Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 18 de Abril de 2013, expediente 35.804/10

Fecha de Resolución18 de Abril de 2013

Poder Judicial de la Nación -1-

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Expte. nº 35804/10

SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 75053 SALA

V. AUTOS: “PEREZ

HUMBERTO C/ MAFRE A.R.T. SA Y OTRO S/ ACCIDENTE LEY ESPECIAL”

(JUZGADO Nº 54).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 18 días del mes de abril de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I) La sentencia de fs. 323/326 es apelada por el actor a tenor del memorial agregado a fs. 329/338, contestado por la demandada a fs. 344/350 vta. A

su vez, a fs. 327 la perita contadora cuestiona los honorarios regulados a su favor por estimarlos reducidos.

II) La jueza de grado rechaza la demanda incoada por el actor contra Mapfre Argentina ART S.A. tendiente a la reparación de daños y perjuicios, pues aquél invocó como presupuesto fáctico de su pretensión un accidente de trabajo in itinere, en cuyo caso no resulta aplicable el subsistema de responsabilidad objetiva del art. 1.113 del Código Civil, no alegó ni probó las obligaciones incumplidas por aquélla,

ni la relación causal de las mismas con el daño alegado, y no reclamó subsidiariamente la indemnización de la ley 24.557, prestación esta última cuya viabilidad no consideró

obligatorio dilucidar la magistrada, en tanto el principio iura novit curia no la autoriza a expedirse acerca de una pretensión no reclamada.

III) El actor consiente expresamente el rechazo del reclamo de la reparación integral con fundamento en el derecho civil, pero se queja de la desestimación de la pretensión fundada en la ley 24.557. Considera que expuso oportu-

namente el presupuesto fáctico de este reclamo, el cual debió haber sido tratado y admitido por la jueza de la instancia anterior por aplicación del principio iura novit curia,

sin que por ello resultara vulnerado el principio de congruencia.

IV) Estimo fundado el recurso de la parte actora por las razo-

nes que expondré seguidamente.

Se entiende por congruencia “la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso,

más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto” (conf. G., “Derecho procesal”, I, p. 517) (ver Fassi-Yañez, Tomo 1, p. 797, nota 195).

La relación jurídica procesal no sólo comprende las pretensio-

nes del actor, sino que se integra con la contestación de la demanda, de modo que las afirmaciones, las reservas y las defensas contenidas en ella forman parte integrante de la litis. No se altera, pues, esa relación cuando la sentencia resuelve teniendo en cuenta los hechos introducidos al juicio en la contestación (conf. Santiago C. Fassi – César D.

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Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado”,

Editorial Astrea, 3ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 1988, Tomo 1, p.

800).

El principio de congruencia (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º,

C.P.C.C.N.) impone que exista correspondencia entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, vulnerándose cuando no media conformidad entre la sentencia y el pedimento respecto a la persona, el objeto o la causa. La exigencia ineludible de conformar la sentencia y la demanda fija los límites de los poderes del juez, cuyo decisorio no puede recaer sobre una cosa no reclamada o sobre un hecho que no ha sido propuesto a decisión.

La congruencia impone la estricta adecuación de la decisión judicial a las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado, hallando límite en las cuestiones debatidas por las partes de modo que exista plena conformidad entre lo pretendido y resistido por un lado y lo sentenciado por el otro. Es la llamada “litiscontestación”, la que constituye la “columna del proceso y base y piedra angular del juicio”. Esta relación procesal se integra con los actos fundamentales de la demanda y su contestación. Por tanto, el thema decidendum se integra no sólo con las alegaciones de la actora, sino también con la oposición del demandado (conf. R.A.–.J.A.R., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales”, Segunda Edición Actualizada, Rubinzal - Culzoni Editor, Tomo I, p. 122 y 125).

V) En el escrito de inicio el actor afirma en lo pertinente:

…Que el día 17 de septiembre de 2008 siendo aproximada-

mente las 16.15 hs. cuando me disponía a volver a mi domicilio, a la salida de mi trabajo (en el Banco Piano S.A.), mientras circulaba por Camino de Cintura por la mano rápida, con mi casco al llegar a la intersección de la calle T., soy embestido por un automóvil Fiat Duna Dominio XDU760, Motor Nro.

1288A1.0387495415, registrado a nombre del Sr. J.R.A., D.N.I.

29.822.362, radicado en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor Florencio Varela Nro. 1, siendo conducido por el Sr. L.J.W., D.N.

I. 32.533.623,

siendo asistido en el Policlínico Central de San Justo -conforme surge de la I.P.P.

