Un pragmatismo temerario

Mauricio Macri explicó su decisión más polémica en la necesidad de hacer un acto de poder y zafarse de la intensa presión de peronistas y radicales. Esa decisión, que modificó 150 años de historia, es la designación en comisión, hecha por decreto, de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ellos deberán llenar las dos vacantes que dejaron al jubilarse Raúl Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt.

Esos nombramientos sucedieron en días cargados de anuncios de medidas económicas y de decisiones políticas, gran parte de ellas recibidas con el acuerdo de importantes sectores sociales. La administración Macri conoció por primera vez, sin embargo, la resistencia de propios y extraños por el método elegido para designar a dos de los cincos jueces supremos del país.

La primera pregunta que debe hacerse es sobre la calidad de los juristas elegidos, Carlos Rosenkrantz y Carlos Rosatti. Debe reconocerse que en medio de la discusión pública por las formas de sus designaciones, la unanimidad de las voces políticas y académicas coincidió en rescatar el nivel intelectual y jurídico de los jueces nombrados. Desde el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hasta el líder del peronismo disidente, Sergio Massa, destacaron la idoneidad de los designados, aunque Massa criticó duramente el método elegido.

Los dos jueces nombrados representan de hecho, aunque no formalmente, a los dos bloques del Senado en condiciones de aportar los dos tercios necesarios: peronistas y radicales. Rosenkrantz fue asesor durante el gobierno de Raúl Alfonsín y Rosatti fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Macri destacó ayer que no conoce personalmente a ninguno de ellos. Para despejar cualquier eventual suspicacia, le encomendó a la vicepresidenta Gabriela Michetti que les hiciera el ofrecimiento en su nombre.

La segunda pregunta pertinente es sobre la legalidad de la decisión. El artículo 99 de la Constitución, inciso 19, dice textualmente: "[El Poder Ejecutivo] puede llenar los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura". Los jueces de la Corte Suprema requieren el acuerdo del Senado, y la jubilación de Fayt, que se hizo efectiva el 11 de diciembre, ocurrió durante el receso del cuerpo legislativo. Puede concluirse, por lo tanto, que la decisión es legal.

La tercera pregunta, que en el derecho constitucional es muy importante, refiere a si esa decisión...

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