Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 7 de Septiembre de 2023, expediente CNT 023365/2020/CA001

Fecha de Resolución 7 de Septiembre de 2023
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Poder Judicial de la Nación CÁMÁRÁ NÁCIONÁL DE ÁPELÁCIONES DEL TRÁBÁJO

SÁLÁ V

Expte. nº 23.365/2020/CÁ1

SENTENCIA DEFINITIVA N°87705

AUTOS: “PEREZ EMANUEL EDUARDO c/ ILVA S.A. s/ Despido” (Juzgado Nº 55).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 6 días del mes de septiembre de 2023 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente EL DOCTOR G.D.V. dijo:

  1. - Contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda, se agravian ambas partes. La actora lo hace en los términos y con los alcances que surgen del memorial presentado en forma digital con réplica, mientras que la demandada lo hace en los términos del memorial que acompaña, con réplica.

    La parte demandada se agravia al sostener que la sentenciante de origen rechaza la causal de despido invocada a partir de la deducción “(…) de la prueba testimonial rendida por la parte actora surge que el ‘gravísimo error de producción consistente en una falla en la decoración de los cerámicos’ que le endilgaron al actor en su comunicación de despido, guardaría relación con las fallas de producción que declararon los testigos que comenzaron a producirse en la empresa a fines 2018/principios 2019, como consecuencia del cambio de calidad en la materia prima…”.

    Afirma que el hecho en el que incurrió el trabajador resulta inaceptable para la prosecución de la relación laboral debido a la pérdida total de confianza que trajo aparejada dicha conducta. En consecuencia, solicita se revoque lo decidido en grado.

    Recurre la decisión que la sancionó en los términos de la Ley Nacional de Empleo y cuestiona la aplicación de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323 toda vez que el despido fue por exclusiva culpa del trabajador.

    Indica que puso a disposición del trabajador los certificados de trabajo y el mismo no se apersonó a retirarlos, por lo que solicita se deje sin efecto la sanción prevista en el art. 80 de la LCT según art. 45 de la ley 25.345.

    En caso de hacer lugar a sus quejas, solicita se impongan las costas del proceso a cargo del trabajador. Por último, apela los honorarios regulados a los profesionales intervinientes por altos.

    A su turno, el accionante discute la base de cálculo determinada para calcular las indemnizaciones por las razones que expone y se queja de la actualización del crédito dispuesta en grado que ordenó la capitalización de las acreencias por única vez.

    Para así decidir, la magistrada de grado afirmó “Si bien en la comunicación de despido ILVA S.A. hace referencia a una investigación interna que llevó

    Fecha de firma: 07/09/2023

    Alta en sistema: 08/09/2023

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA

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    a concluir que el actor resultaba ser el responsable del error de producción, no produjo prueba –ni siquiera de indicios- tendiente a acreditar tal diligencia interna ni acompañó

    documentación que acreditase los supuestos “antecedentes disciplinarios” que menciona en la comunicación de despido (arts. 377 y 386 op. cit.) (...) En el escenario probatorio descripto, del que se extrae la falta de acreditación del elemento objetivo invocado para fundar el acto rupturista por parte de la demandada, forzoso es concluir que el distracto dispuesto ha resultado injustificado (arts. 242 L.C.T.; 377 y 386 C.P.C.C.N.), lo que torna viable el pago de las indemnizaciones derivadas de los arts. 232, 233 y 245 L.C.T…”.

    De las probanzas de autos determinó que la real fecha de ingreso fue el día 25.1.2006 y receptó como mejor remuneración mensual, normal y habitual la suma de $

    67.055,06 ($55.645,33 básico + $6.396,57 feriado + $2.870,70 adicional hs nocturnas +

    $1.788,60 horas recargo 100%, $353,86 antigüedad ILVA), correspondiente al mes de mayo 2019, tal como lo detalló la perito contador en el Anexo C (punto i), solicitado por la demandada del informe pericial contable de fecha 23.11.2021) (art. 386, 477 y conc.

    C.P.C.C.N.).

    Hizo lugar a las sanciones previstas en los art. 9 y 15 de la Ley Nacional de Empleo como así a la dispuesta en el art. 2 de la ley 25.323.

    Finalmente, impuso la multa del art. 80 LCT según art. 45 de la ley 25.345 en atención a que no entregó los certificados de trabajo y ordenó la entrega de los mismos.

  2. - Delimitadas las cuestiones introducidas ante esta alzada, daré

    tratamiento en primer término el planteo que articula la parte demandada respecto a la causa extintiva de la relación laboral.

    Lo que pretende debatir la demandada es que la valoración realizada por la Sra. J.a de grado no fue adecuada ya que dedujo a partir de la prueba testimonial, que el error de producción endilgado al actor guardaría relación con fallas de producción como consecuencia del cambio de calidad en la materia prima.

