Una solución posible

• Autor: José Daniel Cesano
• Cargo del Autor: Abogado (1990) y doctor en Derecho y Ciencias Sociales (1995) por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba
• Páginas: 51-68

Capítulo quinto

UNA SOLUCIÓN POSIBLE

I. MÁS ALLÁ DE LOS OBSTÁCULOS NORMATIVOS:

UN PROBLEMA ADICIONAL PARA LEGITIMAR UN

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS

PERSONAS JURÍDICAS

La afanosa búsqueda de nuevos sistemas que permitan

diseñar una responsabilidad penal de las corporaciones,

más allá de los —a nuestro juicio— insalvables obstáculos

normativos (principalmente de índole constitucional) que

presenta, puede provocar un problema adicional: servir de

coartada a los socios que detenten la cuota más alta de po-

der en la estructura empresarial.

La cuestión ha sido muy bien desarrollada por Miguel

Bajo Fernández, al criticar las afirmaciones que efectuara

el profesor José Miguel Zugaldía Espinar en un interesan-

te estudio en el que cuestionaba la vigencia del principio

de irresponsabilidad penal de los entes ideales1. En este

sentido, expresa Bajo Fernández que: “Zugaldía toca la

fibra emotiva para atacar la conexión entre el principio de

personalidad de las penas y el de societas delinquere non

potest, considerando ‘irritante el argumento de la viola-

1Cfr. “Conveniencia político-criminal e imposibilidad dogmática de revisar

la fórmula tradicional ‘societas delinquere non potest’ ”, Cuadernos de Políti-

ca Criminal, Nº 11, 1980, ps. 67 ss.

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ción de los derechos humanos’ en caso de imponer penas a

las personas jurídicas, porque ‘no ha tenido en cuenta

cómo las personas jurídicas usufructúan los delitos, cómo

los grandes delincuentes económicos —auténticos parási-

tos sociales— se cobijan tras firmas que no merecen otra

calificación’. Pienso que Zugaldía —continúa el autor—

hubiera evitado su irritación si se hubiera percatado de

que quien defiende el societas delinquere non potest preco-

niza, más o menos expresamente, el castigo de quien se

esconde detrás del ente colectivo. Es decir, pretenden que

se castigue al ‘parásito social’, según la expresión de Zu-

galdía, y no al ‘caparazón’ que lo recubre. No se debe olvi-

dar, a efectos de eficacia —concluye Bajo—, que en las

grandes y pequeñas sociedades mercantiles siempre hay

un número limitado de personas, perfectamente reconoci-

bles, que lo deciden todo al margen de los socios, y es sobre

ellos sobre quienes debe recaer la sanción penal como me-

dio idóneo y eficaz de prevención de la delincuencia”2.

En idéntico sentido (aunque con referencia a la inconve-

niencia de aplicar medidas de seguridad a las corporacio-

nes) razona también Antonio Beristain3: “Las personas

naturales que en representación de las empresas cometen

la acción penalmente relevante en nombre de tal o cual

persona jurídica […] prefieren en general que las medidas

penales se le apliquen a la empresa. Pero la justicia sal-

drá mejor parada si se las aplica directamente a la perso-

na natural […]”. Es que si, por ejemplo, “se clausura a las

empresas”, pero no se prevé una sanción para quienes han

realizado la acción típica (directores, gerentes), “éstos segui-

rán en alguna otra empresa, y con ellos seguirá el peligro”.

Quienes propician la tesis de la responsabilidad pre-

tenden desestimar esta crítica con el argumento de que

2Cfr. Bajo Fernández, op. cit., ps. 378-379.

3Cfr. Beristain, “Eficacia de las sanciones penales frente a la delincuencia

económica”, op. cit., ps. 58-59.