Polémica en torno a Argentina digital

Dicen que el proyecto de ley llamado Argentina digital era una suerte de plan alternativo. Cuentan algunos conocedores de los vericuetos del mundo de las telecomunicaciones argentinas que un texto similar daba vueltas en los escritorios del oficialismo pocos días antes de que la Corte Suprema firmara el fallo en el que declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Si el fallo era inverso, una de las salidas para romper la agenda era un proyecto similar al que por estos días recorre los pasillos del Senado.

La norma tiene una gran crítica. "Es casi una carta blanca para que el Poder Ejecutivo reglamente cuestiones muy sensibles en materia de telecomunicaciones. Podría darse el caso de beneficios claros para una determinada empresa", dice el abogado Raúl Martínez Fazzalari.

Otro de los puntos oscuros es la autoridad de aplicación de la futura ley. El proyecto da esa función a quien designe el Poder Ejecutivo. "Tendrá capacidad para tomar todas y cada una de las potestades de regulación que se le asignan al Estado", dice Gustavo Fontanals en el documento que lleva su firma.

Pero no todo queda ahí. La cuestión que más irrita es cuando se habla de interés público, servicio público e interés nacional en diferentes puntos del proyecto de ley.

El artículo 1° habla de declarar de interés público el "desarrollo y la regulación" de las tecnologías de la información (TICs). "Esto no tiene demasiada consecuencia ya que no tiene sentido declarar de interés público a la regulación", dice Fazzalari. El artículo 15 le da calidad de...