Precio de los servicios públicos de agua y saneamiento
| Autor | Lilian del Castillo |
| Páginas | 225-226 |
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El agua no es sólo un bien común, sino además un bien con valor social y económico que involucra facetas locales, nacionales e internacionales para su uso y distribución. El agua se convierte, en consecuencia, en recurso hídrico, un recurso apto para el consumo que, asimismo, participa como un insumo en la producción de alimentos, en los procesos industriales, en la generación de energía.
La expresión "recurso hídrico" enfatiza la dimensión económica del agua. No es posible ni conveniente ignorar, por lo tanto, el concepto del agua como insumo, ni tampoco la posibilidad de que sea incorporado en el mercado de las materias primas.El agua es un elemento de significativo valor económico y de creciente valor estratégico304.
El agua como bien común y el agua como recurso hídrico son dos conceptos diferenciados. Si el agua como un bien no Page 226tiene precio, el agua como recurso hídrico tiene un valor. Al hacer referencia al precio del agua, en consecuencia, no es el valor del bien en sí mismo el que se considera, sino su costo de empleo como recurso hídrico en diferentes usos y el precio de los servicios que se brindan a los usuarios para satisfacer sus necesidades de agua en cantidad y calidad suficientes.
Cuando se consume, el agua no es sólo un insumo, sino el protagonista del uso. Un complejo sistema de instalaciones debe ser construido para que los usuarios puedan disfrutar del agua en la cantidad y calidad requeridas, lo que añade valor al agua.
El agua debe ser tratada, transportada en cañerías, distribuida, desechada, rehusada, recuperada y recargada, entre otras actividades que deben ser llevadas a cabo por la industria del agua.Cada uno de esos procesos tiene un costo, costos que deben convertirse en rubros tarifarios.
El concepto de precio está vinculado a la noción de costo, y el precio del agua es la tarifa que se debe pagar por la disponibilidad del agua. El concepto de valor del agua debe ser claramente diferenciado del concepto de costos y también del precio. El valor del agua representa la medida de su utilidad para los usuarios y su importancia para la sociedad. En términos económicos va más allá de los costos y de su precio, fundamentalmente por su carácter necesario y las características relativas de su disponibilidad, tanto cuantitativa como cualitativa, tanto espacial como temporal.
En general, las tarifas son apenas suficientes para cubrir los respectivos costos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua. El sistema de tarifas, para ser adecuado, debe respetar el principio que implica distribuir los costos de un producto o servicio en forma proporcional entre quienes los originan o usan, ya que, en caso contrario, se crean distorsiones estructurales, costos altos para unos usuarios y derroches en otros.
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Si el precio al consumidor de una unidad de agua es proporcional a su costo para todos los usuarios, ello permite alcanzar el objetivo de racionalizar el consumo, contribuyendo de este modo más que otros métodos al uso racional del agua y a la protección del medio ambiente. Su aplicación es dificultosa, porque es necesario subvencionar algunos sectores, y otros (como los usos municipales) son de difícil evaluación y percepción por el prestador del servicio. Lo deseable es acercarse cada vez más a sistemas de tarifas que procuren el uso responsable y equitativo del agua.
El servicio de agua potable y saneamiento es una prestación costosa que debe ser retribuida por los usuarios. Si bien es discutible que el agua pueda tener un valor económico, ya que el tema tiene alcances sociales, políticos y jurídicos, y facetas filosóficas y religiosas, no es discutible que el servicio de depurar, transportar, distribuir y proveer la calidad y cantidad requerida de agua deba ser satisfecho por quien la utiliza.
En las prestaciones realizadas por empresas de carácter público o sin fines de lucro, como las cooperativas o mutuales, las tarifas tienen la finalidad de recuperar los costos de la prestación del servicio. Además de las previsiones para el mantenimiento de la red y para la expansión de los servicios, en ese costo se calculan también los desequilibrios sociales, por lo que usualmente incluyen zonificaciones en las que las áreas de mayor valor subvencionan con una tarifa más alta a las de menores recursos económicos. En los servicios concesionados, por el contrario, regidos por las condiciones de la inversión privada, las tarifas son el núcleo de la concesión, el eje en torno del cual la concesión gira para convertirse en una empresa exitosa o en un emprendimiento frustrado.
