Piden indagar a Báez en Bahía Blanca por asociación ilícita fiscal

Tras años de silencio, de la familia Kirchner, , de liderar una presunta asociación ilícita fiscal desde esa ciudad para evadir decenas de millones de pesos, y pidió a la justicia federal que lo cite a declaración indagatoria.

Castaño también acusó a uno de los hijos de Báez -Martín-, a ocho empresarios locales y a un contador de integrar esa supuesta asociación ilícita, que emitió y usó en facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad del sur bonaerense.

El fiscal pidió así indagar a cuatro miembros de la familia Ficcadenti -Mauro, Franco, Enzo y Silvio-, dueños de las sociedades Grupo Penta, Calvento y Terrafari, y a cuatro integrantes de la familia Ferreyra -José, Denis, Jorge y Franco-, propietarios de Constructora Patagónica, además del contador Rogelio Chanquía, quien prestó servicios para varias de ellas.

Castaño remarcó que también deberá analizarse el rol que asumió la familia Pedraza, dueña de la firma Iberoamericana de Servicios. Pero estimó que mientras avanza la pesquisa sobre los Pedraza ya existen indicios suficientes para indagar a Báez y al resto por tres maniobras de evasión agravada y otras tres de evasión simple, dentro de una operatoria más amplia de una supuesta asociación ilícita fiscal.

"La finalidad de estas organizaciones -afirmó el fiscal sobre esa supuesta asociación ilícita- no es perpetrar una determinada evasión fiscal o previsional, sino brindar sustento a cualquier contribuyente que precise tal mecanismo o logística para evadir, de allí su peligrosidad."

De este modo, tanto Báez como los empresarios y el contador bahiense afrontan una acusación que podría llevarlos a la cárcel, ya que la pena prevista para ese delito es de entre tres años y medio y 10 años de prisión efectiva.

que ahora esboza la fiscalía, sin embargo, se extendieron aún más. Según Castaño, los Báez, los Ficcadenti, los Ferreyra y Chanquía actuaron "en connivencia" con funcionarios nacionales y de la Regional Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para causarle un perjuicio multimillonario al fiscal y encubrir toda la operatoria.

Sin embargo, la acusación de Castaño -quien según trascendió se encamina a su jubilación- sólo se concretó el 17 de este mes y trascendió ayer. Es decir, casi dos años después de que LA NACION reveló el entramado de usinas de facturas truchas de Bahía Blanca que utilizó Báez, y transcurridos ocho meses de la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada.

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