Polémica por el control de las piscinas porteñas

Angeles Castro LA NACIONUna fuerte polémica quedó instalada entre legisladores y el Poder Ejecutivo porteños en torno al control de las piscinas que funcionan en la Capital con fines comerciales, ya que el gobierno de Mauricio Macri admitió que "ninguna" cumple con los requisitos edilicios exigidos por una ley sancionada a fines de 2009 y, en lugar de proceder a la clausura de las instalaciones, optó por suspender por decreto los efectos de esa norma y solicitar a la Legislatura que la revea.La ratificación legislativa del decreto iba a ser tratada hoy en una sesión extraordinaria, pero el macrismo sabe que no obtendrá los votos necesarios y la discusión será postergada.Las diferencias ya habían salido a la luz la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Durante una visita del el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña, Javier Ibáñez, los diputados opositores expresaron su rechazo a la decisión oficial de no hacer respetar las exigencias de la ley ni, por lo tanto, aplicar las sanciones correspondientes.En esa ocasión, Ibáñez presentó un relevamiento efectuado sobre los 164 natatorios empadronados, según el cual "el ciento por ciento" incumplía alguna de las condiciones edilicias, de seguridad o administrativas establecidas como obligatorias por la ley 3364, aprobada en la última sesión de 2009.El censo -aclaró- abarcó piscinas de clubes, colegios, gimnasios, saunas, hoteles, shoppings y los natatorios terapéuticos e infantiles, o sea, todos los que tienen acceso público y cobran por el uso de los servicios.La ley 3364 otorgaba a los dueños de piscinas un plazo de 180 días para adaptar las instalaciones. Vencido ese plazo, durante el segundo semestre de 2010, explicó Ibáñez, la AGC comenzó a inspeccionar si las piletas se habían adecuado a los nuevos requerimientos, y no lo habían hecho.Los...