Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 27 de Febrero de 2002, expediente P 56880

Presidentede Lázzari-Ghione-Pettigiani-Salas-Hitters-Laborde
Fecha de Resolución27 de Febrero de 2002
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

Dictamen de la Procuración General:

La Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional -Sala I- de San Isidro resolvió declarar de oficio la nulidad del procedimiento de unificación de penas (auto de fs. 679 último párrafo, dictamen de fs. 680/vta., escrito de defensa de fs. 699/700 y sentencia de unificación de fs. 708/711 vta.) respecto de L.A.P. -arts. 309 y 342, Código de Procedimiento Penal- (v. fs. 773/776 vta.).

Contra este pronunciamiento interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el Sr. Fiscal de Cámaras interino (v. fs. 784/785 vta.).

Denuncia el recurrente la violación de los arts. 54 y 58 del Código Penal y 256 y 257 del Código de Procedimiento Penal, como así la errónea aplicación de los arts. 309 y 342 de este último ordenamiento.

Expresa que al declarar inaplicable el art. 58 del Código Penal en razón de considerar que la pena impuesta en sede federal se hallaba agotada, la Alzada incurrió en una equívoca valoración de los documentos agregados a la causa, en tanto “...ha sobrevalorado el seudotelegrama que sin firma ni sellos identificatorios luce a fs. 647, en detrimento de la sentencia expedida por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín...” obrante a fs. 671/675, en la que se hace referencia a la eventual aplicación del mentado art. 58, Código Penal.

Añade, luego, que dicho precepto “...puede ser aplicado aún cuando el agente hubiese cumplido íntegramente una condena...”, pues el sistema previsto en la norma “...justamente y a expensas de las cosas juzgadas tiende a rectificar un error al omitirse la aplicación del régimen legal”.

Por último, discrepa con la interpretación de la Alzada que excluye de las reglas del art. 58 los supuestos de concurso ideal de delitos, invocando en su apoyo la doctrina sentada por V.E. en causas P. 43.819, del 9-2-93 y P. 40.195, del 10-3-92.

Solicita, en definitiva, la revocación del pronunciamiento impugnado y la consiguiente unificación de penas.

En mi opinión, corresponde acceder a la petición del recurrente pues el recurso, con el alcance que seguidamente señalaré, resulta procedente.

Debo recordar, liminarmente, que la disposición legal sobre unificación de penas contempla dos supuestos distintos: a) “cuando después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena, por otro hecho distinto” anterior o posterior a la condena; o b) “cuando, con violación de las reglas del concurso se hubieren dictado dos o más sentencias firmes” (art. 58, 1er. párr., C.P.).

En este último caso, la sentencia única procede a pedido de parte y está a cargo del juez que haya aplicado la pena mayor (art. 58, 1er. párr. “in fine”).

Sentado ello, cabe formular las siguientes precisiones para poner en evidencia el yerro del fallo en crisis.

En primer lugar, el argumento esgrimido por la Alzada fincado en que la pena impuesta en sede federal se hallaba agotada al momento de peticionarse la unificación, en mi opinión, no constituía obstáculo para la aplicación, en el caso, del art. 58 Código Penal.

La circunstancia del agotamiento de la pena en cuestión ha sido objetada por el recurrente denunciando transgresión a las normas sobre prueba documental. Sin dejar de señalar que, aún prescindiendo del telegrama de fs. 647 impugnado por la defensa, el hecho sobre el que reclama el apelante resultaría acreditado con lo que surge de las fotocopias de las sentencias de primera y segunda instancia en lo federal, a poco que se repare que en el dispositivo de la de origen se consignó la fecha de vencimiento de la pena impuesta (v. pto. “C”; fs. 669), y que ésta es anterior a la fecha de emisión del pronunciamiento confirmatorio de la Alzada, el tema carece de relevancia en función de lo que interpreto a continuación sobre la disposición de fondo, es decir, el mentado art. 58.

La exigencia de que la persona “esté cumpliendo pena” rige únicamente para el primer supuesto contemplado en la norma, pero es completamente ajena a la segunda situación.

En esta última, sólo es menester la existencia de dos sentencias firmes, dictadas con violación de las reglas establecidas para los casos de concurso de delitos, y el pedido de parte que atribuya jurisdicción al juez que haya dictado la pena mayor.

Esta es, precisamente, la hipótesis que atrapa al caso de autos. En efecto, por razones de jurisdicción, respecto del encartado P. se iniciaron contemporáneamente dos causas penales, una en el fuero federal y otra en el provincial, de cuyo trámite resultaron dos sentencias condenatorias firmes. Por lo demás, no hay discusión respecto a que entre los delitos objeto de ambas condenas haya mediado situación de concurso ni en cuanto a que la unificación fue promovida por el entonces defensor del encartado (v. fs. 418/420, 658 y 686).

De modo que en base a lo expuesto, la unificación era procedente.

Entiendo que esta apreciación no está en pugna con la doctrina legal de esa Corte que ha decidido excluír del régimen de la unidad penal a las penas agotadas por el cumplimiento anterior a la sanción subsiguiente (conf. P. 35.135, sent. del 8-9-87), toda vez que -en mi opinión- la misma ha sido expuesta en caso alcanzado por la primera hipótesis del art. 58 Código Penal, mas no en supuesto fáctico similar al de esta causa.

El argumento del “a quo” en torno a que el art. 58 Código Penal no regula situaciones de concurso ideal tampoco resulta acertado para negar la unificación. Contrariamente a lo sostenido por la Cámara, esa Suprema Corte tiene resuelto que el art. 58 Código Penal es de aplicación cualquiera fuere la naturaleza del concurso de delitos, pues las expresiones de dicha...

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