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En la Argentina, los regímenes de tarifas aplicados a los servicios de agua potable y saneamiento se basan en gran medida en el esquema de "canilla libre" establecido por la empresa pública Obras Sanitarias de la Nación. Se establece un sistema de cuota fija y se calcula la tasa básica mediante una fórmula que incorpora coeficientes de superficie cubierta, zona y calidad del inmueble. En consecuencia, se adopta un régimen que posee más el carácter de impuesto que de tasa y que implica un subsidio de los usuarios con mayor poder adquisitivo hacia los sectores de menores recursos305. Esta fórmula se utiliza regularmente y los distintos valores que adoptan para los coeficientes en cada jurisdicción afectan la tarifa general.
Los sistemas de medición del consumo se aplicaron en zonas residenciales del Gran Buenos Aires cuando se instalaron las redes de agua potable y saneamiento a partir de 1950. En la década de 1970 comenzaron a instalarse servicios medidos para el financiamiento de obras de agua potable en pequeñas localidades rurales, realizados con asistencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Servicio Nacional de Agua Potable (SNAP). Sin embargo, a medida que los medidores dejaron de funcionar, se abandonó la toma de lecturas y se procedió a facturar una cuota fija por el servicio de agua potable utilizando como base el valor de la propiedad.
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En la década de 199 0 se retomó confianza en los beneficios de medir el consumo -que tiene muchas limitaciones y de ninguna manera asegura un consumo eficiente ni una disminución de los costos del servicio-, y se incorporaron sistemas de medición a los regímenes de tarifas. Sin embargo, la importante inversión que significa la instalación de medidores domiciliarios y el costo de lectura determina que aún en la actualidad en la mayoría de los prestadores coexistan los dos sistemas.
Los sistemas de medición de consumo se basan en dos parámetros: 1) un cargo fijo que depende de diversos factores y puede incluir un consumo mínimo; 2) un cargo variable determinado en función del volumen consumido en exceso. En los sistemas de agua potable operados por cooperativas está generalizado el sistema de medición del consumo.
El servicio de saneamiento, por su parte, en un sistema operativamente eficiente, debe tener un valor sensiblemente inferior al del agua potable. Sin embargo, pueden variar en un porcentaje del 50-100% de la tarifa de agua de acuerdo a la condición de las redes y los requerimientos del tratamiento de efluentes.
Las tarifas históricamente han sido fijadas por los organismos gubernamentales, aun en los casos de las empresas privadas.Las empresas concesionarias no tienen autonomía para fijar sus tarifas y deben poner a consideración y aprobación de la autoridad de aplicación las modificaciones propuestas.
En la mayoría de las empresas privadas las tarifas reflejan los costos operativos de mantenimiento y de expansión de los servicios, la depreciación y amortización de las instalaciones y un beneficio razonable para el capital invertido, mientras que en las públicas o estatales, en general, se cubren solamente los costos operativos y de mantenimiento.
En ambos regímenes los usuarios se califican en una primera división entre usuarios residenciales y no residenciales. Los primeros pertenecen al grupo que utiliza el agua para usos domés-Page 230ticos, mientras que los segundos son los usuarios comerciales, industriales y fiscales, que la emplean en otros usos. Dentro de éstos se identifican distintos grupos y a cada categoría se le aplica un precio diferenciado para los servicios.
En la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, durante la concesión de Aguas Argentinas S.A. las tarifas cubrían los costos operativos, los impuestos, parte de los costos de inversión y las ganancias del capital306.
El esquema de tarifas de la empresa operadora, que fue sensiblemente inferior al de la empresa pública OSN de acuerdo a las condiciones de la licitación, pudo satisfacer estas condiciones durante los primeros ocho años y medio de operación, desde mayo de 1993 hasta diciembre de 2001. A partir de esa fecha, los cambios en el sistema...
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