Posturas ante la prescripción de los créditos laborales

 
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Fuente. Rodolfo Capón Filas,Tratado de Derecho del Trabajo, (en preparación)

b.3.1.1. Ciudadanía y prescripción de los créditos laborales

  1. “Una de las preocupaciones del derecho es el ´tiempo’, por ser un factor de trascendencia a la hora del ejercicio de las acciones. Al referirnos al ejercicio de las acciones estamos hablando de la prescripción liberatoria a diferencia de la adquisitiva que opera cuando se adquiere un derecho por haberlo poseído durante el tiempo fijado por la ley. La Corte Nacional ha dicho que la prescripción, en tanto modo de extinguir las acciones, involucra aspectos típicamente vinculados al derecho de propiedad cuya inclusión dentro de las materias delegadas a la Nación no se discute. Por otra parte, no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el inc. 12, art. 75, Constitución Nacional, éste no sólo fijará los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, establecerá también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía” FAVIER, DANIELA (2013: 1)

    La prescripción de los créditos laborales de dos años contados desde la mora (RCT art.256) no debe obstaculizar la ciudadanía en la empresa ya que por reforma legislativa cabe establecerse que el dies a quo concide con el de la extinción de la relación.

    Sentado ello, cabe entender la relación laboral no desde la mera norma sino desde la realidad, en la que la dureza de la vida es un obstáculo insuperable para que el trabajador-acreedor pueda, durante la vinculación, reclamar su acreencia al empleador-deudor. Dada la implicancia de los elementos económicos, sociales, culturales y políticos sobre la relación de empleo, entre ellos el temor al des-empleo, hasta que se cambie la norma cabe aplicar analógicamente “Conti” (infra, 1589). Consultas múltiples efectuadas a trabajadores, en cursos sindicales, aulas universitarias, conversaciones individuales, muestran la cruda realidad de que, durante la relación, no reclaman sus derechos por temor al des-empleo (“callas o a la calle”), realidad demostrada por la in-existencia de tales reclamos en sede administrativa o judicial.

    Una vez en libertad existencial, el ex trabajador podrá reclamar sin temor sus derechos: ante el reclamo ya prescripto, el juez (“justicia viviente”, según Aristóteles) está en condiciones funcionales para liberarlo de las consecuencias, aplicando, simplemente, el art. 3980 del Código Civil, si el acreedor defiende su posición dentro de los tres meses posteriores.

    VÉLEZ SARFIELD aclara en el comentario al art. 3980 que la legislación comparada establece una solución diferente a la proyectada por él. Afirma que en época de guerra los casos de impedimento por fuerza mayor se han producido a menudo, dando como ejemplo el hecho de que “algunos gobiernos han privado a sus tribunales recibir demandas de los súbditos enemigos contra los nacionales, y esta suspensión de la acción tiene como efectivo inmediato suspender al mismo tiempo la prescripción”. El Código propone una solución distinta. Abre una posibilidad de equidad, a criterio del decisor judicial, para que libere al pretensor de las consecuencias de la prescripción ya cumplida, con una sola condición que éste haga valer sus derechos dentro de los tres meses posteriores a la superación de obstáculo.

    Ante este claro ejemplo del conflicto entre seguridad jurídica y Justicia, el ordenamiento vigente propone dos variables:

    + una, en la esfera del deudor, quien podría reconocer el derecho del pretensor y satisfacerlo.

    + otra, en la esfera del decisor judicial, quien puede dar la razón al pretensor mediante la equidad.

  2. Desde la nuda norma, es difícil de entender (infra, 1590); desde la realidad y los valores no lo es.

    “El Derecho del Trabajo no es una materia jurídica cualquiera sino una materia jurídica que regula el ámbito central de la existencia humana” DÄUBLER, WOLFGANG (1976: 74) No atarse a la norma sino integrarla sistémicamente evita que el ex trabajador sea tratado como un homo sacer, institución del primitivo derecho romano que al despojar a la persona de su humanidad permitía que se podía disponer arbitrariamente de ella pero que, al ser una cosa, ni siquiera servía para ser sacrificada a los dioses AGAMBEN, GIORGIO (2007: 15). En estos casos, aplicar o no “Conti” incide sobre la felicidad o la desgracia del ex trabajador y de su grupo familiar. Lo hominiza o lo cosifica.

