La potestad reglamentaria

AutorEduardo Ávalos, Alfonso Buteler, Leonardo Massimino
Páginas71-93
CAPÍTULO III
LA POTESTAD REGLAMENTARIA
I. INTRODUCCIÓN
El presente capítulo estará dedicado al estudio de la potestad reglamentaria a los
fines de indagarnos en qué supuestos y bajo qué circunstancias puede la administra-
ción pública dictar disposiciones de alcance general y, en su caso, cuáles son los causes
de impugnación existentes tanto en sede administrativa como en la órbita judicial.
Valga aclarar, que en nuestra opinión sólo pueden ser considerados reglamentos
los denominados “autónomos” o actos administrativos de alcance general que im-
plican el ejercicio de función administrativa ya que los decretos de necesidad y ur-
gencia, los delegados y los de ejecución traen aparejado el desenvolvimiento de atri-
buciones de tipo legislativo1.
II. LA POTESTAD REGLAMENTARIA
La potestad reglamentaria, puede ser conceptualizada como la posibilidad de
regular, limitar y especificar los derechos consagrados en la Carta Magna y los
conferidos por las leyes2 que tienen las autoridades públicas que ejercen función
administrativa, tal como hemos visto en el Capítulo I.
Consiste, básicamente, en el dictado de normas generales y abstractas que van a
tener vigencia desde que son publicadas en el boletín oficial, o desde el día en que en
1 BUTELER, Alfonso, Derecho administrativo argentino, t. I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, p.
175.
2 C ASSAGNE, Juan Carlos, “La configuración de la potestad reglamentaria”, La Ley, 2004-A-1144.
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ellos se determine. En el supuesto en que no designen tiempo, producirán sus efec-
tos desde los ocho días, computados desde el día siguiente al de su publicación en
medios oficiales.
La potestad reglamentaria debe ser diferenciada del denominado poder de
policía, que consiste en la potestad legislativa de reglamentar los derechos y garan-
tías constitucionalmente consagrados por razones de seguridad, salubridad y de
moralidad (noción clásica o europea) o por razones de bienestar general o regu-
lación económica (noción amplia o estadounidense) sin poder alterar, a través del
ejercicio del mismo su esencia, conforme lo establece el art. 28 de la CN, tal como
lo veremos con mayor precisión en otra parte de esta obra.
Dicha potestad, es de suma relevancia en nuestra organización estatal, dado
su fuerte carácter presidencialista, habida cuenta que, debe recordarse, que la
Constitución en la versión de 1853/60, buscó otorgar cierta preponderancia al Poder
Ejecutivo sobre los demás poderes y, por tal razón, se le atribuyeron amplias facul-
tades reglamentarias, luego convalidadas por la Corte Nacional a través de sus
sentencias.
No puede pasarse por alto, que en la actualidad, desde un punto de vista cuan-
titativo, el reglamento es la fuente más importante del derecho administrativo3, sin
embargo, la relevancia numérica de esa fuente de derechos no la exime del res-
peto a las leyes, a los tratados y la propia Constitución Nacional por la sola aplica-
ción del principio de jerarquía normativa (art. 31, CN).
III. CLASES DE REGLAMENTOS
En general, los autores, coinciden en enumerar los siguientes tipos de reglamen-
tos: a) Autónomos; b) Delegados; c) De necesidad y urgencia4 y d) Ejecutivos. A
esta clasificación, BIDART C AMPOS y M ANILLI adicionan los reglamentos de promul-
gación parcial de leyes que son aquellos “que dicta el Presidente en los casos en
que veta parcialmente una ley pero promulga las partes no observadas, siempre que
estas tengan autonomía normativa y su promulgación no altere el espíritu ni la unidad
del proyecto sancionado por el Congreso”5.
3 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. I, 5ª ed. act. reimpr., Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 2000, p. 250.
4 En adelante DNU.
5 B IDART C AMPOS, Germán J. - MANILI, Pablo, “La jerarquía normativa de las distintas clases de De-
cretos del Poder Ejecutivo” (A propósito de la moderna “Decretocracia” argentina), La Ley, 2003-C-
1359.

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