Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Diciembre de 2009, expediente B 60042

PresidenteSoria-Pettigiani-Negri-Kogan
Fecha de Resolución29 de Diciembre de 2009
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de diciembre de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,P., N., K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 60.042, "P., M.M. contra Municipalidad de Berisso. Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. La actora, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Berisso (fs. 89 a 117), solicitando la nulidad de los decretos 1007/1998 y 73/1999, dictados por el Intendente de la referida comuna, mediante los cuales se dispuso su cesantía en el cargo de Jefe de Departamento de 1º, con funciones de Directora de la Guardería Municipal "D.C.G." y se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto, respectivamente.

    Reclama que junto con la anulación de los actos impugnados se ordene su reincorporación en el mismo cargo y función, con más el resarcimiento de los daños y perjuicios, incluso el moral que -según aduce- fueron ocasionados por la medida que cuestiona.

    Pretende el dictado de una medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos de los actos cuestionados (punto II-B, escrito de demanda, fs. 90/92 vta.).

  2. Por Resolución del Tribunal de fecha 23-II-2000, registrada bajo el nº 102, se desestima el pedido de tutela cautelar, por considerar que su concesión importaría una ponderación impropia de tal oportunidad procesal (fs. 132/132 vta.).

  3. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de Berisso y solicita el rechazo de la demanda, sosteniendo la legalidad de los actos impugnados (fs. 139 a 155).

  4. Agregadas las actuaciones administrativas, los cuadernos de prueba de ambas partes y el alegato de la actora, no habiendo hecho uso de ese derecho la demandada, la causa queda en estado de ser resuelta, por lo que corresponde plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1. ) ¿Es fundada la demanda?

      En caso afirmativo:

    2. ) ¿Debe presumirse la existencia de un daño derivado de la ilegitimidad de la decisión impugnada?

      En caso afirmativo:

    3. ) ¿Debe la reparación ser equivalente a la totalidad de los salarios dejados de percibir como consecuencia de la decisión ilegítima?

      En caso negativo:

    4. ) ¿Qué suma corresponde fijar en concepto de indemnización del daño material y en qué monto debe fijarse el daño moral?

      V O T A C I O N

      A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  5. La actora cuestiona el decreto 1007/98, dictado por el Intendente municipal, que dispuso su cesantía por trasgresión al art. 64 incs. 5) y 10) de la ley 11.757, y el decreto 73/1999, emanado de la misma autoridad, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el primer decisorio.

    Expresa que el procedimiento administrativo sumarial estuvo impregnado de parcialidad, vulnerándose el debido proceso y el derecho de defensa, pues, entre otras cosas, no se proveyó prueba que, según su criterio, era esencial para demostrar su inocencia.

    Arguye que los actos impugnados cercenaron injustamente el derecho a la estabilidad en la relación de empleo público, con una errónea interpretación y aplicación de la legislación que regía los deberes y derechos de los empleados municipales, pues para determinar la existencia de un hecho que pudiera configurar una falta y su consecuente castigo, debió haberse comprobado la trasgresión.

    Indica que no se han ponderado adecuadamente las responsabilidades de su superior jerárquico al momento de graduarse la sanción expulsiva que se le aplicó.

    Señala que, tal como se desprende del expte. adm. 35.516/97, la Directora de Acción Social y el Secretario de Bienestar Social de la Municipalidad, produjeron sendos informes donde denunciaron presuntas irregularidades en los gastos que, con destino a la Guardería "Doctora Cecilia Grierson", se realizaron para la compra de alimentos durante el lapso comprendido entre enero a diciembre de 1997, como asimismo en los efectuados para la organización de la fiesta de fin de año.

    Indica que, a consecuencia de ello, se dictó el acto pertinente ordenándose la iniciación del sumario administrativo -decreto 532/1997-, mediante el cual -con fundamento los arts. 59 incs. a) y c), 64 incs. 5) y 10) y 79 de la ley 11.757- resultaron imputadas ella, en su carácter de Jefa de Departamento con funciones de directora en la citada Guardería, y la señora A.A., quien se desempeñaba como ecónoma de dicho establecimiento. Agrega que en tal acto también se dispuso la suspensión preventiva de ambas por sesenta días, cuando hubiera correspondido su disponibilidad preventiva.

    Detalla que, conforme el auto de imputación, la acusación se basó en un informe encomendado por el Secretario de Bienestar Social a la nutricionista -señora G.-, en el cual se concluyó que la cantidad de elementos empleados en la elaboración de las comidas excedía la capacidad de ingesta de los niños asistentes a la mentada guardería.

    Indica que la demandada también observó diferencias entre las entradas mensuales de víveres y la facturación obrante en Contaduría.

