¿Nos podemos dar el lujo de no exportar?

El lunes pasado, por decreto, el gobierno nacional nos confirmó lo que ya era esperable: las restricciones a las exportaciones de carne bovina seguirán en vigor. En una muestra de que, tal vez, la creatividad regulatoria está llegando a su fin, lo que eran cupos porcentuales según los niveles de exportación previos, ahora se transformó lisa y llanamente en suspensión de exportaciones.

Más allá del detalle, vale la pena preguntarse si esta política tiene algún tipo de sentido económico (el sentido político debería analizarse en otra nota). Más dentro de la coyuntura que enfrenta la Argentina. Un breve análisis costo-beneficio, algo que debería hacerse con todas las políticas públicas antes de su implementación, está a la orden del día.

En términos de exportaciones se ponen en riesgo unos US$ 3000 millones anuales. Esto debido a que la suspensión tiene un impacto directo sobre los flujos comerciales e indirecto sobre los flujos de inversión en el sector. Además, se ponen en riesgo mercados internacionales, a medida que los demandantes deben buscar sustitutos a la oferta argentina. Si los plazos del decreto se cumplen, la Argentina estaría fuera de los mercados de exportación de determinados cortes de carne por más de dos años.

Vinculado a esta situación viene el impacto sobre el trabajo. La cadena bovina genera, en toda su extensión, unos 400.000 empleos. Menor exportación equivale a menor rentabilidad y menor producción. No deberá sorprendernos si se repiten las imágenes de frigoríficos cerrando en los próximos meses.

Además, debemos ver el impacto federal. Las restricciones a las exportaciones actúan como un impuesto implícito a las regiones más alejadas de la zona núcleo. Provincias donde la exportación de carne es incipiente y la rentabilidad es más baja serán las más afectadas, recibirán menos inversiones y tendrán menor creación de empleo registrado.

Por otro lado, el argumento central de este tipo...