El poder de las víctimas

Nuestro sistema democrático no está preparado para asumir las responsabilidades por las víctimas generadas en la propia democracia. Y mucho menos está capacitado para brindar contención a los familiares de los muertos, heridos y perjudicados por la acción u omisión del Estado.

Víctimas de un Estado ausente como el que padecen los enfermos del mal de Chagas. Víctimas de un Estado corrupto, como el que sufrieron los muertos en Cromagnon o en la tragedia de Once. Víctimas de un Estado cínico como lo fue Alfredo Pochat, quien fue asesinado por investigar la corrupción del Estado desde un organismo estatal, pero el propio Estado niega la indemnización a su viuda e hijos desconociendo que encontró la muerte en ejercicio de sus funciones. Víctimas de un Estado indiferente e indolente que no implementa medidas de prevención ni acondiciona infraestructura, lo que ocasiona tragedias como la que involucró a los alumnos del colegio Ecos, que se sumaron a la lista de miles de muertos en siniestros viales. Víctimas de un Estado cómplice que permite que sus fuerzas de seguridad se financien mediante los servicios de protección e impunidad que paga el delito organizado para traficar drogas y dedicarse a la trata de personas para explotación sexual y laboral.

Pero el sufrimiento puede convertirse en acción contra la impunidad y en lucha contra el dolor. Acciones impulsadas por los familiares, que son las víctimas que quedaron a partir de esas víctimas -hijos, padres, madres, tíos, sobrinos, amigos que se fueron en accidentes que podrían haberse evitado o en delitos que deberían haberse combatido, si el Estado se dedicara a cuidar a los representados y no sólo a proteger -y encubrir a los representantes.

La acción política de las víctimas cobra diversas dimensiones y genera distintas estrategias. Una de ellas consiste en articular el sufrimiento individual en acciones colectivas para modificar políticas públicas, como lo hace la organización Public Citizen en Estados Unidos. Esta asociación civil descubrió que las clínicas privadas impulsaban una ley para poner topes a las indemnizaciones por mala praxis, para reducirlas al mínimo. Ante este escenario, Public Citizen identificó una víctima de mala praxis por cada estado y las reunió en el Capitolio para que cada uno explicara a su representante los motivos por los cuales no debían aprobar esa ley. El lobby de los empresarios de la salud sucumbió ante el poder de las víctimas, y el proyecto de ley fue...