Polémica por una iniciativa para conocer el origen de los honorarios de los abogados

 
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La Unidad de Información Financiera (UIF) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal mantienen un conflicto desde hace meses, que en las últimas semanas tuvo otra escalada: el origen de los honorarios de los abogados defensores de procesados en causas por corrupción y narcotráfico.Desde el inicio de la gestión actual, el organismo antilavado -conducido por Mariano Federici- puso la lupa sobre ese tema con el objetivo, explicaron, de evitar la circulación de fondos de origen ilícito. Pero la tensión recrudeció en los últimos meses, después de que se intimó a algunos penalistas que defienden a procesados en causas por lavado y narcotráfico para que informen cómo, cuánto y de quiénes cobraron por sus servicios.Algunos se negaron. José Manuel Ubeira, defensor de Federico Elaskar en la causa conocida como la ruta del dinero K, fue uno de los intimados por la UIF y de los primeros en salir al cruce. Consiguió el respaldo del Colegio Público de Abogados -ahora conducido por Eduardo Awad-, de su extitular Jorge Rizzo, que rechazaron lo solicitado por la UIF en una serie de comunicados.Desde la UIF insisten sobre la necesidad de transparentar el flujo de fondos entre clientes y abogados, especialmente en casos de delitos graves, para "elevar" los estándares éticos en el ejercicio de la profesión. También resaltan que se debe defender "el derecho y no el delito", y que, aunque los abogados no sean sujetos obligados (según el artículo 20 de la ley 25.246), la UIF tiene facultad para pedirles documentación. Convocaron a un diálogo con los abogados, pero en el Colegio Público no cayó bien el mensaje y lo repudiaron.En el último comunicado (emitido el lunes pasado), los abogados dijeron que la UIF los ataca en el ejercicio de su práctica y pidieron su retractación. Invocan la cuestión del secreto profesional y dicen que se pone en riesgo el derecho a la defensa. Plantean, asimismo, que con este pedido se ve afectado el principio de inocencia, y sostienen que la UIF no es competente para requerirles información a los abogados, no solo porque ellos no son sujetos obligados, sino que, en todo caso, esa información debería ser brindada a la AFIP o al Poder Judicial.El organismo conducido por Federici se apoya en el artículo 13 de la ley 25.246, que señala que la UIF tiene entre sus competencias "disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar...

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