390.057 de la UFI Nro. 8 del Departamento judicial de La Matanza-; que se agrega como prueba documental - donde se me practicaron los primeros auxilios. Posterior-

mente fui derivado a la Clínica Solís, por ese (sic) el nosocomio designado por la ART

para mi tratamiento donde estuve internado hasta el 23 de septiembre de 2008, fecha en la que me otorgaron el alta de internación; mientras seguí en tratamiento ambulatorio en la misma institución hasta el 4 de noviembre de 2008 que me dieron el alta definitiva,

en tanto para la A.R.T. recién fue el día 16 de diciembre de 2008 fecha en la cual me reintegré a mi puesto de trabajo…

Poder Judicial de la Nación -3-

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Expte. nº 35804/10

“…Que una vez dado de alta y comenzado los trámites admi-

nistrativos para obtener mi indemnización por el accidente in itinere sufrido MAFRE

(sic) me otorgó un porcentaje de 6% de discapacidad, y de acuerdo a exámenes realizados en forma particular me otorgaron un 20,70%, por tal motivo, es que me pongo a disposición de la Comisión Médica, a los fines que revise lo realizado por la Compañía asegurada (sic), ya que el porcentaje otorgado por esta es totalmente dispar con el otorgado en forma particular, y para mi sorpresa la Comisión Médica me estableció un 2,4% de discapacidad, lo cual fue apelado por esta parte el 14 de mayo de 2009- conforme surge del escrito que acompaño como prueba documental del cual manifestamos claramente que le causaba gravamen irreparable que la Comisión Médica haya resuelto bajar el porcentaje de discapacidad de 6% a 2.4%, y que el diagnóstico arribado por dicha entidad con relación a la muñeca izquierda lo sea “…sin limitación de la movilidad…” (SIC)…”.

…O sea, tal como podrá advertir V.S. y de acuerdo a las probanzas de autos, los dictámenes médicos arribados por las Comisiones disparan (sic) en cuanto el realizado en forma particular, con lo cual no me queda otra alternati-

va que acudir a los Estrados del Tribunal para determinar que de acuerdo a las probanzas de autos podamos determinar el correcto porcentaje de incapacidad y se me abone de acuerdo al mismo, la indemnización laboral correspondiente…

(ver fs. 9

vta./10 vta.).

Más adelante, el actor plantea la inconstitucionalidad de los arts. 11.2, 12 y 14 de la ley 24.557, y de la resolución 414/99 de la S.R.T. (por error indica res. 414/97) (ver fs. 11/vta. y 12 vta.).

Por último, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 46

de la ley citada, en cuanto atribuyen la competencia pertinente originaria a las comisio-

nes médicas, y en carácter de alzada, a la Cámara Federal de la Seguridad Social, por lo cual postula la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo (ver fs. 11 vta./12 vta.).

Los tramos de la demanda expuestos precedentemente permi-

tían a la jueza de grado dilucidar la pretensión resarcitoria incoada en el marco de la ley 24.557, pues surge clara e inequívocamente la exposición de una plataforma fáctica que -

de ser probada- resultaría encuadrable en el supuesto descripto por el art. 6.1 de la ley precitada, y -además- un claro y concreto planteo de inconstitucionalidad de distintas normas de aquél régimen normativo relativas a la atribución de competencia a las comisiones médicas y a la Cámara Federal de la Seguridad Social con el consiguiente desplazamiento de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, y al cálculo de la prestación dineraria pertinente en caso de comprobarse la minusvalía alegada.

Considero relevante el tramo del escrito de inicio subrayado y destacado en negrilla donde el actor manifiesta concreta e indubitablemente que ocurre ante la Justicia Nacional del Trabajo a fin de acreditar la verdadera incapacidad padecida -4-

y obtener el pago de la indemnización laboral correspondiente a esa minusvalía.

En el contexto fáctico y jurídico descripto, no cabe duda que la indemnización laboral aludida es la prevista en el art. 14.2.a de la ley 24.557, y la fundabilidad o no de esa pretensión debió haber sido elucidada por la magistrada de la instancia anterior, sin que obstara a ese deber el hecho de que en el capítulo de la reparación de daños el actor incluyera una partida no contemplada en el sistema de riesgos de trabajo, como el daño moral (ver fs. 13 vta./14 vta. y 15 vta.), ni que fundara su pretensión, entre otras normas, en los arts. 901, 903, 904, 1.068, 1.069, 1.074, 1.078,

1.083, 1.086, 1.109, 1.113 y concs. del Código Civil (ver fs. 17).

Por otra parte, la demandada expone en el responde defensas vinculadas al reclamo de la prestación dineraria del sistema de riesgos del trabajo, tales como la invocación de la teoría de los actos propios derivada de la ausencia de impugna-

ción oportuna por parte del actor del procedimiento ante las comisiones médicas, el rechazo de los planteos de inconstitucionalidad de las normas de la ley 24.557 efectua-

dos en el escrito de inicio y...

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