Poder Judicial, igualdad y privilegio

 
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Distintos estudios de opinión pública informan que la imagen del Poder Judicial ha experimentado un profundo deterioro en los últimos diez años, al tiempo que la credibilidad de los jueces no supera el 18%. A la inacción de muchos de los jueces federales en lo penal de los últimos 12 años, que amenaza aún con extenderse a pesar de esta sospechosa hiperactividad reciente, se agrega hoy el debate sobre el régimen tributario privilegiado que rige para este sector.

El eterno argumento de los jueces para no pagar el impuesto a las ganancias se basaba en una supuesta intangibilidad de sus remuneraciones. Cuando ese fundamento parecía ya razonablemente superado y se preveía un plan gradual para que los nuevos jueces sí pagaran Ganancias, sin afectar supuestos derechos adquiridos de los actuales, se conoció una acción judicial promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) intentando detener esa solución, otra vez con el argumento de la intangibilidad salarial. Recordemos que la citada asociación representa al 80% de los jueces nacionales y federales.

La intangibilidad surge de una cláusula de nuestra Constitución tomada de la de los Estados Unidos. Allí, tras un período en el que se los consideró exentos, finalmente en 1939 la Corte Suprema estadounidense entendió que los magistrados deben abonar sus impuestos generales. Se sostuvo que "someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces son también ciudadanos y que su función particular en el gobierno no genera una inmunidad para participar con sus conciudadanos en la carga material del gobierno cuya Constitución y leyes están encargados de aplicar".

Convengamos que, siendo ya sumamente cuestionable la exención, hasta el punto de convertirse en irritativa, la difusión de una acordada de la Corte Suprema de la Nación de 1996 extendiendo el beneficio también a funcionarios y a empleados del Poder Judicial, incluido personal de maestranza o contratados, constituyó un absurdo mayor. El falaz argumento en este caso fue que se trataba de una "garantía para los justiciables".

Ahora nos encontramos con que la mencionada asociación intenta, mediante una acción colectiva, hacer una reinterpretación de la ley, alegando "despejar la incertidumbre" sobre a quiénes gravaría la norma para todo el Poder Judicial; proponiendo que se debería computar el año de ingreso a la Justicia y no aquel en el que son nombrados. El...

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