Posibilidades de actuación del Amicus Curiae en los procesos Argentinos

Autor:Maximiliano Hairabedián
Cargo:Doctor en Derecho. Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba.
Páginas:323-330
RESUMEN

I.Introducción. II. Posiciones de la doctrina y jurisprudencia. III. Un reciente caso extranjero de trascedencia internacional. IV. Aspectos problemáticos de la institución. V. Conclusiones.

 
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El amicus curiae es una institución mediante la cual un tribunal, previo resolver un asunto, generalmente de trascendencia pública, recibe la opinión calificada de una persona reconocida, física o ideal, versada en el tema.

A pesar de su origen romano, han sido países anglosajones los que modernamente siguen empleando este procedimiento1. En nuestro derecho su legislación expresa es excepcional. Está contemplado en el sistema interamericano de justicia supranacional ante la CIDH, en el procedimiento del Tribunal Superior de laPage 324Ciudad de Buenos Aires2 y en casos de demandas a estados extranjeros, donde puede emitir opinión la Cancillería3.

No obstante su pobre recepción positiva, en los últimos años ha comenzado un debate sobre la posibilidad de admitir este tipo de opiniones como mecanismo de enriquecimiento del debate judicial.

A pesar del vacío legal, jurisprudencia argentina ha aceptado al amicus curiae4. Conforme lo expone López5, el 27/04/95 lo hizo por primera vez la Cámara Federal de Buenos Aires, en fallo dividido en la causa "Esma"; también el Juzgado Federal Nº 2 de la Capital6permitió este tipo de participación en un proceso en el que se discutía el cese de prisión preventiva de una enferma de sida. Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Nacional de Casación Penal7 se hicieron presentaciones de este tipo sin que fueran convocadas por estos tribunales, las cuales fueron agregadas sin pronunciamiento sobre su admisibilidad8. El autor citado se muestra favorable a la aceptación de este instituto, aun en caso de vacío legal. Nino9 argumenta que es un instrumento útil para abrir canales de participación y fortalecer la representación de grupos motivados por un interés público en la toma de las decisiones judiciales, en tanto que Abregú y Courtis10 señalan que "esta vinculación entre la discusión judicial de cuestiones de interés público y la posibilidad de que personas, grupos o instituciones inte-Page 325resadas en la proyección colectiva de las decisiones de la magistratura presente sus respectivas opiniones sobre el tema ante el tribunal, no hace más que reforzar el aspecto participativo del carácter republicando de gobierno". Agregan también a favor del uso de opiniones calificadas, que tal como lo demuestra la práctica norte- americana, su participación enriquece la discusión y genera un debate público incentivado por la mayor participación que toma la prensa, que el derecho argentino y el supranacional lo permite en otros casos; que no produce perjuicio a las partes, no retrasa ni entorpece el proceso. Señalan que el tribunal no está obligado a expedirse sobre los puntos de la opinión.

En el año 2002 se discutió en Estados Unidos una cuestión con fuertes repercusiones mundiales. El Estado de Virginia había condenado a muerte a Daryl Atkins, un individuo con disminución mental. Al tratar el caso, la Corte Suprema de Estados Unidos11, por mayoría consideró que el castigo capital es inconstitucional si se aplica a retrasados mentales, porque viola el principio de culpa- bilidad y se convierte en un castigo "cruel e inusual" prohibido por la 8° Enmienda de aquel sistema constitucional. En relación al tema objeto de esta ponencia, resulta importante destacar este caso, por cuanto uno de los argumentos de peso en que la Corte basó su decisión, fue precisamente la opinión a título de amicus curiae de distintas organizaciones. En dicho fallo el voto del juez Stevens por la mayoría, funda su decisión en este tipo de opiniones de la siguiente manera: "Varias organizaciones versadas han adoptado posiciones oficiales opuestas a la imposición de la pena de muerte de acusados retardados. Ver Brief for American Psychological Association como amicus curiae. Por añadidura, representantes de muy diversas comunidades religiosas en los estados unidos, reflejando tradiciones Cristianas, Judías, Musulmanas y Budistas han presentandoPage 326un informe amicus curiae explicando que incluso aunque difieran sus puntos de vista sobre la pena de muerte, todos ellos 'comparten una convicción que la ejecución de personas con retardo mental no puede ser moralmente justificada'. Ver Brief for United States Catholic Conference como amicus curiae en McCarver v. North Carolina, O.T. 2001. 00-8727, pp.2. Además, dentro de la comunidad mundial, la imposición de la pena de muerte para crímenes cometidos por acusados mentalmente retardados está aplastantemente desaprobada, Brief for The European Union como amicus curiae en McCarver v. North Carolina, O.T. 2001, No. 00- 8727, p. 4. Aunque estos factores no son...

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