La potestad reglamentaria

• Autor: Eduardo Ávalos, Alfonso Buteler, Leonardo Massimino
• Páginas: 71-93

CAPÍTULO III

LA POTESTAD REGLAMENTARIA

I. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo estará dedicado al estudio de la potestad reglamentaria a los

fines de indagarnos en qué supuestos y bajo qué circunstancias puede la administra-

ción pública dictar disposiciones de alcance general y, en su caso, cuáles son los causes

de impugnación existentes tanto en sede administrativa como en la órbita judicial.

Valga aclarar, que en nuestra opinión sólo pueden ser considerados reglamentos

los denominados “autónomos” o actos administrativos de alcance general que im-

plican el ejercicio de función administrativa ya que los decretos de necesidad y ur-

gencia, los delegados y los de ejecución traen aparejado el desenvolvimiento de atri-

buciones de tipo legislativo1.

II. LAPOTESTADREGLAMENTARIA

La potestad reglamentaria, puede ser conceptualizada como la posibilidad de

regular, limitar y especificar los derechos consagrados en la Carta Magna y los

conferidos por las leyes2que tienen las autoridades públicas que ejercen función

administrativa, tal como hemos visto en el Capítulo I.

Consiste, básicamente, en el dictado de normas generales y abstractas que van a

tener vigencia desde que son publicadas en el boletín oficial, o desde el día en que en

1 BUTELER, Alfonso, Derecho administrativo argentino, t. I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, p.

175.

2 CASSAGNE, Juan Carlos, “La configuración de la potestad reglamentaria”, La Ley, 2004-A-1144.

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ellos se determine. En el supuesto en que no designen tiempo, producirán sus efec-

tos desde los ocho días, computados desde el día siguiente al de su publicación en

medios oficiales.

La potestad reglamentaria debe ser diferenciada del denominado poder de

policía, que consiste en la potestad legislativa de reglamentar los derechos y garan-

tías constitucionalmente consagrados por razones de seguridad, salubridad y de

moralidad (noción clásica o europea) o por razones de bienestar general o regu-

lación económica (noción amplia o estadounidense) sin poder alterar, a través del

ejercicio del mismo su esencia, conforme lo establece el art. 28de la CN, tal como

lo veremos con mayor precisión en otra parte de esta obra.

Dicha potestad, es de suma relevancia en nuestra organización estatal, dado

su fuerte carácter presidencialista, habida cuenta que, debe recordarse, que la

Constitución en la versión de 1853/60, buscó otorgar cierta preponderancia al Poder

Ejecutivo sobre los demás poderes y, por tal razón, se le atribuyeron amplias facul-

tades reglamentarias, luego convalidadas por la Corte Nacional a través de sus

sentencias.

No puedepasarse por alto, que en la actualidad, desde un punto de vista cuan-

titativo, el reglamento es la fuente más importante del derecho administrativo3, sin

embargo, la relevancia numérica de esa fuente de derechos no la exime del res-

peto a las leyes, a los tratados y la propia Constitución Nacional por la sola aplica-

ción del principio de jerarquía normativa (art. 31, CN).

III. CLASESDEREGLAMENTOS

En general, los autores, coinciden en enumerar los siguientes tipos de reglamen-

tos: a) Autónomos; b) Delegados; c) De necesidad y urgencia4y d) Ejecutivos. A

esta clasificación, BIDART CAMPOS y MANILLI adicionan los reglamentos de promul-

gación parcial de leyes que son aquellos “que dicta el Presidente en los casos en

que veta parcialmente una ley pero promulga las partes no observadas, siempre que

estas tengan autonomía normativa y su promulgación no altere el espíritu ni la unidad

del proyecto sancionado por el Congreso”5.

3 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. I, 5ª ed. act. reimpr., Abeledo Perrot,

Buenos Aires, 2000, p. 250.

4 En adelante DNU.

5 BIDARTCAMPOS, Germán J. - MANILI, Pablo, “La jerarquía normativa de las distintas clases de De-

cretos del Poder Ejecutivo” (A propósito de la moderna “Decretocracia” argentina), La Ley, 2003-C-

1359.