Las políticas penales de la era de la globalización

Autor:Emilio Santoro
Cargo:Universidad de Florencia
Páginas:187-214
RESUMEN

I. Del Estado social al Estado “penal”. II. Del contrato social a la “tolerancia cero”. III. Política penal actuarial y distribución del riesgo. Bibliografía.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

    Título original: “Le politiche penali dell’era della globalizzazione”. Traducción: Nerea Regina Monte. Supervisión: Prof. Dr. José Daniel Cesano.

Page 187

El número de personas en estado de detención o en espera de una probable condena ha crecido rápidamente en casi todos los países noroccidentales en los últimos años (Wacquant 1999). Todas las democracias desarrolladas construyen nuevas cárceles y aumentan los gastos destinados a las “fuerzas de la ley y del orden”, sobre todo a las fuerzas de policía y al personal carcelario afectado a la custodia. Al mismo tiempo, se advierte en estos países la proliferación de medidas dirigidas a prevenir o reprimir todo aquello que pudiera perturbar el desarrollo tranquilo de las relaciones públicas (se difunden, por ejemplo, las disposiciones quePage 188 prohíben o limitan la mendicidad, se instituye el toque de queda para los adolescentes, etc.), así como el generalizado empleo de la vigilancia por video en lugares y medios de transporte públicos. Se emplea cada vez más el control electrónico, no como alternativa, sino como complemento al encarcelamiento.

Parece inadecuado considerar tal situación, según lo sugiere David Garland, como el fruto de una “negación histérica” debida a una evidente impotencia en relación con la delincuencia, impotencia que parecen reconocer las propias autoridades a cargo del orden público, recurriendo a estrategias de responsabilización de los ciudadanos y delegación del control de las zonas públicas (Garland 1997). La velocidad a la que aumenta el porcentaje de la población que tiene problemas con la justicia, y que por tanto debería ser detenida, que no cabe sino afirmar que se está produciendo un cambio cualitativo de las políticas penales. Los datos parecen sugerir que ha sucedido algo que hace imprescindibile —según los gobiernos y la opinión pública— recurrir a la institucionalización de los ciudadanos en forma mucho más amplia que en anteriores decenios.

Zygmut Bauman (1998) y Loïc Wacquant (1990 y 1999) sostuvieron recientemente que existe un estrecho vínculo entre las políticas neoliberales —promovidas antes por la derecha reaganiana y thatcheriana en los países anglosajones, y presentadas hoy en todo el mundo noroccidental como una necesidad impuesta por la globalización— y la difusión de las políticas de seguridad. Según estos autores, los Estados noroccidentales han emprendido el camino del tratamiento penal de la miseria empujados, paradójicamente, por el debilitamiento de su capacidad de intervención social y por la pérdida de muchas de las prerrogativas de su soberanía política. En el origen de la fuerte expansión del control social y de la barbarización de las modalidades a través de las cuales éste se realiza, se encontraría, en última instancia, la globalización o, más precisamente, una ideología fundada sobre la omnipotencia del mercado. En este ensayo trataré de analizar en más profundidad la conexiónPage 189 entre el debilitamiento del Estado y el cambio de las políticas penales, y de explicar las nuevas políticas penales y sus consecuencias sobre los derechos de los individuos.

I Del Estado social al Estado “penal”

Ernest Gellner evidenció, siguendo las célebres tesis de Max Weber, que el poder legislativo y ejecutivo de los Estados modernos se apoya sobre una triple soberanía: militar, económica y cultural. La soberanía del Estado históricamente se encuentra conectada, en forma inescindible, no sólo con la capacidad de defender el territorio de los desafíos de otro modelo de orden, tanto externos como internos, sino también con la capacidad de equilibrar las cuentas de la Nationalokonomie, y con la capacidad de movilizar recursos culturales suficientes como para defender la particularidad de cada Estado mediante la específica identidad de sus súbditos o ciudadanos.

Hoy el cuadro aparece radicalmente modificado. La globalización de los mercados financieros es presentada cada vez con mayor frecuencia como una fuerza irresistible que los Estados deben necesariamente aceptar, renunciando al gobierno de la economía. En forma paralela con este análisis de la irresistibilidad de los mercados, se ha difundido una ideología (Scott 1997) según la cual el nuevo mundo del capital nómada, en el que han saltado todas las barreras creadas por los Estados, mejorará la vida de todos. La libertad, en primer lugar de comercio y de movimiento de los capitales, sería el humus que permite a la riqueza crecer como no lo hizo nunca antes, beneficiando a toda la población mundial. Nos vamos convenciendo, en sustancia, de que el control del sistema económico por parte del mercado es de enorme importancia para el bienestar de toda la humanidad y la estabilidad de la organización social planetaria. Se ha consolidado la creencia de que la vida civil misma depende del mercado y que, en consecuencia, la socie-Page 190dad debe ser organizada en modo tal que permita a éste funcionar según sus propias leyes. Para la ideología de la globalización no es ya la economía la que debe ser compatible con un determinado sistema de relaciones sociales, sino que son las relaciones sociales las que deben adecuarse a la economía de mercado. La reglamentación de la sociedad ha de subordinase al funcionamiento del mercado (cfr. Karl Polanyi 1944).

