Polémica por un proyecto inmobiliario en el Campo de Polo

Todo aquel emprendedor que desee construir o comprar en la zona de la Avenida Del Libertador y Dorrego deberá tener un bolsillo holgado. En una de las zonas más caras de la Ciudad el metro cuadrado se vende entre US$ 3500 y US$ 4000 de acuerdo con la parcela. Será por eso que un grupo inversor extranjero puso los ojos en esas tierras para edificar cuatro torres de vivienda y luego comercializarlas. Aunque un detalle se topa con el proyecto: allí, en tierras pertenecientes al Estado nacional, desde 1928 funciona el Campo Argentino de Polo de Palermo, sede de uno de los torneos más tradicionales del deporte.

El interés del sector privado aparece al mismo tiempo que la Asociación Argentina de Polo, que tiene la explotación del predio, se encuentra renegociando un contrato de concesión vencido desde el año pasado y que, de concretarse, representará un aumento en el monto del canon mensual, de acuerdo con las cifras que maneja la Administración de Bienes del Estado (AABE). El organismo, desde hace algunos meses, realiza un reordenamiento del patrimonio público a nivel nacional.

La sola posibilidad de que se concrete el proyecto, hasta hoy carente de apoyo oficial, preocupó no sólo al ambiente del polo, sino también a los vecinos de la zona y a especialistas que advirtieron sobre el avance del cemento por sobre los espacios verdes. Y públicos. El gobierno nacional intenta desmarcarse de la iniciativa privada aunque hay miembros del Gabinete que conocen las intenciones del grupo inmobiliario con origen en los Estados Unidos. Fuentes gubernamentales y de la Asociación Argentina de Polo confirmaron la información.

Aunque las conversaciones aún están en una etapa embrionaria, un antecedente inquieta a los interesados en mantener las canchas de polo como espacio verde. Meses antes de la creación de la Agencia de Bienes porteña ya se hablaba de una posible expropiación de los terrenos del Tiro Federal. El 9 de junio pasado se sancionó la ley que aprobó la formación del órgano capaz de negociar el predio de Núñez, declarado Monumento Histórico Nacional en 2005.

"¿Por qué el Estado tiene que poner la tierra para que se hagan negocios privados? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué los inversores no compran tierra en el mercado privado?", se preguntó el director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eduardo Reese.

"La situación en la ciudad es grave, no sólo porque hay menos espacios verdes...

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