Piden a las provincias apoyo en la lucha contra el narcomenudeo

Uno de los cambios propuestos por el Gobierno en la lucha contra el narcotráfico fue solidificar el control en las fronteras. A partir de cifras que señalan un récord de decomisos -y con un elogio emitido por los Estados Unidos en su informe anual sobre la situación mundial del comercio ilegal de drogas- las autoridades estiman que el cumplimiento de ese objetivo se encuentra bien encaminado y preparan una segunda etapa enfocada en la pelea contra el narcomenudeo. Por eso se pidió a los distritos la adhesión a la ley que permite provincializar las causas menores de comercialización de estupefacientes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propuso esa alternativa a los ministros provinciales durante la última reunión del Consejo de Seguridad Interior.

Esa ley 26.052 modifica parcialmente la norma antidrogas para habilitar las investigaciones provinciales para facilitar la persecución penal de vendedores minoristas. Fue promulgada en agosto de 2005 y hasta el momento solo Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán y Entre Ríos aceptaron compartir con los tribunales federales la responsabilidad de evitar la venta callejera de estupefacientes.

Provincializar parte de la lucha contra el narcotráfico fue aprobada en el Congreso a pedido del entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, por lo que durante varios años fue Buenos Aires el único distrito que se ocupaba de casos de drogas fuera de la órbita federal.

El problema que encuentran las autoridades en la actual aplicación de la ley antidrogas es que los tribunales federales quedan desbordados por la atención de múltiples causas que tienen tanto que ver con el seguimiento de bandas que mueven toneladas de cocaína como de casos de tenencia simple. Por ejemplo, la Policía de la Ciudad allanó ayer un búnker de venta de drogas al menudeo en Villa Crespo (de lo que se informa por separado) y ese expediente tiene que ser seguido por el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, magistrado que tiene la vez diversas causas de alto impacto público y político. El juez federal Sergio Torres, por caso, tiene el expediente de las bandas de narcos que operan en la villa 1-11-14 y sus causas conexas al mismo tiempo que debe llevar adelante otras investigaciones complejas.

La intención del Ministerio de Seguridad es sumar a la lucha a los tribunales provinciales, especialmente a sus fiscales, para consolidar finalmente un esquema que permita a los jueces federales atender los expedientes que traten...

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