Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 26 de Octubre de 2016, expediente A 71417

PresidenteHitters-de Lázzari-Kogan-Negri-Pettigiani
Fecha de Resolución26 de Octubre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 26 de octubre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresHitters, de L., K., N., P.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo extraordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 71.417, "P., R.L. y otro contra D.L.S.E. y otro. Daños y perjuicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la señora R.L.P. y admitió el promovido por el señor J.L.V.. En consecuencia, revocó la sentencia interlocutoria de primera instancia en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción planteada en contra del mencionado en último término (fs. 349/364).

Disconforme con dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 372/384), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante el decisorio de fs. 386/387.

Dictada la providencia de autos para resolver (fs. 405), agregada la memoria de la parte actora (fs. 411/414) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorH. dijo:

  1. Según surge de la demanda, la pretensión indemnizatoria tiene su origen en la presunta mala praxis que la parte actora atribuye a profesionales del Hospital Provincial Zonal General de Agudos "Gobernador Domingo Mercante" de la localidad de J.C.P., en ocasión de haber atendido en ese nosocomio al señor J.L.V., quien luego fallece.

    La acción fue promovida el 20-VIII-2004 por la señora R.L.P., por derecho propio invocando su condición de cónyuge del occiso y en representación del hijo de ambos J.L.V. -entonces menor de edad-, contra la Provincia de Buenos Aires y profesionales que se desempeñaban en el aludido nosocomio (fs. 12/21 vta.).

  2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de San Isidro resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por los codemandados (conf. art. 35 inc. 1, ap. h del C.P.C.A.) e impuso las costas en el orden causado (fs. 273/277).

    Ponderó que el hecho generador determinante del inicio de la prescripción ocurrió con la muerte del señor J.L.V. (el 4-VIII-2001) y que las presentes actuaciones se iniciaron el día 20-VIII-2004, habiendo vencido el plazo previsto por el art. 4037 del Código Civil, entonces vigente.

    Contra dicho pronunciamiento la señora R.L.P., por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad, interpuso recurso de apelación (fs. 290/294 vta.). El referido menor a fs. 296/300 vta. apeló, por su propio derecho, al haber alcanzado la mayoría de edad.

  3. En lo que al recurso extraordinario interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín revocó -por mayoría- la sentencia interlocutoria de primera instancia en cuanto hizo lugar a la excepción de prescripción planteada en contra J.L.V..

    Los fundamentos utilizados por la Cámara para decidir del modo en que lo hizo -en sustancia- son los siguientes:

    1. Consideró que el encuadre jurídico dado por el jueza quoa la pretensión indemnizatoria de autos, dentro del marco de la responsabilidad extracontractual, no había sido objetado por la apelante. Por consiguiente, dejó sentado que el plazo de prescripción liberatoria aplicable es el de dos años establecido por el art. 4037 del Código Civil, entonces vigente.

      Entendió acertada la consideración del juez de grado en cuanto tuvo como punto de partida -para el cómputo del plazo de prescripción- el día 04 de agosto de 2001, fecha del fallecimiento de J.L.V.. Valoró que es desde ese momento que la accionante tuvo conocimiento de la existencia del daño, hecho generador determinante del inicio del plazo de prescripción.

      Ponderó que entre la fecha indicada como punto de partida (4 de agosto de 2001) y el inicio de la acción contencioso administrativa (20 de agosto de 2004) transcurrieron más de dos años, por lo que corresponde analizar si en el caso existió alguna causal que tuviera por efecto suspender o interrumpir el referido plazo.

      Destacó que la actora efectuó la denuncia penal por el "homicidio" de su cónyuge el 27-IX-2001 y recién se presentó como particular damnificada el 23-VIII-2004.

      Consideró que -a diferencia de lo resuelto por el juez de grado- la presentación como particular damnificado en la causa penal, debe equipararse en cuanto a sus efectos a la "querella" criminal mencionada en el art. 3982 bis del Código Civil, entonces vigente, aunque no se haya solicitado en aquella sede la indemnización de los daños ni la obtención de medidas cautelares.

      Luego precisó que entre el hecho generador (4-VIII-2001) y la presentación de la actora como particular damnificado (23-VIII-2004) transcurrió holgadamente el plazo prescriptivo. Explicó que la denuncia penal no tiene el mismo efecto suspensivo reconocido a la aludida presentación.

    2. Por otra parte, consideró que el análisis arriba efectuado no puede tener cabida respecto de J.L.V., hijo de la señora P. y del fallecido J.L..

      Señaló que "... la prescripción como modo de liberarse de las obligaciones por el transcurso del tiempo, como todo aquel instituto que aniquile un derecho, debe admitirse con carácter restrictivo". Agregó que "... al igual que en otras disciplinas, se nutre primordialmente de una premisa que resulta esencial para su concreción, cual es el desinterés del titular de la acción, lo que se conjuga con una medida temporal de esa actitud abdicatoria; o sea que debe resultar acreditado incontestablemente que aquél se ha marginado voluntariamente de procurar la vigencia de su derecho o, que en la mejor de las hipótesis, ha asentido el contenido de decisiones que hacen claudicar su situación, aunque fuera legítima".

      Ponderó que al momento del punto de partida del cómputo del plazo de prescripción (el 4-VIII-2001) J.L.V. contaba con sólo diez años de edad y como todo niño necesitaba protección, incluso legal, como lo reconoce el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Resaltó que dicha Convención resulta categórica en cuanto obliga a todos los poderes de los Estados firmantes de la misma -incluso a los tribunales judiciales- a tener en cuenta el interés superior del niño (conf. art. 3).

      Explicó que ese interés calificado ha sido definido por esta Suprema Corte como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes del menor, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto" (conf. causa Ac. 84.418, sent. del 19-VI-2002).

    3. Entendió que si bien el menor contaba con la representación legal de su madre, la señora P., ésta resultó inoperante en la defensa de sus intereses debido, en buena medida, a la tragedia que debió afrontar la familia. Ello, al perder a su esposo, sostén económico y espiritual del núcleo familiar, sumado a la condición socioeconómica, la actora entró en un natural período de depresión y angustia y debió en primer medida ocuparse de "salir a ganar" el sustento material para ella y su hijo (conforme lo relatado en la demanda a fs. 15 vta./16). Estas circunstancias hicieron que, a la postre, no pudiera cumplir con la eficiencia necesaria en el rol de representante legal de su hijo menor de edad.

      Concluyó que la situación de J.L.V. se asimiló a la de un menor sin representante legal (conf. art. 3966 del Código Civil, entonces vigente). Destacó que esa norma, en su redacción original estableció que la prescripción no corría contra los incapaces, disposición que consideró más aconsejable que la regulación introducida por la ley 17.711, que modificó aquel supuesto.

      Valoró que, a los fines de afianzar la...

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