Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 18 de Diciembre de 2020, expediente CAF 010303/2020/CA001

Fecha de Resolución18 de Diciembre de 2020
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2020.

Y VISTOS: estos autos, caratulados “P., M.R. c/ Edesur SA y otros s/ amparo ley 16.986”, y CONSIDERANDO:

  1. ) Que mediante el pronunciamiento de fecha 20

    de octubre de 2020, la Sra. jueza de primera instancia rechazó la acción de amparo intentada por la Sra. M.R.P..

    Recordó que la mencionada actora promovió la presente acción por su propio derecho, en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional, contra las concesionarias de los servicios de luz (EDESUR), gas (METROGAS) y agua (AYSA), a fin de peticionar la equiparación de las tarifas de uso comercial al uso de una tarifa social o, en su defecto, la reducción, en su carácter de uso común, durante el período que perdurara el aislamiento social derivado del COVID 19 y en concordancia a lo establecido por el decreto 260/2020.

    Tras sintetizar las postulaciones de la accionante y de AYSA S.A., precisó que con fecha 4 de septiembre de 2020 la propia actora solicitó que se dictara sentencia, y que, ante ello y por no encontrarse trabada la litis con las otras codemandadas, el Tribunal requirió a dicha parte que solicitara conforme lo actuado y el estado procesal de la causa.

    Añadió que, ante la insistencia de la actora del pedido de sentencia, y sin perjuicio de lo proveído con anterioridad, el 18 de septiembre de 2020 se ordenó la vista a la Fiscalía -habiendo contestado el informe del art. 8 de la ley 16.896 únicamente la empresa AYSA S.A.-, y que,

    una vez cumplimentada aquélla, se llamó a autos.

    Luego de aludir a los lineamientos que hacían a la procedencia de la acción intentada, adelantó que compartía los sólidos fundamentos brindados por el Sr. Fiscal Federal, quien opinaba que la acción no podía prosperar.

    Destacó que, atendiendo al carácter del usuario,

    correspondía examinar si resultaba procedente en la instancia judicial la determinación de la inclusión –aún temporal- dentro de los beneficiarios de la tarifa subsidiada, denominada “tarifa social”, o, en su caso, de residencia familiar, del servicio público de agua potable en el inmueble utilizado para explotación comercial.

    Trajo a colación el criterio postulado por el Máximo Tribunal en materia tarifaria y citó los fallos atinentes a dicha cuestión.

    Recordó que, a raíz de la emergencia sanitaria,

    se encontraban suspendidos los aumentos de las tarifas de las prestadoras de los servicios de energía eléctrica y de gas por redes, y que el Poder Ejecutivo Nacional había dispuesto mediante los decretos 311/2020 y 543/2020 -emergencia sanitaria- que las empresas -incluida la prestadora de agua corriente- no podían suspender o cortar los respectivos servicios en caso de mora o falta de pago, “… con vencimientos desde el 1/03/2020,

    obligaciones que originariamente debían regir por 180 días (art. 5º Ley 27541) y que han sido prorrogadas por un plazo adicional de 180 días desde su vencimiento” (sic).

    Hizo referencia a los extremos que se desprendían de los considerandos de los decretos antes mencionados,

    Fecha de firma: 18/12/2020

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    relativos a los planes de pagos, la imposibilidad del desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente de los servicios públicos de electricidad y gas natural, y a que las empresas debían otorgar planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se registraran durante el plazo de vigencia de las medidas adoptadas.

    Aclaró que el art. 3° del decreto 311/2020

    enumeraba las disposiciones adoptadas en relación a los usuarios no residenciales.

    Reparó en que en el sub examine, no obraba “…

    constancia de que la accionante hubiera peticionado ante AYSA S.A.,

    requerido algún tipo de descuento o reducción del monto en su facturación, o consultado por un plan de pagos ante la eventual posibilidad de una deuda (a la fecha AYSA SA ha manifestado no registrar la existencia de alguna de tales peticiones) en el inmueble aludido, categorizado como ‘No residencial medido’ (vide lo apuntado en el cap. V del informe)” -sic-.

    Recordó que al presentar el informe del art. 8° de la ley de amparo, AYSA S.A. explicó cómo la actora podía peticionar una reducción del monto en su facturación a través de la oficina virtual de la compañía. Y, asimismo, que dicha firma concluyó que para acceder a lo que la parte accionante pretendía, se debía modificar la normativa que regía la actividad, para que contemplara el nuevo estado de situación, modificación que no dependía -según lo dicho por la empresa- de AYSA S.A. sino que se encontraba en cabeza de los órganos estatales pertinentes.

    Consideró que, en consecuencia, la amparista no había demostrado que se configurara en el caso de autos, la manifiesta arbitrariedad endilgada a la conducta de la accionada, con motivo de la actividad que desplegaba y el servicio que brindaba de acuerdo a la normativa aplicable en la especie, ni la inexistencia de otros remedios y/o vías legales idóneas para obtener el resguardo de los derechos invocados como lesionados -presupuestos necesarios para la admisión de la acción-,

    ….y que, por ende, el asunto del subjudice, en razón de los términos y alcances en que la actora reclama, y de la particular situación que aquélla describe, excede la vía articulada y el limitado marco cognoscitivo del amparo deducido, lo que me lleva a concluir que la vía intentada no resulta la pertinente ni por ende admisible …

    (sic).

    Señaló que la cuestión planteada contaba con otros cauces legales que permitían a la accionante encontrar solución adecuada a su reclamo, siendo entonces que la intervención judicial pretendida importaría inmiscuirse prematuramente en el ámbito propio de actuación de la entidad y/u organismos habilitados al efecto.

    Impuso las costas en el orden causado, en atención al objeto de la acción, sus peculiaridades y los términos en los que decidía (arts. 14 de la ley 16.986 y 68, párrafo segundo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria).

  2. ) Que contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso el recurso de apelación de fecha 22 de octubre de 2020, el que fundó en ese mismo escrito -ver “A.acion [22/10/2020 10:35]”, incorporado al sistema el 2 de noviembre de 2020-.

    Fecha de firma: 18/12/2020

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

    AYSA S.A. contestó el pertinente traslado el 13

    de noviembre de 2020 -ver “Contesta agravios de Parte Actora [13/11/2020

    16:16]”, incorporado al sistema el 18 de noviembre de 2020-.

  3. ) Que la actora señala, en primer lugar, que el presente amparo se interpuso en el marco de la emergencia sanitaria por Covid 19, que comenzó a regir el 19 de marzo de 2020, a los fines de, ante la paralización de las actividades del ramo gastronómico (en el caso, del restaurante Robesa), poder afrontar los gastos fijos provenientes de los servicios de agua, luz y gas. Aclara que en ningún momento planteó la...

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