Piquetes que toman de rehenes a toda la sociedad

El corte de tránsito que durante varios días protagonizó un reducido grupo de trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja en un tramo importante de la autopista Riccheri ha vuelto a poner en discusión la necesidad de llegar a una efectiva regulación por parte del Estado que impida que el derecho de unos -de peticionar ante las autoridades- termine coartando el derecho de otros -a la libre circulación-, con sus nefastas secuelas de enfrentamientos que, en no pocos casos, terminan con personas heridas y hasta con la pérdida de vidas.

Durante los 12 años del gobierno kirchnerista ha existido un permiso tácito casi absoluto a manifestantes para que se apoderaran de las calles sin tener en cuenta que éstas no les pertenece: el espacio público no es patrimonio de un grupo determinado ni escenario para hacer visibles determinados reclamos a costa de los derechos de los demás. No es tampoco un coto de caza donde exteriorizar pasiones políticas ni una plataforma desde donde extorsionar a las autoridades sembrando el pánico y el caos, y negando a otros ciudadanos con iguales o más graves problemas la posibilidad de circular libremente para poder trabajar, estudiar y hasta recibir atención médica, entre otras tantas cuestiones que quedan cercenadas.

El declamado y demagógico objetivo de las anteriores autoridades ha sido el de "no criminalizar la protesta". Es curioso el alcance que le han dado al concepto criminalizar, pues se lo ha querido asimilar exclusivamente con la necesaria intervención del Estado para garantizar los derechos de todos, pero nunca han reparado sus cultores en que dejando a los manifestantes librados a su suerte, sin diálogo, sin garantías y sin orden, se los estaba criminalizando.

El año pasado fue récord en cortes de vías públicas en todo el país: hubo 6805 hechos de ese tipo, un 18% más que en 2013. Las cifras de 2015 están aún en proceso, pero se estima que serán también altas debido a los mismos factores políticos, económicos y sociales desencadenantes de las protestas realizadas con anterioridad.

Como respuesta al conflicto de Cresta Roja, el primero de proporciones al que se han enfrentado las nuevas autoridades, éstas han anunciado que en pocas semanas más, el Gobierno presentará un protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad en piquetes y protestas sociales, que modifique el denominado "protocolo de criterios mínimos" utilizado por la gestión anterior en Seguridad, basado fundamentalmente en la...