Política de Estado para una educación en emergencia

Recientemente fue convocada en esta ciudad una reunión de significativo relieve, en tiempos de la celebración del bicentenario de la declaración de nuestra independencia, con el propósito de encarar la actual problemática de nuestra enseñanza y sus perspectivas de desarrollo futuro, con los auspicios de la ley nacional de educación, cuya sanción cumplirá una década en diciembre próximo.

Se trata del programa denominado Compromiso por la Educación, un imprescindible puntapié inicial para un sistema que, en rigor, desde hace décadas debió haber sido declarado en emergencia y revisado en profundidad. Para ello, el voluntarismo es claramente insuficiente. Necesitamos políticas de Estado de largo plazo, que cuenten con la participación y el apoyo de la más amplia representación política posible. Sólo así se podrá avanzar en soluciones profundas y duraderas que contemplen el futuro de muchas generaciones de estudiantes y no se acoten, como lamentablemente estamos acostumbrados, al tiempo material de un determinado gobierno.

Al lanzar el referido programa, durante un acto al que asistieron el elenco ministerial, 15 gobernadores y ministros provinciales, intendentes, rectores universitarios y embajadores como los de Estados Unidos y Alemania, el presidente Mauricio Macri recordó la Declaración de Purmamarca, aprobada en febrero pasado, cuyo contenido afirma los principios básicos que orientan nuestra educación, entendida como bien público garantizado por el Estado a partir del nivel inicial.

En ese documento se establece el compromiso de mantener un presupuesto equivalente al 6% del PBI, fortalecer los aprendizajes de la enseñanza primaria y promover procesos de evaluación anuales, tanto en ese nivel como en el secundario, a fin de contar con diagnósticos precisos acerca de la calidad de los aprendizajes adquiridos, implementar progresivamente la jornada extendida, asegurar el ingreso y egreso de los estudiantes de la escuela media e impulsar la creación del instituto de evaluación de la calidad y la equidad educativa.

Paralelamente, se tiende hacia la mejora de la formación inicial y continua de los docentes y al fomento de políticas y proyectos de innovación educativa que generen nuevas formas de organización escolar, de trabajo en colaboración, de enseñanza de habilidades y competencias propias del siglo XXI y a espacios de aprendizaje en entornos digitales, profundizando el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

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