La prevención de los riesgos laborales y la responsabilidad de las ART.

Autor:Carlos Toselli
RESUMEN

El objeto del presente trabajo consistirá en verificar cuál ha sido la evolución de la Ley de Riesgos del Trabajo en lo que hace a su objetivo explícito, es decir la prevención de los riesgos laborales y en ese contexto cuál es el rol que han jugado lo que se sostenía eran los actores centrales del nuevo proceso que se iniciaba, es decir las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y a tenor de ello... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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Bueno es recordar que la ley 24.557 nace bajo la inspiración del Acuerdo Marco para la Productividad, el Empleo y la Equidad Sociali, que entre sus postulados expresamente incluyó la necesidad de la reforma de la Ley de Accidentes de Trabajo y la formulación de un nuevo sistema de protección de los riesgos laborales, porque el vigente hasta ese momento, a juicio de los firmantes del aludido Pacto Social, se había probado ineficaz y costoso.

En el discurso explícito que marcó el ritmo de la reforma se señaló que el eje central de la nueva normativa sería la prevención de los riesgos laborales, que la que se postulaba era una ley con un objetivo anticipador, por cuanto no se buscaba reparar el daño padecido sino evitar que el mismo aconteciera.-

Conforme quienes apoyaron la nueva normativa las razones que justificarían la prevención de las enfermedades y accidentes del trabajo podían ser clasificadas, según su naturaleza de la siguiente forma:

a)razones éticas: necesidad de preservar la vida y la integridad física;

b)razones económicas: evitar la pérdida de vidas humanas, de potencial de trabajo y de bienes;

  1. razones sociológicas: respeto de los bienes y derechos de los demás, solidaridad y cooperación y

d)razones ecológicas: conservación del medio ambienteii.

Esta pretensión no menor, se topó rápidamente con la instrumentación práctica de la ley, que dispuso una “moratoria” en el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, a través de lo que se denominaron los “Planes de Mejoramiento”, los que probaron ser marcadamente insuficientes e incumplidos por la gran mayoría de los establecimientos argentinos, todo lo cual motivó que con el dictado del decreto 1278/00 se abandonaran los mismos (sin haber alcanzado el objetivo propuesto) y se remplazaran por los “Planes de Acción en Empresas Críticas”, que eran aquellas que habían padecido siniestros justamente por el incumplimiento de los mecanismos preventivos y ahora sí con un componente obligacional de parte de las A.R.T, conforme la nueva redacción del art. 4 inc. 1 de dicho dispositivo legal.-

Es que como bien señalara la Dra. Carmen Argibay en su voto en la causa “Díaz Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A. ”… tampoco puede ser presentada como un medio para alcanzar los fines que la misma Ley de Riesgos del Trabajo enuncia en su artículo 1, pues la irresponsabilidad civil del empleador no es un incentivo a cuidar la salud de sus trabajadores y a prevenir daños, sino todo lo contrario: la misma prima de seguro que paga por la cobertura de los riesgos lícitos normales le cubre también por su falta de diligencia e imprudencia en la adopción de medidas de prevención. El incentivo pareciera ser entonces negativo”.iii

En ese sentido la norma mencionada supra establece que “los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la L.R.T: así como las A.R.T. están obligadas a adoptar medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo”.- Ello se complementa con el art. 31 apartado 1) inciso a) al disponer que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo “promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló al respecto que “la índole primaria, sustancial o primordial dada a la faz preventiva en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, se impone fundamentalmente por su indudable connaturalidad con el principio protectorio enunciado en el art. 14 bis de la C.N.” y más adelante agrega “…todo lo proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para el cual, uno de los más antiguos aspectos de sus estándares internacionales en el campo laboral, fue el de asegurar que las condiciones de trabajo resultasen, a su vez, seguras y saludables… En ese sentido cobra particular relieve entre los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en cuanto dispone que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona por un lado ’al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial … b) la seguridad e higiene en el trabajo’ y, por otro lado ‘al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental’, para lo cual entre las medidas que deberán adoptar dichos Estados ‘figurarán las necesarias para … b) el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene en el trabajo y c) la prevención y el tratamiento de las enfermedades profesionales’”iv .-

II El eje de la discusion

Si como señalamos precedente no se discute el rol de la prevención en la materia que estamos analizando, sí en cambio ha de verificarse cuáles son las responsabilidades que le competen a los distintos intervinientes en el contrato de afiliación que vincula, de manera indirecta, al trabajador con el sujeto obligado al pago de las prestaciones dinerarias y en especie.-

No es objeto de esta ponencia la responsabilidad directa del empleador en la causación del daño a tenor de los dispositivos del Código Civil, ya que el tema ha merecido numerosos y profundos pronunciamientos del máximo Tribunal de la Nación a partir de la causa “Aquino” que han terminado restableciendo el concepto de ciudadanía en la empresa para el trabajador que padecía un daño como consecuencia del obrar ilícito del empleador, permitiéndole la posibilidad de acceder a la reparación integral del mismo, que como la misma Corte Nacional se encargara de remarcar va más allá de la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador enfermo o accidentado, al señalar que “tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que se pretende aplicar, toda vez que la incapacidad del trabajador debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable”v.

Sí en cambio trataremos cuál es...

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