Perú y la seguridad personal

La administración del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, obtuvo, de conformidad con lo previsto en la Constitución nacional de ese país, una ley que delega por 90 días en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre algunos temas específicos. Ellos son la reactivación económica y la formalización de la economía, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, las cuestiones que tienen que ver con el agua y el saneamiento y la reorganización de la empresa petrolera estatal Petroperú SA.

Nos detendremos sólo en lo vinculado a un grave problema común, el de la inseguridad ciudadana, que afecta a buena parte de las naciones de nuestra región. En esta cuestión, el Congreso peruano delegó facultades sobre temas específicos, algunos de gran envergadura. El Poder Ejecutivo está ahora facultado para modificar la legislación penal, incluyendo las normas procesales. Puede así tipificar nuevos delitos, puede declarar en emergencia y reestructurar el sistema penitenciario de su país, con muy amplias facultades. Esto último supone reconocer la necesidad de revisar el sistema carcelario peruano, sobre el que en los últimos tiempos pesa una imagen sumamente oscura, tanto en lo que tiene que ver con la precariedad de las instalaciones penitenciarias, como con el trato a los reclusos y las políticas que apuntan a su reinserción social, cumplidas las penas que hubieren sido impuestas.

Los sistemas carcelarios no pueden transformarse en incubadoras del delito. Ni tampoco en máquinas de maltrato a los reclusos. Mucho menos, en sistemas que -con sus políticas, instalaciones o prácticas- ofendan la dignidad humana.

Es importante señalar que el Perú, al incluir entre los...

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