Preliminar

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PRELIMINAR

Es ya una constante definida, que la política criminal Argentina (realidad que,

en algunos casos, suele extenderse a otros Estados Latinoamericanos) se viene

caracterizando, en lo que atañe a la estructuración del Derecho penal económico,

por una búsqueda desenfrenada de la eficiencia, con absoluto desmedro del sistema

de garantías.

Esto es particularmente grave desde que, al menos en nuestra experiencia

normativa, las reglas propias del Derecho penal económico no se estructuran como

disposiciones enmarcadas en una suerte de Derecho de intervención1 sino que

constituyen crudas manifestaciones que se integran —dada la intensidad de las

sanciones privativas de libertad que utilizan— en el entramado de un auténtico

sistema penal.

Por eso, a nadie puede llamar la atención que, la fragmentaria regulación penal

económica Argentina se estructure fuera del Código Penal y con olvido de los más

elementales principios constitucionales, que ya se deberían encontrar afianzados:

banalización del concepto de bien jurídico e intentos de proteger meras funciones;

utilización abusiva de reenvío a disposiciones administrativas, con innegable

afectación de la legalidad; negativa a aplicar, en materia penal económica, la

garantía de retroactividad de una norma más benigna; admisión, en el Derecho

comunitario regional, de construir la punibilidad de la persona jurídica, con claro

desprecio al principio de culpabilidad; constituyen simples muestras de una

orientación cada vez más firme. Y lo grave de todo esto es que, sin siquiera aludir a

un Derecho de intervención, existen algunas elaboraciones teóricas que justifican

dichas prácticas legislativas.

Por nuestra parte, hemos decidido compilar estos trabajos precisamente por

cuanto —más allá de la diversidad temática que abordan (en todo caso, de

indiscutible actualidad)— subyace a ellos una misma idea: ser un estímulo para

que los investigadores en esta temática propugnen la aplicación de los principios

garantistas; especialmente en una sociedad globalizada (como la que nos toca vivir)

en donde las necesidades económico-financieras del Estado parecen sobreponerse a

los principios esenciales de un Estado democrático social de Derecho2.

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