Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 30 de Diciembre de 2021, expediente CNT 005156/2015/CA001

Fecha de Resolución30 de Diciembre de 2021
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA – CAUSA Nº 5.156/2015 – POLAK, N.I. c/

COMPAÑÍA ARGENTINA DE MARKETING DIRECTO S.A. Y OTRO

s/DESPIDO.- JUZGADO NRO. 65.-

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto,

resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El Dr. Alejandro H Perugini:

Contra la sentencia que, al considerar acreditada la existencia de un vínculo dependiente entre las partes, condenó a la sociedad demandada al pago de diversas indemnizaciones vinculadas con la rescisión que habría dispuesto la trabajadora demandante a consecuencia de la negativa de la relación, se alzan actora y empleadora a mérito de los memoriales obrantes, respectivamente, a fs.251/255 y fs.238/246, oportunamente respondidos, el primero a fs. 260/262 por el demandado V., y el segundo por la reclamante a fs. 257/258.

En tanto la admisión de una relación laboral subordinada es el presupuesto desde el cual cabe analizar las demás cuestiones puestas a consideración del tribunal, razones de orden lógico imponen comenzar el tratamiento de las pretensiones recursivas por la que fuera propuesta por la demandada, a cuyo fin he de señalar, preliminarmente, que si bien participo desde antiguo de la postura que refiere que la figura del contrato de trabajo dependiente no supone la inexistencia de la locación de servicios o, como lo denomina el código actual, el contrato de servicios (ver al respecto mi obra, “Relación de Dependencia”, Ed. H., Bs.As. 2010, pags. 208/212), lo concreto es que la diferencia entre una y otra, en tanto ambas comprometen la prestación de un servicio personal a cambio de una contraprestación económica, radica en que, en la primera, el trabajador se incorpora a una empresa total o parcialmente ajena y se constituye en uno de los medios personales con las que aquella desarrolla su finalidad, mientras que en la segunda el prestador realiza la actividad desde su propia empresa o, en todo caso, desde una auto organización de carácter independiente.

En lo que refiere al presente caso, y desde una perspectiva formal, no encuentro que las manifestaciones realizadas por la demandada en su memorial alcancen a conformar una expresión de agravios suficiente como para justificar la modificación de lo decidido a la luz de lo dispuesto en el art. 116 de la L.O., dado que la mera reiteración de afirmaciones relativas a la condición de monotributista de la actora, de su actividad de locución para otras empresas, o de la supuesta orfandad probatoria de la reclamante al aportar, a su entender únicamente, la declaración de un testigo locutor en su misma situación, tal lo medular de la argumentación de la apelante, en definitiva soslaya cualquier tipo de crítica concreta y razonada respecto de la construcción argumentativa de la sentencia en torno a la incidencia del art. 23 de la LCT, a la inversión de la carga de la prueba que supone el reconocimiento de la prestación de servicios, y a la inexistencia de actividad probatoria suficiente de su parte con el objetivo de desvirtuar la presunción originada en dicha norma, aspectos todos ellos sobre los cuales nada dice la recurrente en su apelación.

De todas maneras, y fuera de tales razones de orden formal, la lectura de las constancias de la causa solo confirma lo señalado por la magistrada de grado en su resolución, pues en la medida en que el art. 23 de la LCT efectivamente expresa que “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de Fecha de firma: 30/12/2021

Alta en sistema: 01/02/2022

Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: Z.A., PROSECRETARIA LETRADA

Firmado por: L.A.R., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA

un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario”, aun cuando “se utilicen figuras no laborales,

para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”, es claro que era a la demandada a quien correspondía desarrollar la actividad probatoria que demostrara que la actora prestó los reconocidos servicios cumplidos desde una organización propia y sin incorporarse en la estructura empresarial de quien se benefició con ellos,

situación que no se desprende del mero hecho de que se trate de una locutora “profesional”, tampoco de que haya facturado con habitualidad para otras empresas,

ni, menos aún, del solitario testimonio de Koshak (fs.186), quien en su condición de “jefe de seguridad” en la parte “de encargado de intendencia”, se limita a señalar que la actora era locutora profesional, lo cual está fuera de toda discusión, sin aportar ninguna referencia al modo de desarrollo de la tarea y sin poder siquiera identificar donde se hacían las grabaciones, hecho que los demás testigos ubican en las instalaciones de la propia demandada y nunca en algún estudio propio de la demandante, lo tenga o no.

