Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala A, 28 de Septiembre de 2023, expediente CIV 086550/2015/CA001

Fecha de Resolución28 de Septiembre de 2023
EmisorCamara Civil - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA A

P., J.Q.c.A., S.E. s/ cobro de sumas de dinero

Expte. n.° 86.550/2015

Juzgado Civil n.° 55

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, reunidos en acuerdo –en los términos de los arts. 12 y 14

de la acordada n.° 27/2020 de la C.S.J.N.– los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,

para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “P., J.Q.c.A., S.E. s/

cobro de sumas de dinero”, respecto de la sentencia de fecha 27 de octubre de 2021, se establece la siguiente cuestión a resolver:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA

APELADA?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores:

C.A.C. COSTA – RICARDO LI ROSI –

SEBASTIÁN PICASSO.

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR.

CARLOS A. CALVO COSTA DIJO:

  1. En la sentencia dictada el 27/10/2022 se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por J.Q.P. contra S.E.A.G. y se condenó a esta última a abonar a aquel la suma de U$S 4.500, con costas.

    Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas del actor del 30/5/2023, presentación que mereció la réplica de la demandada el 16/6/2023.

  2. Aclaro, en forma previa a ingresar en el análisis de los agravios presentados, que los jueces no tienen el deber de analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, así

    Fecha de firma: 28/09/2023

    Alta en sistema: 29/09/2023

    Firmado por: C.A.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: S.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.H., SECRETARIO DE CAMARA

    como tampoco la totalidad de las pruebas producidas en los asuntos sometidos a su decisión, sino tan solo aquellas que sean conducentes y relevantes para poder brindar una solución a la cuestión planteada (art. 386 in fine Código Procesal Civil y Comercial de la Nación),

    criterio que también ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma sistemática y reiterada desde hace ya varios años (véanse, entre otros: CSJN, 27/05/64; “D.B. c. S.A. Compañía Sansinena”, Fallos 258:304; íd, 28/07/65, “S.R.L.

    F.G. y Tacconi c. S.R.L. Madinco”, Fallos 262:222;

    íd, 06/12/68, “Prudencia Cía. Argentina de Seguros Grales. S.A. c/

    Capitán y/o Propietario y/o Armador del B.R.. G.,

    A. y otros”, Fallos 272:225). Asimismo, tampoco están obligados los magistrados a brindar tratamiento a todas las cuestiones expuestas que no resulten ser decisivas para la resolución de la causa.

    Por otra parte, considero que los hechos de esta causa han de ser subsumidos en las disposiciones del anterior Código Civil de la Nación, aprobado por Ley 340, y no en las del Código Civil y Comercial, aprobado por Ley 26.994. Ello así, puesto que la vinculación contractual que unió a las partes data de una fecha anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que ha comenzado a regir a partir del 1 de agosto de 2015. Por ende, de acuerdo al sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del Código Civil y Comercial, la cuestión debatida en las presentes actuaciones debe juzgarse a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultraactividad en este supuesto (art. 7 citado; vid. R.,

    P., Le droit transitoire. C. des lois dans le temps, D.,

    Paris, 2008, p. 188/190; K. de C., A., La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p.

    158), aunque siempre bajo la imperiosa hermenéutica de lo dispuesto en la Constitución Nacional y ponderando los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento, como también lo determina el art. 2 del Código Civil y Comercial.

    Sin perjuicio de lo aquí expuesto, considero importante evidenciar que aun en los aspectos que continúan siendo Fecha de firma: 28/09/2023

    Alta en sistema: 29/09/2023

    Firmado por: C.A.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: S.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.H., SECRETARIO DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA A

    regidos por la legislación derogada, como ocurre en el presente caso,

    las disposiciones del Código Civil y Comercial constituyen una valiosísima pauta interpretativa, ya que son reveladoras de las actuales tendencias doctrinales y jurisprudenciales, y permiten conocer cuál es la intención del legislador en nuestros días y qué fue aquello que –en definitiva– lo ha conducido a sancionar las normas actualmente vigentes.

  3. En estas actuaciones, J.Q.P. solicitó el cumplimiento del contrato que celebró el 30/8/2012 con S.E.A.. En la cláusula primera del convenio se estableció: “El cliente [la demandada] encomienda al estudio [conformado, según el encabezado, por el actor y P.L.] el siguiente trabajo: la prosecución y la finalización del trámite sucesorio de sus Sres. padres, D.A.M.E. y D.G.R.L.…”. A su vez, en la cláusula segunda se dispuso: “

    Por los trabajos encomendados el estudio jurídico percibirá en concepto de honorarios un 6% de la suma líquida que en definitiva perciba el cliente en el trámite del juicio sucesorio encomendado y/o el valor real de los bienes muebles o inmuebles que en definitiva se le adjudiquen”. Finalmente, y en lo que aquí interesa: “Cláusula sexta:

    La revocación del patrocinio por la sola decisión del cliente, no anulará el pacto de cuota litis suscripto, teniendo derecho, el Estudio, a cobrar la totalidad de los honorarios aquí acordados. Lo establecido en esta cláusula no será de aplicación cuando la revocación haya sido motivada por culpa exclusiva del letrado”.

    Estimó los honorarios en la suma de U$S 18.000 (véase fs. 34/35).

    Al contestar la demanda a fs. 76/79, la accionada reconoció la autenticidad del documento. Alegó que, al estar conformado el estudio también por otra profesional, el crédito máximo que podría obtener reconocimiento judicial, no podría superar el cincuenta por ciento de la suma reclamada, es decir, de U$S 9.000. Se refirió luego a las tareas realizadas por el letrado en el expediente sucesorio y a la ley arancelaria aplicable, en particular, a Fecha de firma: 28/09/2023

    Alta en sistema: 29/09/2023

    Firmado por: C.A.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: S.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.H., SECRETARIO DE CAMARA

    normas que se refieren a las etapas en que se divide el proceso sucesorio a fin de regular honorarios. Finalmente, alegó el vicio de lesión.

    El sentenciante, luego de destacar que el convenio de honorarios celebrado entre las partes había sido reconocido por la demandada, entendió que esta última no podía apartarse de sus términos. Sin embargo, sostuvo que debía estarse a “la retribución que pudiera corresponderle (…) por las labores conducentes y efectivamente ejecutadas a fin de subvenir al fin propuesto”

    (considerando VIII in fine). A esos fines, describió las tareas desarrolladas en el expediente sucesorio. Se refirió también a la cláusula sexta –arriba trascripta– en la que se había pactado que el estudio cobraría la totalidad de los honorarios acordados si el patrocinio era revocado por la sola decisión del cliente. No obstante ello, consideró prudente reducir el porcentaje a percibir por el profesional al 3%, por lo que le correspondería al actor el 1,5%

    (equivalente a la suma de U$S 4.500). Fundó esta decisión en el art.

    1071 del Código Civil, que prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos.

    Se agravia el actor de que el magistrado de la anterior instancia haya reducido sus emolumentos en un 50%. Sostiene, en lo sustancial, que el reconocimientro del contrato celebrado con la demandada hacía innecesario acreditar las labores efectuadas, que solamente era menester probar su intervención en los procesos sucesorios y el valor del acervo hereditario. A todo evento, manifiesta que su tarea fue necesaria y determinante para la cuantificación del verdadero y real acervo hereditario de los causantes. Pide que se tenga en cuenta que la accionada admitió en su contestación de demanda la autenticidad del convenio y arguyó que la acción, en su caso, debía...

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