Piquetes: ¿hasta cuándo tanta impunidad?

Las protestas callejeras con la modalidad de piquetes se han convertido en la Argentina en fenómenos profesionales por su habitualidad y dominio de la técnica con la que se realizan. Traslucen las razones por las cuales muchos argentinos abandonan el país, otros demoran el regreso y otros más callan aquí con mal humor creciente, mientras se espanta a extranjeros que quieren venir a invertir o simplemente a visitarlo.

La organización de protestas es un modus vivendi por el cual se traslada a espacios públicos la pugna por intereses privados y, otras veces, se extorsiona al Estado para que acceda a demandas de todo tipo sin contraprestación de deberes. Los rostros cubiertos y las manos aferradas a elementos aptos para combates violentos anticipan el espíritu que anima ese dominio de las calles por parte de particulares.

Casi no hay protestas sin banderas y efigies de movimientos y caudillos políticos que, cuando tuvieron el poder, cercenaron toda posibilidad de expresión libre y pacífica. Se trata de un franco cinismo. No es necesaria demasiada imaginación para saber qué ocurriría en la Argentina si fueran gobierno quienes quebrantan a diario el orden público y doblegan los derechos de otros ciudadanos a circular y trabajar. Ocurriría lo mismo que ha pasado en Cuba, en Venezuela y en todas las dictaduras de las cuales se han alimentado de ideas y recursos materiales los campeones de la protesta permanente, entendida como ejercicio requerido, igual que los músculos, de entrenamiento cotidiano.

Ha trascendido que el Gobierno prepara un proyecto de ley para responder a esta situación que solivianta a la opinión pública. Se creyó que el tema, al menos en la jurisdicción nacional, estaba resuelto con un protocolo que en su momento difundió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el Código Penal, como se sabe, se halla previsto desde más antiguo aún que quienes estorben el normal funcionamiento de los transportes y otros servicios públicos pueden ser pasibles de condenas de tres meses a dos años. ¿Hasta cuándo perdurará tanta impunidad? ¿Hasta cuándo los funcionarios públicos sortearán el riesgo de ser imputados por el delito de incumplimiento de sus deberes?

No se trata de una cuestión de izquierdas o derechas. Si el Estado no preserva un mínimo de orden público, deja caer la principal razón de su existencia. El Frente para la Victoria había hecho conocer en 2014 un proyecto de ley sobre manifestaciones públicas. Para poder movilizarse en...