Polémica por una lista de indemnizaciones

Por delatar a sus compañeros cuando fue detenido por fuerzas de seguridad en Córdoba, durante el gobierno constitucional de 1975, el militante montonero Fernando Haymal murió a tiros, ultimado por la propia organización guerrillera. Sin embargo, sus familiares están habilitados para cobrar una indemnización, cercana a US$ 220.000, porque el caso figura como de ejecución sumaria en las listas de víctimas del terrorismo de Estado que el Gobierno actualizó en 2006.Al menos 16 casos similares surgen al analizar la nómina que la Secretaría de Derechos Humanos ofrece en su sitio web, donde aparecen como víctimas de desaparición forzosa o ejecución sumaria personas que, según consta en libros, investigaciones periodísticas y en las propias revistas que en los años 70 publicaban Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se quitaron la vida antes de ser apresadas o fueron ejecutadas por las propias fuerzas guerrilleras luego de "juicios revolucionarios". Muchas de esas muertes ocurrieron antes del golpe militar de 1976.Los casos salen a la luz al cotejar el listado de 2006 (una actualización del informe que la Conadep había elaborado en 1984) con las crónicas narradas en clásicas y recientes investigaciones, como las volcadas en los libros Operación primicia , de Ceferino Reato; Galimberti , de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero; Los montoneros. Soldados de Perón , de Richard Gillespie, y La memoria de los de abajo , de Roberto Baschetti, entre otros, y en testimonios reflejados en Evita Montonera , la revista oficial de Montoneros, y Estrella Roja , el órgano del ERP.A dichas fuentes recurrió el teniente primero José D'Angelo, pasado a retiro en 1992 tras su participación en levantamientos carapintada, que tiene en preparación un libro para avanzar en el esclarecimiento de casos en que los registros oficiales no coinciden con testimonios y documentos de la época.Las circunstancias en que murieron muchas de las víctimas del terrorismo de Estado recobran interés ante el silencio que guarda la Secretaría de Derechos Humanos cuando se la consulta sobre las indemnizaciones que pagó el Estado, a partir de las leyes de reparación promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem. La Nacion pidió reiteradas veces al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos información para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares percibieron la indemnización, pero no hubo respuestas.Cada pago es resuelto por funcionarios...