Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 29 de Junio de 2023, expediente CNT 012876/2019/CA001

Fecha de Resolución29 de Junio de 2023
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA VI

SENTENCIA DEFINITIVA

SALA VI

Expediente Nro.: CNT 12876/2019

(Juzg. Nº 40)

AUTOS: “POLTRONI, J.M.C./ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ DESPIDO”

Buenos Aires, 27 de junio de 2023

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

La demandada argumenta que, entre las partes, no existió

una relación de trabajo sino una locación de servicios médicos sin que resulta aplicable la presunción del art. 23 de la LCT.

Por su parte, el actor pide la aplicación de las puniciones reglamentadas por los arts. y 15 de la ley de empleo o, en subsidio, la sanción del art. 1º de la ley 25.323 y, en materia de intereses, la proyección del acta 2762/22. Sin perjuicio de ello existen agravios de las partes y de los auxiliares de justicia en materia arancelaria.

Los agravios de la demandada no pueden ser receptados: nos encontramos ante una de las controversias más comunes y complejas de nuestra disciplina generada por la inserción,

dentro del sistema productivo, de los profesionales universitarios –en el caso, un médico clínico- que se integran como prestadores regulares de servicios dentro de organizaciones cuyo objetivo institucional es la prestación de servicios comunitarios o productivos.

Según cabe destacar, en las primeras etapas del desarrollo de la disciplina laboral, los profesionales universitarios –

médicos, contadores, abogados, etc- eran considerados típicos trabajadores autónomos, no tutelados por las normas jurídicas Fecha de firma: 29/06/2023

Firmado por: G.L.C., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: C.P., JUEZ DE CAMARA

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que prohijaban la cobertura de los trabajadores manuales,

carentes de un especial conocimiento en disciplinas de orden intelectual y, no obstante ello, tal situación fue evolucionando a medida que se iba desarrollando la sociedad productiva con fuerte concentración de capitales, la aparición de las corporaciones y el desarrollo de entidades altamente especializadas en la prestación de servicios -–universidades,

hospitales, compañías de seguros, etc.- en forma tal que, hoy día, muchos profesionales deben optar entre integrarse como trabajadores dependientes a algunas de éstas organizaciones o,

por el contrario, ingresar al mercado de productivo como trabajadores autónomos lucrando con su especial versación intelectual, siendo intangible la línea divisoria entre una y otra condición.

Este fenómeno es reconocido por un vasto sector de la doctrina siendo que los doctrinarios hacen referencia a un creciente empobrecimiento y proletarización de la clase universitaria por la extensión de los estudios y la secularización de la cultura, lo que produce la aplicación de la normativa laboral en trabajos de orden intelectual que requieren autonomía técnica puesto que los universitarios pueden comprometer sus servicios tanto a través de contratos de trabajo como de locación de obras o servicios, como de mandato,

determinando la inexistencia de un modelo al que remitirse en casos análogos (De Ferrari, “Derecho del Trabajo “, t. I, p.

287; Caldera “Derecho del trabajo”, ps. 231/2).

En consecuencia, para resolver tales conflictos es preciso guiarse por una serie de indicios o presunciones, sin incurrir en conclusiones dogmáticas que estén en pugnas con los principios generales del derecho y la realidad económica y social.

Por ello, si bien el profesional universitario siempre debe prestar un servicio personal, si su prestación no es “intuite personae” y puede ser sustituida, nos encontraríamos en un ámbito ajeno al derecho del trabajo ya que en la medida que el sujeto prometa algo más que sus servicios o se nos presente como jefe de una organización de trabajo propia, no cabría admitir la posibilidad de que exista una relación de trabajo en los términos establecidos por el juego armónico de los arts. 21 y 22 de la LCT. A su vez, en la medida que la Fecha de firma: 29/06/2023

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SALA VI

prestación profesional se desarrolle dentro del establecimiento empresario y con sujeción a un horario determinado, aun cuando éste admita cierto grado de elasticidad, resultaría, prima facie, aceptable la conclusión de que media relación de dependencia (ver CNTr. Sala V, 16/4/13, “Bado c/Instituto de Investigaciones Metabólicas SA”). Sin embargo, la circunstancia de que el profesional realice sus tareas fuera del ámbito empresario no sería, por sí sola, motivo para excluir la figura laboral (conf. crit. M.M. y B., “Abogados:

Profesión liberal y contrato de trabajo”, TSS 1991-3).

Por otra parte, en tanto y en cuanto los ingresos del profesional estén determinados por sumas fijas, percibidas periódicamente, debe aceptarse que la relación tiene un carácter dependiente o dirigido.

