Los piqueteros reclaman $ 8000 millones más y crece la tensión con el Gobierno

La "buena onda" dio lugar a la indisimulable tensión y las demandas que antes eran atendidas de forma inmediata ahora encuentran límites precisos. El Gobierno y el "triunvirato" de organizaciones piqueteras negocian, a cara de perro, una salida ante la amenaza de manifestaciones que incluirán concentraciones con ollas populares en las puertas de los supermercados, pospuestas hasta el jueves próximo.

"Pospusimos las medidas hasta el jueves para habilitar el diálogo y encontrar soluciones a los pedidos que planteamos", afirmó a LA NACION Daniel Menéndez, el líder de la organización Barrios de Pie, que junto a la CCC y la CTEP consensuaron una concentración para pasado mañana, a las 7, frente al Obelisco, una protesta que incluirá la "visita" a distintos hipermercados para solicitar alimentos. La medida estaba prevista para mañana, pero las organizaciones -atentas a la posibilidad de que el Gobierno revea sus planes- decidió postergar la movilización.

El desencadenante de la discordia fue la reunión que, el viernes pasado, mantuvieron las organizaciones sociales con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; su par de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Allí, el Gobierno puso límites al pedido de las organizaciones, que reclamaron la "plena implementación" de la ley de emergencia social, la inclusión de 150.000 familias en planes sociales conocidos como salario real complementario y comenzar a discutir la emergencia alimentaria en el Congreso. Enojados por el pedido de "analizar de manera más profunda" números y asignaciones, las organizaciones abandonaron la mesa de diálogo, aunque las conversaciones con Stanley continuaron.

"Hay que ser prudentes y mantener canales de diálogo, pero dejando en claros los límites", explicaron en la Casa Rosada, donde Stanley estuvo ayer. "Acá estamos, está difícil, pero estamos tratando", afirmó la ministra a LA NACION, con una sonrisa, antes de abandonar Balcarce 50.

En el Gobierno agregaban que el costo del reclamo alcanza unos $ 660 millones mensuales adicionales (unos $ 8000 anuales) no contemplados en las previsiones oficiales. "No creemos que quieran romper la relación con nosotros, sobre todo porque sus límites electorales quedaron claros en agosto", chicanearon desde la Casa Rosada. En las elecciones, Barrios...