Perú y la corrupción

En octubre pasado, la República de Perú elevó, por decreto legislativo, hasta 20 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de la función pública en casos de corrupción.

Se estableció además que si esos delitos son cometidos a través de una organización criminal o en perjuicio de programas asistenciales del Estado, la inhabilitación en cuestión puede llegar a ser perpetua. Por esto último, precisamente, la destacada norma se conoce coloquialmente como la "ley de muerte civil". Junto con las penas carcelarias que puedan corresponder, las inhabilitaciones en Perú pueden aplicarse si se comprueban cobros indebidos, peculados, malversaciones, sobornos, cohechos, tráfico de influencias o supuestos de enriquecimientos ilícitos.

Los responsables inhabilitados son separados de sus cargos y no pueden trabajar en cargo alguno para el Estado, quedándoles además prohibido obtener grados militares o policiales. Quedan, asimismo, asentados sus nombres en un registro único y especial, cuya información es...