Más populismo judicial

Un fallo reciente de la , del que ya nos hemos ocupado desde estas columnas, benefició a Luis Muiña -condenado por delitos aberrantes- por la aplicación de la llamada ley del "dos por uno", vigente en ese momento. El máximo tribunal aplicó el principio de la ley más benigna, en la interpretación de que aquella norma no había excluido de su alcance los llamados delitos de lesa humanidad.

Ello ocurrió con anterioridad a que la ley del "dos por uno" fuese, después del referido fallo, objeto de una rápida norma aclaratoria respecto de su alcance, que ahora excluye del mencionado beneficio los delitos de lesa humanidad. Por ello, el fallo citado había aplicado correctamente el derecho que estaba vigente al tiempo del delito, más allá de las repudiables características del crimen mismo y de la personalidad de su autor.

Las normas se aplican a todos por igual, porque la Justicia debe tener una sola vara, con prescindencia de consideraciones políticas o ideológicas. Esa vara es la misma para todos. Y como la decisión, reiteramos, se tomó conforme al derecho vigente al tiempo de ser emitida, obviamente no había otra alternativa que aplicar y hacer cumplir la ley.

Ahora se ha puesto nuevamente en marcha otro aberrante pedido de juicio político contra los tres altos magistrados que conformaron la mayoría en el fallo antes aludido, fundado en los parámetros que conformaron la decisión y pese a que ella se ajustó, como hemos dicho, al derecho vigente al tiempo de ser pronunciada. Además, el letrado Marcelo Parrilli presentó una disparatada denuncia por prevaricato, que fue recogida por el fiscal Guillermo Marijuan, contra esos tres miembros de nuestro más alto tribunal: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En las democracias, cada juez es un universo en sí mismo. Debe ser independiente. Por ende, no puede ser tenido por agente de ninguno los demás poderes ni estar sujeto a presiones políticas de ningún tipo.

Ello exige el respeto por las opiniones de los magistrados, de las que sólo ellos son dueños. No es posible pensar en una justicia independiente si, desde ciertos organismos de derechos humanos, se procura que los jueces tengan una suerte de uniformidad ideológica, una única visión sobre algunos temas. O, peor aún, que sean instrumentos de terceros.

Los jueces son los encargados no sólo de hacer justicia en los casos individuales, sino también de proteger y salvaguardar la Constitución, así como de defender las...