    Indica que los testimonios fueron impugnados en su oportunidad y que la conducta del trabajador provocó una pérdida de confianza que impidió la consecución del vínculo que las uniera.

    En primer lugar, corresponde señalar que, acaecido el despido directo, la carga de la prueba de la causa del mismo quedó en cabeza de la accionada y de no ser así

    cae la justificación de rescisión del vínculo más allá de la existencia o no de actividad probatoria del actor. Ello es así, en los términos del art. 377 del Código Procesal y del art.

    726 del CCyCN.

    Esa carga determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, sean conducentes a la dilucidación del litigio.

    En esa inteligencia, la demandada era quien debía ofrecer prueba idónea a los fines de acreditar el hecho que atribuye al trabajador, circunstancia que no realizó.

    Fecha de firma: 07/09/2023

    Alta en sistema: 08/09/2023

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA

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    Expte. nº 23.365/2020/CÁ1

    Conforme se desprende del escrito de contestación de demanda, la accionada siquiera ofreció prueba testimonial que pudiera dar cuenta del grave hecho que imputa y que hubiera ocurrido en el turno a su cargo, lo que prima facie, sellaría su suerte de forma adversa a su pretensión.

  3. Ahora bien, parte del reclamo del trabajador versó en el reintegro de las remuneraciones descontadas en concepto de suspensiones disciplinarias, las cuales el trabajador impugnó y reputó injustificadas.

    En este contexto se produjo la prueba testimonial a instancia del trabajador,

    la que dio cuenta que las fallas en la producción obedecieron al cambio de calidad en la materia prima verificado hacia fines de 2018/principios de 2019.

    Es decir que la causa invocada por la demandada no ha sido debidamente demostrada ni directa ni indirectamente. No acreditó el hecho grave y actual que haya actuado como desencadenante del despido acaecido, sumado a que los antecedentes disciplinarios se determinaron injustificados, por lo que no se extrae que el actor hubiere incurrido en alguna inobservancia en los términos previstos por los artículos 84 y 87 de la LCT o de conducta (cfr. arts. 62 y 63 de dicha ley) que por su gravedad impidiera la continuidad del vínculo laboral.

    En síntesis, la conducta asumida por el empleador implicó una violación a los deberes impuestos por los arts. 62 y 63 de la LCT, por lo que el despido devino incausado, debiendo asumir las consecuencias de su obrar ilegítimo (cfr., arts. 232, 233 y 245 de la LCT). Así lo propongo.

  4. - A fin de seguir un orden lógico, trataré a continuación el agravio de la parte actora que cuestiona la base tomada para el cálculo del crédito a su favor.

    El apelante cuestiona la mejor remuneración normal y habitual (en adelante MRNH), tomada en origen y afirma que la misma no se condice con el salario efectivamente percibido.

    La magistrada toma el salario señalado por el experto en la pericia contable, sin embargo, el accionante afirma que el experto rectificó la pericia y consideró

    como MRNH la devengada en el mes de junio de 2019 por la suma de $78.541,51, hecho que ha sido omitido por la sentenciante.

    Sin perjuicio de ello, afirma que conforme se desprende de los Anexos A

    y C, la MRNH que debería tomarse y la que peticiona, es la del mes de abril de 2019 que arroja el monto de $82.697,26.

    Del atento cotejo que realizo entre los anexos acompañados a la pericia, la pericia misma y las impugnaciones, hago propia la observación efectuada por el recurrente,

    Fecha de firma: 07/09/2023

    Alta en sistema: 08/09/2023

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA

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    quien indica que en el mes de junio de 2019 la suma de los rubros remunerativos alcanza la suma de $84.832,65.

    Dicho esto, tomando los conceptos considerados en grado, los que llegan firmes e incuestionados, la remuneración correspondiente a junio de 2019 resulta en $84.832,65 ($55.645,33 [básico], $6.291,14 [feriado], $2.867,72 [adicional horas nocturnas], $19.674,60 [horas recargo 100%] y $353,86 [antigüedad]), por lo que propicio sea esta la considerada para calcular las acreencias.

    En consecuencia, sin perjuicio de lo peticionado por el recurrente en los términos que lo hizo, propongo determinar la MRNH en el monto de $84.832,65.

  5. - La demandada cuestiona la sanción impuesta en los términos del art. 9 de la Ley Nacional de Empleo al afirmar que no se valoró en debida forma la experticia que dio cuenta que la fecha de ingreso fue el 26.04.2006. Se queja de que se haya valorado únicamente la testimonial rendida a instancia de la actora.

    Lo cierto es que la apelante no rebate con sólidos fundamentos el segmento del fallo que le es adverso, por...

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