Este enfoque reduce drásticamente el espacio de la política. La actividad política, aquella que Claus Offe (1996, pp.VII, IX, 37) define como “la capacidad de realizar elecciones colectivas vinculantes y de ejecutarlas”, se ha vuelto problemática. El discurso público creado por la espiral analítico-ideológica descripta socava la legitimidad de muchas de las decisiones que, durante casi medio siglo, fueron tradicionalmente reconocidas como de competencia de los Estados. En especial, el Estado aparece cada vez menos legitimado para regular el mercado. Ya no existe un mercado interno sujeto a reglamentación, el mercado es global y como tal, fuera del poder de cada Estado. La confianza en el progreso espontáneo impide concebir un rol del gobierno en la vida económica; una total sustracción de la economía de las intervenciones reguladoras a la política implica la total pérdida de poder de la política. En esta situación el problema ya no es “qué debe hacerse”, sino más bien si hay alguien en condiciones de hacer lo que debe hacerse. Desregulación, liberalización, flexibilización, simplificación en los mercados financieros, inmobiliarios y del trabajo, disminución de las cargas fiscales, tienden a transformar la soberanía estatal en simplemente nominal y en “anónimo” el poder que la ejerce. La tendencia es clara, cuanto más la economía escapa al control de la política, tanto más disminuyen los recursos en manos de los Estados, que cada vez menos pueden ejercer el poder, aun queriendo y debiendo hacerlo.

En este marco no existe contradicción alguna, ni lógica ni práctica, como lo subraya Bauman (1999), entre la globalización económica y financiera, y el surgimiento de nuevos Estados soberanosPage 191 pequeños, débiles e impotentes. El nacimiento de pequeñas entidades territoriales políticamente independientes, dotadas de escasísimos recursos, lejos de ser un obstáculo para la nueva sociedad mundial fundada en la libre circulación de capitales, mercancías e informaciones, es por el contrario funcional a su desarrollo. En una situación en que continuamente se traslada la frontera entre lo que es “interno” y lo que es “externo” al Estado, la única función que parece destinada a quedar claramente como interna es el control de policía del territorio y de la población. La tendencia que aparece es la de reducir el Estado al mínimo indispensable, a sus poderes de represión. El nuevo orden mundial necesita precisamente Estados débiles para mantenerse y reproducirse: ellos “pueden fácilmente ser reducidos al (útil) papel de destacamentos locales de policía, que aseguran el orden mínimo necesario para el avance de los negocios, pero que no son de temer como frenos eficaces de la libertad de las empresas globales” (Bauman 1999). Como lo ha escrito un analista radical mejicano “una vez destruída su base material, anulada su soberanía y su independencia, cancelada su clase dirigente, el estado nación se transforma en un simple servicio de seguridad para las grandes empresas”.1

Todos los datos tienden a mostrar que el deslizamiento hacia una gestión judicial y carcelaria de la pobreza, es tanto más probable y acentuado cuanto más la política económica y social conducida por el gobierno, se inspire en las teorías neoliberales caracterizadas por la “privatización” de las relaciones sociales y más débiles resulten las garantías del Estado social. El “menos Estado” social, el menor intervencionismo económico parece requerir “más Estado” policial y penal. Las políticas represivas aparecen como el pendant, en materia de “justicia”, de las liberalistas en el campoPage 192 económico. El abandono del derecho a la seguridad social, por no hablar del derecho al trabajo (a término pleno e indeterminado, con las garantías previsionales y sociales, y con un salario digno), tiene como correlato la obsesiva reafirmación del “derecho a la seguridad”. El aumento de los recursos destinados a las funciones de mantenimiento del orden público compensa, sobre todo en el plano simbólico, el vacío de legitimidad resultado de la renuncia al gobierno de la economía y a la red de seguridad social.

La política de encarcelamiento y represión penal no responde tanto al desarrollo de la criminalidad, que ha permanecido más o menos constante en el período en que se consolidaron las nuevas políticas penales, como a la desestructuración social provocada por la retirada del Estado “caritativo”. Estamos asistiendo a un tránsito del Estado social al Estado penal. Como escribe Wacquant (1999)...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA