Un poder invisible que empuja a Macri

 
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Qué suerte que ahora todos en mi gobierno quieran ir contra la mafia sindical. Durante estos dos años, siempre decían que no era el momento. Tenían miedo. Se la extraña a Lilita". Con Elisa Carrió de vacaciones, ese fue el mensaje que un dirigente "lilista" recibió esta semana en su celular de una conocida espada femenina de Cambiemos. Efectivamente, Lilita, como Graciela Ocaña, fue pionera en la embestida contra los patriarcas sindicales, los verdaderos intocables.

A la lista habría que sumar a Patricia Bullrich, cuando era ministra de Trabajo de la Alianza. Más allá de las controversias actuales en torno a las políticas de seguridad, hace 18 años los enfrentó casi en soledad. En cambio, Macri recién ahora decidió ir a fondo, cuando quedaron públicamente expuestos la extorsión y el endurecimiento de ese sector del gremialismo, acostumbrado a condicionar a la democracia. Durante estos dos años, sin embargo, solo intentó negociar administrando el statu quo. Incluso con el clan Moyano.

Efectivamente, hay dos Macri. Uno que se entusiasma con la nueva política y otro que se refugia en lo viejo conocido. Una ambivalencia que explica sus intentos de sostener a un insostenible Triaca, a pesar del nepotismo explícito que destapó el escándalo con su exempleada: ese nepotismo que los votantes de Cambiemos tanto le reprocharon al kirchnerismo. Como siempre susurra una macrista de la primera hora: "Cuando Mauricio se asusta, se recuesta sobre el lado oscuro".

Lo últimos caídos en desgracia, como el multimillonario Marcelo Balcedo; los dirigentes de la Uocra de Bahía Blanca, acusados de extorsión y asociación ilícita, o el Pata Medina son gremialistas de la provincia de Buenos Aires, la tierra de María Eugenia Vidal. Ya en el arranque de su mandato, la gobernadora se había metido con otro poder oscuro, sin el explícito aval de Macri: la bonaerense. O La Salada, un enclave mafioso alimentado por el trabajo esclavo con el que nadie se atrevía. Unos escalones más abajo, Laura Alonso había arrancado, a mediados de 2017, con dos movidas solitarias desde la Oficina Anticorrupción (OA): la modificación de la ley de ética pública para que los sindicalistas presenten declaraciones juradas y un proyecto para que los presidentes de las obras sociales -las cajas sindicales- hagan público su patrimonio. Entonces no había ningún guiño desde el Ejecutivo: el Presidente y los ministros del área estaban enfocados en sacar la reforma laboral. El combo de la OA se enlaza...

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