    Ese es el desafío que los jueces han de afrontar: aplicar fríamente RCT art.256 o CC art.3980, disyuntiva que se traduce en otra, frente al espejo: aceptar la propia imagen o huir despavorido ante un monstruo.

    b.3.2. Conducta judicial

    b.3.2.1. Temor y prescripción

  3. I) El actor apela la sentencia porque no ha hecho lugar a su pretensión basándose en que ha operado la prescripción. II) Para resolver la cuestión se debe tener en cuenta varios elementos:1. existencia de la prescripción.2. naturaleza del despido impuesto al trabajador,3. condena aplicable a la demandada 4. medidas que deben adoptarse por esta alzada. El primero condiciona a los restantes, con excepción del último.III) Existencia de la prescripción.A. El despido del actor se produjo el 08/12/76, basándose en el art. 1 de la regla estatal o “ley de facto” (en terminología de la Corte Suprema) 21.400/76, por cuanto el actor se encontraba a disposición del Poder Ejecutivo y ya habían transcurrido tres meses. Conti recupera su libertad recién el 23/1/77. Por las circunstancias que expone, plenamente aceptadas por el señor juez de primera instancia, no pudo reclamar en procura de sus derechos mientras rigió el denominado proceso de reorganización nacional.Cuando se recupera el Estado de Derecho (10/12/83) Conti se siente con fuerzas para tal reclamo. Se presenta al Ministerio de Trabajo el 08/02/84, iniciándose el expediente 744.611 (fotocopias en fs. 123/133). El 07/03/84 se realiza la audiencia de conciliación a la que acude la demandada sin objetar la jurisdicción, pero, lejos de ofrecer una solución conciliatoria, opone la excepción de prescripción. Ante esa realidad, Conti interpone la demanda judicial el 24/7/84.B. El señor Juez de primera instancia considera que el plazo para hacer valer sus derechos, dentro de los límites del art. 3980 C.C., vencía el 10 de marzo de 1984 (a los tres meses de la anunciación del gobierno democrático) pero, como Conti recién interpuso la demanda judicial el 24 de julio, se ha cumplido la prescripción, con lo cual, apoyándose en un dictamen del señor Procurador en la causa “Manzano c/ Ford” y en la sentencia en ella dictada (expte. 68.051, Sala I) y en las sentencias dictadas en las causas “Troiani c/ Ford” y “Avalos c/ Ford” (Sala V), rechaza la pretensión del actor.C. Conti apela, argumentando que: 1. el despido interpuesto fue nulo. Por consiguiente, la acción es imprescriptible.2. A todo evento, no debe aceptarse la interpretación restrictiva del art. 3980 CC que no menciona como condicionante la demanda judicial.D. Se deben tener en cuenta los siguientes elementos:+ Conti ingresó a trabajar el 01/9/65, + Fue elegido delegado del personal, en su carácter de militante del SMATA.++ Estaba en funciones el 13/4/76.+ El día mencionado se produce la detención del actor, mientras estaba trabajando. Fue llevando a un quincho, perteneciente al predio de la demandada. Fue retirado del establecimiento, a plena luz del día, en una camioneta de la demandada, habiendo sido atadas sus manos con alambres (fs. 163), con pleno conocimiento de los supervisores (fs. 163 vta., fs. 165 vta.).El operativo fue realizado por un grupo de tareas perteneciente al Ejército Argentino que, desde tiempo atrás, estaba instalado en el interior de la planta, disponía de instalaciones de la empresa, y era por todos conocido (fs. 29, fs. 163, fs. 163 vta., fs. 164 vta., fs. 165, fs. 165 vta.).+ A partir de ese día comienza el largo calvario del actor que sin proceso alguno estuvo detenido mucho tiempo y posteriormente puesto a disposición del Poder Ejecutivo en virtud del Estado de sitio, hasta que recuperó su libertad física el 23/3/77.+ Interesa la conducta de la demandada, desde el día 13/4/76 hasta el 08/12/76.+ Remite el 23/4/76 un telegrama al actor intimándolo a presentarse a trabajar y justificar sus inasistencias bajo...

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