Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 23 de Mayo de 2017, expediente L. 118550

PresidenteSoria-Kogan-de Lázzari-Pettigiani-Negri-Genoud
Fecha de Resolución23 de Mayo de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 23 de mayo de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,K.,deL., P., N., G.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.550 "P., S.P. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Enfermedad profesional".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 1 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 186/200 vta.).

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 210/216 vta.). Denegado éste parcialmente en la instancia de grado (v. fs. 218 y vta.), esta Corte, mediante resolución de fs. 255/257 vta., admitió la queja articulada a fs. 250/252 por el interesado y lo concedió.

Dictada a fs. 261 la providencia de autos, sustanciados los traslados que, por razón de la entrada en vigencia del Código C.il y Comercial de la Nación (conf. leyes 26.994, BO del 8-X-2014 y 27.077, BO del 16-XII-2014) se ordenaron a fs. 265, hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  1. El tribunal de origen juzgó acreditado que como consecuencia de las tareas desarrolladas bajo dependencia de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la docente S.P.P. contrajo disfonía funcional irreversible, que le provoca una incapacidad laboral, permanente, parcial y definitiva del 18% de la total obrera (v. vered., fs. 186 y vta.).

    En lo que resulta de interés, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, toda vez que, señaló, quedó demostrada la existencia de una diferencia sustancial entre el valor mensual del ingreso base establecido por la aseguradora de riesgos del trabajo para liquidar y abonar la prestación dineraria en sede administrativa y aquél al que se arriba tomando en consideración tanto los salarios sujetos a aportes previsionales como los calificados por el empleador como "no remunerativos" percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante (24 de octubre de 2008).

    Además, juzgó que debían considerarse los incrementos salariales evidenciados en la remuneración de la actora desde aquella fecha hasta la determinación de la incapacidad por parte de la Comisión Médica (12 de agosto de 2010). Para subsanar esta situación de iniquidad correspondía revalorizar el ingreso base mensual por aplicación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) previsto por la ley 26.773 y, una vez efectuada tal operación, cuantificar la prestación dineraria y, en su caso, determinar las diferencias (v. sent., fs. 195 vta.). Toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de octubre de 2008 ($ 300,42) y agosto de 2010 ($ 408,08) arrojaba un coeficiente de 1,358, expresó que correspondía recomponer el valor mensual del ingreso base -de $ 2.268,54- calculado a la fecha de la primera manifestación invalidante, estableciéndolo en la suma de $ 3.080,67 ($ 2.268,54 x 1,358).

    Luego, volvió a calcular el importe de la prestación dineraria del art. 14 ap. 2 inc. "a" de la misma ley, arribando a la suma de $ 48.786,72 (53 x $ 3.080,67 x 18% x 1,66 -65/39-; v. sent., fs. 196 vta.).

    Señaló que ese monto superaba el límite cuantitativo establecido en el último párrafo del art. 14 ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($ 180.000 por el porcentaje de incapacidad), por lo que también analizó el planteo constitucional formulado por la actora en relación con dicho precepto (v. fs. 197). Sostuvo que resultaba ostensible que la limitación allí dispuesta traducía, en el caso, una sustancial disminución del importe indemnizatorio que correspondía a la trabajadora de conformidad al salario percibido, menguando de tal modo su nivel de ganancia, circunstancia que patentiza la desnaturalización del derecho que supuestamente intenta resguardarse y, por ende, la falta de adecuación de la norma a los fines que debía consagrar (v. fs. 197 vta.).

    En tales condiciones, declaró la invalidez constitucional del tope previsto en el art. 14 ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557, por contravenir los arts. 14 bis de la C.itución nacional; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador; v. últ. fs. cit.).

    Con todo, juzgó que correspondía hacer lugar a la demanda por el pago de las diferencias vinculadas a la prestación dineraria por incapacidad laboral, permanente, parcial y definitiva prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, condenando al Fisco provincial -auto asegurado en los términos y alcances del decreto 3858/07- a abonar a S.P.P. la suma de $ 26.529,64 a la que arribó luego de deducir del importe obtenido según el criterio expuesto en el pronunciamiento lo percibido oportunamente en sede administrativa ($ 22.257,08; v. sent., fs. 198).