Sin perjuicio de ello, y solo a mayor abundamiento, he de señalar, por un lado, que desde que la exclusividad no es una nota característica del contrato de trabajo, carece de toda relevancia que la demandante pueda haber prestado servicios para otras empresas e, inclusive, que pudiera tener alguna actividad independiente ajena a la que realizó para la demandada en condiciones de subordinación. Por otro, que la emisión de facturas desde una presunta condición de autónomo, hecho corroborado por la pericial contable, nada definitivo aporta a la solución del caso, dado que esta es una herramienta de las usualmente utilizadas para enmascarar una relación dependiente bajo otras figuras, siendo lo realmente determinante respecto de la calificación de un vínculo dependiente el hecho de que el prestador del servicio, como lo hizo en el caso la actora, se incorpora en el marco de la organización que le es ajena sin asumir los riesgos del resultado de su prestación, aspecto en el que resulta relevante recordar que la demandada es una empresa que se dedica a la venta de productos a partir de la publicidad que realiza en medios de comunicación audiovisual, por lo que el requerimiento de una actividad de locución no solo no es ocasional sino que refiere a lo esencial de su actividad normal y específica.

En tal contexto, resultan también irrelevantes las consideraciones expuestas en el memorial respecto de la presunción que pudiera ocasionar el silencio mantenido por la demandada frente a los requerimientos de la actora o sobre la eventual falta de credibilidad de los testigos ofrecidos por la reclamante.

En el primer caso, porque mas allá de que el silencio por mas de 48 hs.

efectivamente se ha verificado, no resulta necesario recurrir a presunción alguna cuando la fecha de ingreso, identificada con el comienzo de la prestación, y la contraprestación recibida, se encuentran corroboradas por el informe pericial contable. En el segundo, porque como ha sido dicho, era a la demandada a quien correspondía acreditar que los servicios prestados por la actora lo fueron desde la organización propia que, sin probar, aquella pretende que se tenga por configurada por la sola circunstancia de que la Srta. P. sea una profesional que pudo ofrecer servicios a otras empresas mientras se desempeñó bajo sus órdenes.

Por el contrario, considero que asiste razón a la accionada en tanto cuestiona la procedencia de la multa prevista en el art. 80 de la LCT, pues la trabajadora no ha formulado el requerimiento en los términos establecidos en el decreto 146/01, circunstancia que obsta a la procedencia de dicho crédito en la medida en que, como he invariablemente señalado al respecto, no advierto que el requisito establecido en el decreto 146/01 desnaturalice el sentido de la norma reglamentada, dado que más allá de contemplar un tiempo razonable para la confección de la documentación correspondiente, solo establece una mera formalidad de fácil cumplimiento que en ningún caso obsta a la satisfacción de la Fecha de firma: 30/12/2021

Alta en sistema: 01/02/2022

Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: Z.A., PROSECRETARIA LETRADA

Firmado por: L.A.R., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación obligación sustancial, que no es la obtención de una multa sino la efectiva entrega de las certificaciones correspondientes.

Por otra parte, adhiero al criterio que señala que ni las actuaciones ante el SECLO ni la interposición de la demanda pueden suplir la carga impuesta por la ley en cabeza de quien pretende ser beneficiario de la multa objeto de debate,

cual es el requerimiento expreso de la entrega de las piezas en cuestión en forma previa a la activación de las instancias administrativas o jurisdiccionales para el reconocimiento de la obligación (CNAT, S. I 14/5/2015 “G.E.N. c/ VIP Italia S.R.L. s/ despido” elDial.com - AA8F12).

Finalmente, las manifestaciones relativas a la “falta de fundamentación de la sentencia” no superan el plano de una dogmática expresión de disconformidad,

mientras que las referencias a las circunstancias que llevaron a la finalización del vínculo, al margen de su falta de alegación oportuna, carecen de corroboración en las constancias de la causa, las cuales demuestran que el vínculo finalizó por decisión de la trabajadora el día 9 de octubre de 2014 a consecuencia de la falta de reconocimiento de la relación y sin vinculación alguna con el concurso preventivo que la demandada pudiera haber presentado al año siguiente, punto sobre el cual cabe aclarar que el hecho de que se informe una futura rescisión del contrato, tal lo reconocido en la demanda, no implica que el vínculo haya sido concretamente USO...

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