A su vez, si bien la exclusividad no constituye una característica indispensable de la relación de trabajo (B.,

G., “Tratado de Derecho Constitucional”, t. I, p. 640;

C.. Sala III, 24/6/05, “Peña c/Odontología de Avanzada SRL”,

LNLSS 2005-1391; Sala IV, 31/5/07, “J. c/Sucesores de José

Zungri SRL”, DT 2007-B-1105; Sala VI, 2/4/92, “Mazzet c/De Gennaro”, DT 1992-B-2065; Sala VII, 26/10/95, “Santoro c/Ferry Líneas Argentinas SA”, DT 1996-A-966) no puede aceptarse que un profesional preste servicios en beneficio de múltiples entidades ya que ello demuestra que está utilizando su autonomía técnica en un grado que resulta incompatible con la existencia de una relación dependiente (ver CNTr. Sala V,

14/6/91, “Sanatorio Mayo SA”, JA 1992-IV-sínt.; C.F.,

30/3/05, “Serrichio c/El Litoral SRL”, LNLSS 2005-729). En tales supuestos, a criterio del suscripto, habría una mutación de la figura jurídica, ya que se produciría un salto cualitativo en el que la cuantificación de prestaciones personales denota una autonomía funcional que permite tipificar al profesional como su propio empresario.

En el caso particular, como el actor el actor prestó

servicios como médico de cabecera del Pami durante casi dos décadas (ver testifical de A., P. y B. y fue la demandada la que resolvió romper, en forma imprevista, el Fecha de firma: 29/06/2023

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negocio jurídico, no puedo menos que concluir que existió

relación de trabajo: no puede olvidar que la apelante es la institución que, en la práctica, ejerce el monopolio de prestar servicios médicos para la clase pasiva a cuyo fin necesita la incorporación de profesionales como el actor, que lo hizo percibiendo un rédito por capita –esto es persona asignada a su consultorio- y, si bien lo hizo en su propio consultorio y utilizando sus instrumentos, no puede aceptarse que no exista subordinación jurídica y económica. La primera porque es el Instituto el que señala las pautas para la atención de sus afiliados y que según la experticia contable se reservaba la facultad de inspeccionar a los médicos de cabecera, y la segunda porque el actor comprometía un servicio personal a cambio de un precio cierto en dinero. No ignoro que el Superior, en determinados casos, ha negado que prestaciones de carácter médico puedan ser calificadas como dependientes pero,

en el sub-lite, no hay signos de autonomía funcional de Poltroni que justifique seguir tal doctrina.

La aplicación puniciones de los arts. 2º de la ley 25.323

y 80 de la LCT se ajusta a derecho pero debe dejarse sin efecto la condena a entregar certificaciones de aportes y servicios por cuanto no resulta viable transformar el litigio laboral en un proceso destinado al acatamiento del régimen de seguridad social ya que éste debe tramitar por vías autónomas predeterminadas y con la legitimación activa del ente recaudador (CNTr. Sala III, 29/8/03, “Del Médico c/Haras Las Ortigas SA”, LL 3/2/04, nº 106.813; Sala V, sent. 67.199,

38/4/04, “Lazzaletta c/Telefónica de Argentina SA”; Sala VI,

28/6/21, “Corral c/Galeno ART SA”).

Los agravios del trabajador no pueden correr mejor suerte:

en el caso la demandada despidió al actor a partir del 30 de noviembre de 2.016 y sólo ese día P. solicitó la regularización del vínculo pero su intimación sólo podía ser operativa si hubiera demostrado que la demandada recibió su misiva antes de la medianoche del día referido ya que no se puede solicitar la regularización de una relación de trabajo extinguida (conf. art. 3º, decreto 2725/91; H. y G.,

Extinción de la relación de trabajo

, p. 748; C.. Sala I,

15/11/08, "Alderete c/Artística Comercial Strikman SA"; Sala IV, 29/12/95, “Trucchia c/Pantano, “DT 1996-A-963; Sala V,

Fecha de firma: 29/06/2023

Firmado por: G.L.C., JUEZA DE CAMARA

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SALA VI

24/10/05, “Terre c/Peluquerías y Servicios SRL”, LL 6/3/06;

Sala VI, 26/2/99, “M.L. c/Banco de la Pcia. de C., DT

1999-B-1816; Sala X, 5/11/01, “Escalante c/Piscicelli”, DJ

2002-I-989) no pudiendo reputarse inconstitucional las directivas del decreto reglamentario pues encuentran su fundamento en el sentido fiscalista de la ley de empleo (CNTr.

Sala VI, sent. 57.975,...

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