primo de Néstor Kirchner- y del propio Báez, además de exintegrantes de la Dirección Nacional de Vialidad. La investigación reconocía como patrón inicial la adjudicación a este último del 80% de la obra pública vial santacruceña y había sido iniciada por una demanda del gobierno de Mauricio Macri, aunque desde 2008 diputados de la Coalición Cívica venían presentando denuncias que fueron desestimadas por la Justicia santacruceña. Se estima que el juicio oral y público que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, podría extenderse a lo largo de un año.La empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, se constituyó en 2003 con un capital social de apenas 12.000 pesos y un año después, sin mayor experiencia, comenzó a recibir algunas de las 51 obras públicas que se le adjudicaron en el territorio santacruceño. Una idea de lo desproporcionado de estas concesiones es que, en los tres años y medio de la gestión presidencial actual, la empresa que más contratos de obras públicas obtuvo en todo el país llegó a apenas cinco. Y mientras el promedio de tiempo que una empresa...