Podría postergarse la definición del caso Ciccone

Hacer futurología en tribunales es peligroso. Todo lo que hoy es de un modo, el día siguiente puede ser interpretado de manera contraria. Por eso es arriesgado prever qué pasará con el y la causa más grave en su contra: la que lo tiene procesado por intentar apropiarse del 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone.

La Cámara Federal debe decidir si confirma ese procesamiento, lo que, de ocurrir, deja libre el camino para que el juez federal Ariel Lijo eleve el caso, al menos parcialmente, a juicio oral en 2015.

Los camaristas de la Sala I del tribunal, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler se reunieron el jueves pasado varias horas para intentar llegar a una antes de Navidad. Pero no lo lograron.

El viernes el juez Farah pidió licencia por ese día, con lo que el trío no se reunió. Y ayer el juez Freiler se fue de vacaciones -con una licencia previamente acordada- a Necochea. Regresará en 20 días.

En consecuencia, según explicaron a LA NACION fuentes de la Cámara Federal, la definición del caso Ciccone se trasladaría hasta febrero. La decisión va en contra del consejo de los más experimentados magistrados, que advierten que dejar en suspenso una causa tan pesada tanto tiempo da espacio y oportunidad para que operadores judiciales de todo color político busquen asegurarse un fallo o cambiarlo.

Con la decisión de Cristina Kirchner de descabezar la ex SIDE -supuestamente por incidir sobre los jueces federales para que fallen en contra de sus intereses- también es de prever un cambio en esas operaciones. Jaime Stiusso fue obligado a dejar formalmente la Secretaría, aunque sigue siendo el dueño de los secretos que garantizan su poder.

Por otro lado, en el nuevo elenco de la inteligencia local, Juan Martín Mena, ex jefe de asesores del ministro de Justicia, Julio Alak, ya se dedicaba a conversar con los jueces por las causas de interés del Gobierno que tramitaban en sus despachos y además tiene diálogo fluido con los camaristas que deben decidir sobre Boudou.

La última vez que sus siempre sigilosos encuentros con dos de esos jueces quedaron a la luz fue cuando intentó evitar que la Cámara Federal pulverizara el memorándum secreto con Irán. Ese día falló: el pacto fue declarado inconstitucional.

Lijo procesó a Boudou por dos delitos: negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Interpretó que el vicepresidente pidió a los Ciccone una coima por el 70 por ciento las acciones de la imprenta a cambio de salvarla...