Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala 9, 10 de Diciembre de 2013, expediente 16030/12

• Fecha de Resolución: 10 de Diciembre de 2013
• Emisor: Sala 9

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA Nº 19110

EXPTE. N° 16.030/2012. SALA

9. JUZGADO N° 76.

   En la ciudad de Buenos Aires, el 10-12-13

   para dictar sentencia en los autos: “PELOZO HUGO DANIEL

   C/ ASOCIART ART S.A. S/ACCIDENTE – LEY ESPECIAL”, se procede a votar en el siguiente orden:

   El Dr. R.C.P. dijo:

1. La sentencia de primera instancia de fs. 125/7 que hizo lugar a la demanda, ha sido apelada por la parte actora, a mérito del recurso que luce agregado a fs.

   130/1. Dicho recurso mereció réplica de la contraria, a fs.

   136/8. La perito médica apela sus honorarios por considerarlos reducidos (v. fs. 129).

2. El recurso de apelación interpuesto por la parte actora en cuanto pretende la actualización establecida en la ley 26.773, de prosperar mi voto, ha de ser receptado.

   En primer lugar corresponde señalar que en cuanto al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773, el ap. 5º de su art. 17 establece que: “Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha”.

   Por su lado, el ap. 6º del mismo artículo expresa: “Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decr. 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE

   (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social,

   desde el 1º de enero del año 2010”.

   Como bien lo señala F., “La existencia de dos preceptos diferentes está demostrando que en materia de ajuste (índice RIPTE) la ley no ha seguido el criterio general de aplicación ceñida a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera luego de su publicación, sino que dispone su directa operatividad sobre las prestaciones adeudadas (es decir que juega sobre contingencias ocurridas con anterioridad). De otro modo la diferenciación no tendría sentido práctico ni jurídico.

   Máxime cuando el ap. 5º se refiere a las prestaciones de “esta ley” (que son las que se aplican hacia el futuro, sin perjuicio de la posibilidad de plantear su vigencia inmediata o su consideración en equidad),… y el ap. 6º remite a las prestaciones de la originaria ley 24.557 y las mejoras del decr. 1694/09 (lo que demuestra su aplicación a las contingencias anteriores, que se calculan sobre la base de dichas normas). Coadyuva en este mismo sentido la consideración de la finalidad de la norma, que ha sido la de intentar ajustar los importes a la realizada en función de una injusticia manifiesta, sin distinciones” (cfe. F.,

   J.J.R. del Trabajo. Leyes 24.557 y 26.773, Acción especial y acción común. 1ª edición, Buenos Aires, H.,

   2013, pag. 174/5).”

   También se han de considerar los fundamentos del Mensaje del Poder Ejecutivo que acompañaron al proyecto de la ley 26.773 en cuanto refiere que: “La clave de bóveda de la iniciativa se resume en facilitar el acceso del trabajador a la reparación, para que la cobertura sea justa, rápida y plena, brindando un ámbito de seguridad jurídica que garantice al damnificado y a su familia un mecanismo eficaz de tutela en el desarrollo de su vida laboral”.

   En el marco descripto es dable tener en cuenta la primacía de la equidad para meritar lo justo en el caso concreto, principio operativo en materia de resarcimiento de daños; el reconocimiento de la máxima indemnización posible – y reconocida por el Estado -...