Expediente nº 13784/52 de Tribunal superior de justicia, Secretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativo y Tributarios, 6 de Diciembre de 2017

Fecha de Resolución 6 de Diciembre de 2017
EmisorSecretaría Judicial en Asuntos Contencioso Administrativo y Tributarios

E.. nº 13784/16 "P.K., L. c/ GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor s/ recurso de inconstituciona-lidad concedido"

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017

Vistos: los autos indicados en el epígrafe;

resulta:

  1. Llegan las presentes actuaciones para resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por I Ping Kuo (fs. 92/103) -en adelante la actora-, contestado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 110/120 vuelta) -en adelante GCBA- y concedido parcialmente por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y T. (fs. 123/124 vuelta).

  2. En autos, V. delC.S. formuló denuncia ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA -DGDyPC- contra la actora por haber ejercido funciones como administradora del consorcio del edificio sito en la calle C.C. n° 869 de esta ciudad sin contar con la debida inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal que exige el art. 2 de la ley n° 941.

    La DGDyPC dictó la disposición n° DI-2014-714-DGDYPC a través de la cual se le impuso a la denunciada la sanción de $ 54.310 (cincuenta y cuatro mil trescientos diez pesos) por infracción al art. 15, inc a, de la ley n° 941 (fs. 27/29). Para así resolver, dicha dirección sostuvo que "… la Sra. K.I.P. ejerció a título oneroso la administración del consorcio ubicado calle C.C. 869/71/75 de esta Ciudad durante el mes de febrero de 2011, sin estar debidamente inscripta en el Registro" (fs. 27 vuelta).

  3. La actora interpuso recurso directo (fs. 30/35), alegando: i) la inconstitucionalidad de la ley nº 941 por regular cuestiones de exclusiva competencia del Congreso Nacional; ii) la falta de adecuación típica de la conducta, toda vez que la norma sancionaba la falta de inscripción pero no la inscripción tardía; iii) la falta de afectación al bien jurídico tutelado, ya que al tratarse solo de un retraso en la inscripción, el obrar resultó inocuo y iv) la desproporcionalidad de la sanción impuesta.

    Contestados los agravios por parte del GCBA (fs. 57/63), la Sala I resolvió rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sanción (fs. 81/86), lo que dio lugar a la interposición del recurso de inconstitucionalidad mencionado en el punto 1.

  4. Requerido su dictamen, la Fiscalía General Adjunta opinó que correspondería declarar mal concedido el recurso (fs. 130/132).

    Fundamentos:

    El juez L.F.L. dijo:

  5. La Cámara confirmó la sanción que le había impuesto a la aquí actora la DGDyPC (una multa de $ 54.310) por haberla encontrado incursa en la conducta tipificada por el art. 15 inc. a) de la ley 941, esto es, ejercer la actividad de administrador de consorcios sin estar inscripto en el Registro que crea esa misma ley (cf. los punto 2 y 3 de las "Resulta").

  6. La Sra. P.K. viene tachando de inconstitucional la mencionada obligación de inscribirse en el Registro Público de Administradores de Consorcio, a cuyo observancia el art. 2 de la ley 941 supedita la posibilidad de ejercer la actividad de administración de consorcios; como así también el art. 15 inc. a) de esa misma ley en cuanto establece que constituye una falta incumplir con la mencionada carga. Sostiene que la actividad de administradores de consorcios está regulada por la ley civil (la ley 13.512, actualmente derogada por el Código Civil y Comercial, y las reglas que regulan el contrato de mandato), la que, afirma, no supedita su ejercicio a la inscripción de registro alguno. Sobre esa base concluye que la ley local está en oposición al art. 31 de la CN en tanto avanza sobre cuestiones que han sido materia de regulación por el derecho común (cf. el art. 75 inc. 12 de la CN). Manifiesta que "…la referencia que h[izo la Cámara, al tratar este planteo, a] la Constitución de la Ciudad [A]utónoma de Buenos Aires sobre las facultades de la legislatura de legislar sobre la posibilidad de legislar sobre el ejercicio profesional y/o policía del trabajo, nada tienen que ver con la posibilidad de legislar en materia de propiedad horizontal que es dominio exclusivo de la nación y está vedada a las provincias" (cf. fs. 95).

  7. La parte recurrente no muestra que exista la colisión normativa que invoca, es decir, que la ley local hubiera avanzado sobre cuestiones que han sido reguladas por el Congreso en el marco del art. 75 inc. 12.

    El Código Civil y Comercial regula, en las partes que importan a los fines del debate, obligaciones que pesan sobre los propietarios de un inmueble sujeto al régimen de "propiedad horizontal" (cf. el art. 2046). Dice el "…administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario…" (cf. el art. 2065). Ese mismo artículo agrega que esa persona puede ser un propietario o un tercero, persona humana o jurídica (cf. el art. 2065); y, regula, también, aspectos que hacen a esa relación, la que une a los representados con el representante (cf. los arts. 2066, 2067 y passim). Las reglas a las que está sujeto el contrato de mandato, que el recurrente no identifica pero invoca, establecen cómo se crea esa relación jurídica y por qué normas se rige.

    La ley local tachada de inconstitucional, en los puntos cuestionados (el art. 2 y 15 inc. a), no avanza sobre esos aspectos. Regula la actividad de los administradores de consorcios exigiendo la inscripción previa para ejercerla; nada reza respecto de la relación entre los administradores de consorcios y los propietarios representados, materia esta segunda, como se vio, regulada por la ley común. Tampoco reduce el universo de personas que, con arreglo al derecho común (cf. el citado art. 2065), pueden ejercer esa actividad, ni la parte recurrente viene diciendo que se exijan requisitos para inscribirse que, por sus características, constituyan un subterfugio para reducir el mencionado universo.

    Por lo demás, cabe señalar que la facultad de requerir la inscripción en un registro local cuando se realiza una actividad onerosa, carácter que no se debate reúne la que realiza la parte recurrente, ha sido habitualmente una reconocida a las jurisdicciones locales. Basta a tales fines con recordar que constituye, como principio, un requisito de todo aquel que realiza actividades en la Ciudad de modo habitual y con carácter oneroso inscribirse como contribuyentes del ISIB.

    En suma, la parte recurrente no muestra que el art. 2 de la ley 941 exceda el marco del ejercicio de las competencias que las provincias se han reservado.

  8. El recurso por los restantes agravios ha sido erróneamente concedido, pues esos agravios carecen de la fundamentación mínima para tenerlos por formulados.

    4.1. Primeramente, la parte recurrente sostiene que para que resulte válida la imposición de la sanción aquí discutida (cf. el punto 1 de este voto) se deberían haber observado todas las garantías y principios que rigen en los procesos penales (v. g. la proporcionalidad de la pena, el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, etc., cf. fs. 98). Empero, no dice cuáles de ellos en su visión habrían sido ignorados, ni, menos aún, por qué. A tales fines no bastaba con recordar que la Cámara había dicho que la sanción impuesta es objetiva.

    Esa circunstancia impide ingresar a analizar el planteo, cualquiera sea su seriedad.

    4.2. Luego sostiene haberse inscripto en el registro casi inmediatamente luego de que se le imputara la conducta sancionada. Sin embargo no se hace cargo de las razones que le dio la Cámara al rechazar este agravio, que la ley no prevé que la inscripción tardía extinga la acción.

    4.3. Dice no haber obrado con dolo, pero no muestra que el art. 15 inc. a sólo sancione conductas dolosas.

    4.4. También manifiesta que su conducta no afectó el bien jurídico que la norma busca tutelar. Ahora bien, para que el...

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