Prevalecieron el temor a investigar y la impunidad

Sorprende e indigna que la imputación formulada por tres fiscales no baste para iniciar una investigación judicial que alcanza a la presidenta de la Nación, al canciller Héctor Timerman y a otras personas, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de haber protagonizado el mayor atentado terrorista sufrido por la Argentina. No sorprende, en cambio, que quien le haya puesto punto final a toda posibilidad de que aquella denuncia del fiscal Alberto Nisman diera origen a una investigación judicial fuera un integrante de la agrupación oficialista Justicia Legítima, el fiscal de la Cámara de Casación, Javier De Luca. La grave denuncia formulada por Nisman escasos días antes de su muerte, aún no esclarecida, ha quedado así cerrada.

Debe lamentarse una vez más que no se haya abierto la investigación. También debería lamentarlo el Gobierno, en vez de sentir el alivio que las crónicas refieren al relatar cómo se recibió la noticia en la Casa Rosada y que no hacen más que agigantar las sospechas que en su momento generó el propio fiscal de la causa AMIA.

Es posible que la Presidenta, Timerman y los demás acusados piensen que, al morir la posibilidad de una investigación, muere la acusación y mueren las sospechas. Es lo que suele ocurrir en países donde la Justicia es confiable. Por desgracia, en la Argentina de las últimas décadas, y muy especialmente durante la década kirchnerista, la actitud de buena parte de una Justicia por lo general proclive a demorar graves denuncias contra altos funcionarios o allegados a los gobernantes convierte en eternas las presunciones, aunque las causas se archiven o los imputados sean sobreseídos. A veces, el archivo o el veloz sobreseimiento sólo sirven para avivar las sospechas.

Eso es lo que ocurre en el caso del indefendible acuerdo que el Gobierno firmó con Teherán y que para Nisman fue el instrumento tendiente a un eventual encubrimiento de los acusados del atentado. Es probable que su denuncia no ofreciera pruebas suficientes para sustentar las gravísimas imputaciones. Sin embargo, de no haber sido desestimada la denuncia, a ésta pudo haberle seguido una profunda investigación que aportara los elementos probatorios necesarios que permitieran expedirse sin dudas sobre la consistencia o no de la acusación.

Aun en el caso de que la denuncia de Nisman no permitiera configurar un delito cierto, como sostuvo el fiscal De Luca, los involucrados, con la Presidenta a la cabeza, deberían haber propiciado la...