    Resolvió aplicar intereses sobre el capital de condena -desde la fecha en que la Comisión Médica determinó la minusvalía definitiva (12 de agosto de 2010), hasta la de sentencia- a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 198).

  2. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653; 12 y 14 de la ley 24.557; 8 y 17 ap. 6 de la ley 26.773; 3, 622 y 623 del anterior Código C.il; 7, 8 y 10 de la ley 23.928 -mod. por art. 4 de la ley 25.561- y de la doctrina legal que identifica.

    1. Cuestiona que el tribunal de grado haya descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 e incluyera para calcular el valor mensual del ingreso base a todos aquellos importes de carácter no remunerativos que integraban el salario de la actora.

      Señala que las notas que definen a un rubro como remunerativo son la habitualidad, regularidad y permanencia, debiendo además estar sujeto a aportes y no ser otorgado exclusivamente en mérito al comportamiento de la trabajadora o a las circunstancias especiales de la misma, sin que, en el caso, corresponda agregar sumas que no revisten tal carácter para acrecentar el importe de la prestación dineraria prevista por la ley 24.557.

    2. Controvierte la declaración de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el último párrafo del art. 14 ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557.

      Manifiesta que el fallo de grado solo contiene una fundamentación aparente, habida cuenta que descalificó constitucionalmente el citado precepto afirmando dogmáticamente que "el tope en cuestión patentiza la desnaturalización del derecho que supuestamente pretende resguardarse", sin que tal argumentación se corresponda con las constancias que obran en la causa.

      Sostiene además que dicho pronunciamiento vulnera la doctrina establecida por esta Suprema Corte en las causas L. 55.996 "C., sent. de 5-VII-1996; L. 68.511 "Onufrovich", sent. de 17-XI-1999 y L. 71.154 "Corredera", sent. de 18-IX-2002, donde se resolvió que "El art. 8 inc. a) de la ley 9688 -to, ley 23.643-, en cuanto establece el tope indemnizatorio no merece la tacha de inconstitucional por constituir su contenido una prudente reglamentación de los derechos constitucionales que se invocan".

      Denuncia transgredida la doctrina legal fijada en los precedentes L. 56.205 "N., sent. de 27-VI-1995; L. 57.357 "C.A., sent. de 1-X-1996 y L. 57.762 "F., sent. de 8-IV-1997 y L. 79.367 "Slobodian", sent. de 14-IV-2004 -en el cual se estableció idéntico criterio en relación al tope previsto en el art. 8 inc. a) de la ley 24.028-, en las que se declaró que "Infringe el art. 8 inc. 'a' de la ley 9688 modificada por ley 23.643 el fallo que omite aplicar el tope indemnizatorio que establece la norma legal indicada".

      Señala que los topes legales de las indemnizaciones por infortunios laborales existieron históricamente, siendo excepcionales las circunstancias en las cuales se declaró su inconstitucionalidad.

      Manifiesta que el resarcimiento que le corresponde percibir a la actora en los términos del régimen especial de la ley 24.557 en modo alguno puede considerarse exiguo, por lo que la decisión del sentenciante importó, en definitiva, reconocer una indemnización integral como si el reclamo estuviera sustentado en las normas del derecho civil, lo que justifica la revocación de la sentencia, máxime cuando se procedió a declarar la inconstitucionalidad de la norma del art. 14 ap. 2 inc. "a" de la ley 24.557 sin que se haya aportado elemento alguno para demostrar que el tope menguó el nivel de ganancias de la trabajadora.

      Cita en apoyo de su postura la doctrina que emana de los precedentes de esta Corte L. 81.795 "Bononi", sent. de 8-XI-2006 y L. 84.179 "L." sent. de 22-XI-2006, donde se establecieron los requisitos para decretar la invalidez del tope indemnizatorio por despido previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

    3. También se opone a la definición que incrementó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida a la actora en la sentencia.

      Alega que el tribunal del trabajo ha revalorizado el ingreso base mensual al que hace alusión el art. 12 de la ley 24.557, valiéndose de una normativa -arts. 8 y 17 ap. 6 de la ley 26.773- que no se encontraba vigente a la época de la primera...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR