La pena de reclusión, el cómputo de la prisión preventiva y un criterio jurisprudencial inteligente

Autor:José Daniel Cesano
Cargo:Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba
Páginas:327-341
RESUMEN

1. El caso y los argumentos del Tribunal. 2. Algunos lineamientos jurisprudenciales anteriores: A) Pena de reclusión e inconstitucionalidad del cómputo de la prisión preventiva (artículo 24 del Código Penal). B) La reacción en contra de esta tesis en los precedentes de la Cámara Nacional de Casación Penal. 3. Una solución inteligente. ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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1. El caso y los argumentos del Tribunal

La Cámara de Apelación y Garantías1 (Sala de feria) de la Ciudad de Mar del Plata, con fecha 14 de enero de 2005 resolvió, en el marco de un incidente dePage 328 ejecución2, que el cómputo de la prisión preventiva, tratándose de una condena a pena de reclusión, debía realizarse de la siguiente manera: un día de prisión preventiva equivale a un día de pena privativa de la libertad. De esta manera, el Tribunal, sin declarar la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal (petición que había efectuado la Defensa del condenado), consideró derogada la pena de reclusión —a partir de las sucesivas leyes de ejecución de las penas privativas de libertad— y, por consiguiente, huérfanas de todo sustento las diferencias entre la pena de reclusión y prisión que subsisten en el Código Penal. Dijo, al respecto, la Cámara: “la conclusión coherente con lo expuesto es que resulta innecesario declarar la inconstitucionalidad de una pena que se encuentra jurídicamente y de facto derogada [...], lo que a su vez provoca que sea inaplicable la modalidad de cómputo agravada del art. 24 del código penal en cuanto se refiera a una modalidad de privación de libertad inexistente, por lo que en función de estos fundamentos corresponde acoger favorablemente la solicitud defensista”.

2. Algunos lineamientos jurisprudenciales anteriores

No es éste, ciertamente, el primer caso en donde se discuten cuestiones como la que aquí se tratan. En efecto, desde hace algunos años, es posible detectar la presencia de una tesis jurisprudencial que viene sosteniendo la inconstitucionalidad del cómputo agravado de la prisión preventiva (establecido por el artículo 24) en aquellos casos que se ha condenado a pena de reclusión. Lamentablemente, esta postura rápidamente mereció una reacción adversa por parte de distintas salas de la Cámara Nacional de Casación Penal. En lo que sigue efectuaremos una sistematización de los principales argumentos desarrollados al respecto.

A) Pena de reclusión e inconstitucionalidad del cómputo de la prisión preventiva (artículo 24 del Código Penal)

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, en decisorio de fecha 24 de mayo de 20023-4 y en votación dividida, se pronunció por la inconstitucionalidad del cómputo agravadoPage 329 (para casos de reclusión) que prevé el artículo 24 del Código Penal. Los argumentos centrales para llegar a tal conclusión fueron desarrollados por los Jueces Valle y Ursi; votando en disidencia el Juez Boano.

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Tanto Valle como Ursi partieron de la siguiente premisa: no se encuentra en discusión la vigencia de la pena de reclusión. Por el contrario, el análisis discursivo gira en derredor a la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal5.

El magistrado ponente (Juez Valle)6 comienza su argumentación con la sistematización de los motivos por los cuales —y a su ver— subsisten, en el sistema del Código, diferencias entre la reclusión y la prisión. En su opinión, tales razones serían: a) la diversidad derivada del régimen carcelario (puesto de manifiesto en los artículos 6, 9 y 10 del Código Penal) y b) “una decisión de política criminal en cuanto a que, dada la índole de los hechos a los que se aplica cada clase de pena, se priva al recluso de los beneficios que se conceden al presidiario o, dicho en otros términos, se pretende extender el mayor tiempo posible el encierro a fin de hacer más efectivo el tratamiento del interno que acompaña a toda pena privativa de la libertad” (circunstancia que ejemplifica con las diferencias establecidas por los artículos 13, 26, 44 y 46 del Código Penal). Sentado ello, analiza la razonabilidad de cada uno de estos motivos que justificarían la diferenciación. Con relación al primer grupo de casos (artículos 6, 9 y 10) observa el magistrado que, en virtud de la unificación de la modalidad de cumplimiento de las penas privativas de libertad derivadas de las diversas leyes que han regido la ejecución (decreto-ley 412/1958 y ley 24.660), las diferencias referidas al modo de ejecución de la pena han desaparecido (artículos 6 y 9, Código Penal) o se han visto atenuadas (artículo 10 del Código Penal, frente a la ampliación por parte del artículo 33 de la ley 24.660). Con relación al otro grupo de distinciones, el Dr. Valle expresó que, a diferencia del artículo 24 del Código Penal, tales diferencias responden a circunstancias previas a la comisión del hecho reprimido, que no dependen de factores aleatorios tales como la duración del proceso. Esto adquiere relevancia en relación con la posibilidad de prever los efectos de una conducta, afectando el artículo 24, de esta manera el principio de legalidad en su fazPage 331 nulla poena sine lega certa. De esta manera, a criterio de este magistrado, el sentido actual del artículo 24 del Código Penal se limita a consagrar la obligación de descontar el tiempo de privación de libertad sufrido durante el proceso respecto del tiempo de privación de libertad impuesto por una sentencia de condena, sin distinciones entre reclusión y prisión. El Juez Valle, además de reconocer la tensión entre este cómputo agravado (que emana del artículo 24) y la garantía de legalidad (art. 18, C.N.), añade una posible colisión con otros dos mandatos constitucionales: por una parte, el adecuado ejercicio del derecho de defensa, en su vertiente de permitir ejercer libremente el derecho al recurso contra una sentencia de condena a reclusión7 y de otra, el principio de razonabilidad de la ley (que extrae del artículo 28, C.N.), al no encontrar ningún criterio que legitime el concepto de que dos días de prisión preventiva deben equivaler a uno de pena impuesta.

A su turno, el Juez Ursi agregó a los fundamentos del vocal ponente, dos objeciones constitucionales más: la primera, relativa al principio de culpabilidad; la segunda, con relación a la igualdad. En torno a la culpabilidad, refirió el magistrado que, cuando el tribunal establece, tras la celebración del debate, la pena que aplicará al autor, evaluando a tal fin la culpabilidad derivada de su acto, de ningún modo puede tener en consideración el tiempo que resta hasta que la sentencia quede firme. Durante este lapso (tratándose de una condena a reclusión), por imperio del artículo 24, el tiempo de detención se vería reducido a la mitad. De este modo —sintetiza Kreplak— “el tiempo a que el condenado a pena de reclusión se vería privado de su libertad podría ser mayor —lo será siempre que alguna de las partes recurra la sentencia— que el considerado adecuado a la culpabilidad de los actos del imputado establecida por el Tribunal”8. En lo que respecta a una posible tensión con el artículo 16 de la C.N., ella ocurriría, por ejemplo, en el caso que se resolviese condenar a dos personas a la misma pena, en virtud del mismo hecho y por el mismo grado de participación y, sin embargo, una de ellas terminase sufriendo un encierro efectivo mayor al de la otra debido a haber permanecido en prisión durante el proceso.

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Con posterioridad a este precedente, con fecha 27 de febrero de 2003, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 3 se sumó a esta tesis al fallar la causa “García”, propiciando la inconstitucionalidad del mentado artículo 24 del Código Penal9.

B) La reacción en contra de esta tesis en los precedentes de la Cámara Nacional de Casación Penal

El criterio sentado in re “Méndez” no gozó de muy buena salud. La fiscalía recurrió la resolución por ante la Cámara Nacional de Casación, cuya Sala III declaró la nulidad de aquel decisorio. En rigor, la casación nacional no se pronunció, en esa ocasión, sobre el fondo del asunto que se discutía (esto es: la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal)10.

Empero, con posterioridad al fallo del Tribunal Oral (in re “Méndez”) y antes de la nulidad que a su respecto resolviera la Sala III de la Cámara, la Sala II de la casación nacional tuvo oportunidad de analizar, aunque parcialmente11, uno de los agravios constitucionales desarrollados en contra del cómputo agravado de la prisión preventiva que surge del artículo 24. Ello ocurrió al resolver el precedente “Tello”. Y la respuesta fue favorable a la constitucionalidad. En tal sentido, al abordar el cuestionamiento vinculado con la pretendida violación a la garantía de igualdad (artículo 16, C.N.), el tribunal a-quem, escuetamente se limitó a afirmar que “[e]n cuanto a la supuesta vulneración del principio de igualdad señalada por la defensa, cabe destacar que dicho principio [...] no resulta conculcado por el hecho de que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, en tanto la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de persona o grupo de personas”.

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3. Una solución inteligente

El fallo de la Cámara de Apelación y Garantías que anotamos ha incursionado por una vía argumental distinta a la iniciada por el Tribunal Oral (in re “Méndez”), arribando a una solución muy satisfactoria. En lo que sigue puntualizaremos nuestro parecer sobre esta inteligente propuesta12:

3.1. A diferencia de lo que sucedió en los precedentes “Méndez” y “García”, la Cámara no sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal. Su razonamiento fue otro: se inclinó por la no vigencia de la pena de reclusión. Por esta razón, el cómputo de la prisión preventiva, según el fallo examinado, deberá hacerse así: un día de medida de coerción personal por un día de pena privativa de la libertad. Esta forma de diseñar la respuesta permite, entre otros aspectos...

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