    Explica que lo informado fue ratificado por la Directora de Acción Social, quien expresó, además, que las directoras de los establecimientos a su cargo debían enviarle mensualmente el detalle de las mercaderías destinadas a consumo, obligación que, según afirma la actora habría incumplido.

    En relación a la observación de los gastos realizados para la fiesta de fin de año, aduce que de una simple operación aritmética surgía que lo adquirido estaba en proporción a los doscientos invitados a asistir al evento, cuando lo que ocurrió fue que hubo gran cantidad de ausentes, situación imposible de prever con un mes de anticipación.

    Afirma que, conforme lo sostenido en la instancia administrativa, nunca se le requirieron ni verbal ni formalmente las aludidas planillas, como así también que resultaban falsas las afirmaciones vertidas en el auto de imputación.

    Realiza un pormenorizado detalle del alegato sobre el mérito de la prueba rendida en el procedimiento sumarial, a fin de puntualizar las falacias en que incurrió la instrucción sumarial en la valoración de las probanzas rendidas y, por ende, en la ilegítima y arbitraria imputación de incumplimiento de sus obligaciones como agente municipal.

    Detalla el contenido del decreto 1007/98, del recurso de revocatoria interpuesto contra tal decisorio y del decreto 73/99 que lo rechazó, observando con relación a los mencionados actos sus falencias y agraviándose de la falta de imparcialidad en el actuar de quien estuvo a cargo de la instrucción sumarial.

    Como corolario de todo lo expuesto, concluye que:

    i] El procedimiento administrativo que dispuso su cesantía ha sido manifiestamente arbitrario, con imputaciones genéricas y ambiguas que entorpecieron el ejercicio del derecho de defensa.

    ii] No fue valorada adecuadamente la prueba rendida en el sumario, destacando al respecto que la declaración de los testigos fue ponderada según conviniera a los fines de avalar la acusación formulada en su contra.

    iii] Se denegó la producción de prueba -pericial e informativa- que, a su criterio, resultaba sustancial a los efectos de no vulnerar las garantías del debido proceso y del derecho de defensa y no quebrantar uno de los principios rectores del derecho administrativo cual es "la búsqueda de la verdad material".

    iv] No habiéndosele imputado dolo, no se explica por qué no se atenuó la responsabilidad que se le endilga, máxime cuando -según afirma- quedó demostrada la falta de diligencia de su superior -señora G., Directora de Acción Social- quien nunca supo impartir órdenes claras para organizar el área.

    Basa su queja en que la prueba pericial ofrecida fue denegada por cuestiones formales y que la calificación de inconducente y dilatoria aducida por la instrucción para el rechazo de la prueba informativa no resultaba ser tal, atento que su producción no implicaba demoras excesivas, siendo deber de la instrucción no cercenar tal derecho en caso de duda.

    Reitera que los hechos investigados de ninguna manera pueden considerarse de una gravedad tal como para ser sancionados con una medida expulsiva.

    Por último, reclama la indemnización por daño material, expresando que deberían incluirse en tal concepto todas las sumas que dejó de percibir desde el dictado del acto que dispuso su cesantía hasta su efectiva reposición en el cargo y función, con más toda bonificación, subsidio, retribución adicional, ordinaria y extraordinaria, que le hubiera correspondido percibir de haber continuado en funciones.

    Funda tal reclamo en el hecho de que no contó prácticamente con posibilidades de inserción en el escaso mercado laboral, dada su edad y el estigma que significó haber sido expulsada de la Administración municipal, situación que trascendió públicamente.

    Argumenta que, en atención a la difusión que tuvo el procedimiento sumarial seguido en su contra, existió un daño moral importante que le generó afecciones psíquicas además de injustos padecimientos. Estima este rubro en el 50% del daño material, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir.

    En aval de todos sus dichos cita doctrina y jurisprudencia. Ofrece prueba y plantea el caso federal.

  6. La Municipalidad de Berisso, en primer lugar, realiza una negación puntual de cada uno de los hechos expuestos en la demanda.

    Afirma que concluido el procedimiento disciplinario administrativo seguido contra la actora, el que fue cumplimentado con ajuste a derecho en todas sus etapas, se dictaron los actos impugnados mediante los que, por haberse comprobado fehacientemente la configuración de conductas violatorias del art. 59 incs. a) y c) de la ley 11.757 y del ap. V-2.0.3.0. incs. b) y c) del anexo V de la Ordenanza 903/85 -Manual de Usos y Funciones-, se aplicó la sanción de cesantía en el marco del art. 64 incs. 5) y 10) de la mentada ley...

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