Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 9 de Mayo de 2018, expediente P 127647

PresidenteSoria-Negri-Pettigiani-Genoud
Fecha de Resolución 9 de Mayo de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 9 de mayo de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores S., N., P., G., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.647-RC, "Pereyra, D.J. y J., P.E.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 72.020 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".

A N T E C E D E N T E S

La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de febrero de 2016, rechazó los recursos de la especialidad interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, que condenó a D.J.P. y P.E.J. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego (v. fs. 95/117 vta.).

El defensor particular del imputado J. (v. fs. 138/148) y el señor defensor oficial adjunto por ante el Tribunal de Casación en favor de Pereyra (v. fs. 152/164 vta.), interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por el tribunal intermedio (v. fs. 166/168 vta.).

Oído el señor S. General (v. fs. 189/196), dictada la providencia de autos (v. fs. 197) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el defensor particular a favor de P.E.J.?

  2. ) ¿Lo es el deducido por el señor defensor oficial adjunto a favor de D.J.P.?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  1. El recurrente denunció la errónea aplicación de los arts. 45, 80 inc. 7 y 166 inc. 2, segundo párrafo, todos del Código Penal; y, asimismo, la violación a las reglas procesales de la sana crítica racional con respecto a los principios lógicos de coherencia y derivación (arts. 106, 210, 373, 375 inc. 1, CPP; v. fs. 139 y vta.).

    Señaló que la sentencia impugnada al confirmar la del tribunal del juicio reiteró los mismos errores de adecuación con relación a la calificación legal y participación criminal de su asistido "...acompañado de una falta total de fundamentación obviando brindar tratamiento a cuestiones dirimentes, resultando por ello altamente arbitraria y agraviante" (fs. 140 vta.).

    Luego de referirse a la conexión subjetiva que caracteriza a la figura de homicidio criminis causae y que extender la reprochabilidad del animus homicida a otros participantes resulta decididamente arbitraria (v. fs. 140 vta.), adujo que conforme la prueba colectada en el caso, J., no se encontraba en el lugar del hecho y desconocía la existencia de las armas de fuego, de lo contrario no les habría entregado los cuchillos. Dijo que lo concluido aparece como racionalmente incoherente y absurdo (v. fs. 141).

    Explicó que "...así como el dolo no se supone, en el presente caso, se aduna necesariamente la exigencia de demostrar que J. conocía que los autores del robo domiciliario poseían armas de fuego; para atribuir participación bajo la calificación efectuada" (fs. 141).

    Argumentó que no se explicó cómo a una persona ausente en el momento de la comisión de los hechos, sin tener el dominio de los mismos podría atribuírsele una conducta "...tan especialmente subjetiva como resulta el [homicidio] criminis causae..." (fs. 142).

    Afirma que aún posicionándose en la hipótesis del "riesgo asumido" a la que se alude en el fallo como máximo -a su criterio-, el obrar de su asistido se encontraría en el supuesto de la norma del art. 165 del Código Penal y siempre y cuando se acredite el conocimiento y consentimiento de la portación de armas de fuego (v. fs. 142 vta.).

    A partir de la reseña de otro tramo del pronunciamiento impugnado, destacó que el reproche reposa en datos insignificantes "...simplemente para mostrar cuantitativamente lo que no puede demostrar cualitativamente (claro abuso de la falacia de la pista falsa)" (fs. 143 vta.).

    Por otra parte, adujo que existió animadversión del sentenciante al extraer como unívoca conclusión de que por haber escuchado el imputado al menos un disparo, éste debió suponer que provenía de los intervinientes en la realización del hecho (v. fs. 144 vta.). Apoyó dicho tramo del planteo con jurisprudencia de diversos órganos jurisdiccionales y doctrina de los autores (v. fs. 144 vta./146).

    Alegó que el aspecto central de la violación del derecho de defensa en juicio se da con el proceso interpretativo y argumental en el dictado de la sentencia condenatoria (v. fs. 146 vta.). En tal sentido, adujo que en el fallo puesto en crisis se soslayó todo análisis a los planteos sobre la letra del art. 47 del Código Penal y sin reparar en los demás preceptos normativos a fin de atender al real grado de participación de aquél, de acuerdo a la actividad desplegada (v. fs. 147).

    Finalmente, y en cuanto al monto de pena impuesta, reitera y sostiene lo solicitado en su oportunidad mediante el recurso casatorio (v. fs. 147 vta.).

  2. Coincido con la Procuración General en cuanto dictamina que el recurso deducido en favor de P.E.J. debe ser rechazado (v. fs. 189/192 vta.).

    III.1. Los planteos del recurrente, bajo la denuncia del supuesto excepcional de la arbitrariedad, están dirigidos a cuestionar el valor otorgado a la prueba en las instancias anteriores -dando para ello una particular interpretación de los hechos y de los elementos de convicción tenidos en cuenta- a efectos de lograr un cambio en la calificación legal y con relación a la acreditación de la participación criminal del nombrado, y por ello, escapan al acotado ámbito de la competencia revisora de esta Corte (art. 494, CPP).

    Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo, claramente alegados y demostrados, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por la defensa (causas P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.). Ha señalado su opinión diversa y sugerido interpretaciones alternativas de la prueba, pero no ha demostrado con ese proceder la concurrencia del vicio que le atribuye a la sentencia.

    III.2. Las instancias jurisdiccionales anteriores tuvieron por cierto que "...el día 27 de diciembre de 2012 siendo aproximadamente las 02.30 hs., en circunstancias en que los...

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