Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 23 de Mayo de 2019, expediente CAF 009374/2007/CA001

Fecha de Resolución23 de Mayo de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

SALA IV Causa CAF 9374/2007/CA1 “P.A.E. c/ EN – Mº Interior - PFA y otros s/

daños y perjuicios”

En Buenos Aires, a 23 de mayo de 2019, se reunieron en acuerdo los señores jueces de la S. IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de resolver los recursos interpuestos en los autos “P.A.E. c/ EN – Mº Interior - PFA y otros s/ daños y perjuicios”, contra la sentencia de fs. 880/902vta. El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara R.W.V. dijo:

  1. ) Que el señor juez de primera instancia –en lo que aquí

    importa y es materia de agravios– hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por A.E.P. y C.S.P. contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional y los terceros condenados (los integrantes del grupo “Callejeros”, señores D., S.F., Cardell, C., V. y Torrejón; el manager del grupo, Sr. A.; y los Sres.

    D., Villareal y F., tendiente a obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte de su hija y hermana, respectivamente, M.C.P., producida en el incendio ocurrido en el local “República Cromañón”, el 30 de diciembre de 2004, en ocasión de haber concurrido al recital de la banda “Callejeros”.

    En consecuencia, ordenó que se abonara $ 750.000 a la señora P., con más los intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina desde el 30/12/2004 (fs. 902, parrafos primero a tercero).

    Para así decidir, en primer lugar desestimó la defensa de falta de legitimación planteada por el Estado Nacional por considerar que el fundamento de su inclusión como demandado fue la falta en prestación regular del servicio de sus agentes.

    Fecha de firma: 23/05/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #11052265#235167568#20190523130830156 Sentado ello, consideró que el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultaban responsables en atención a que sus agentes no hicieron cumplir las imposiciones legales, ni observaron las obligaciones que le cabían como funcionarios, conforme lo resuelto en las sentencias penales que los condenaron. A los señores D., C., Cardell, V., Torrejón y S.F., los consideró responsables por generar imprudentemente un riesgo jurídicamente desaprobado de incendio peligroso para la vida. De A., dijo que, tambien se probó que conocía las características del lugar y que no desconocía la prohibición sobre el uso de pirotecnia en el lugar.

    Idéntica solución adoptó respecto de los Sres. Villarreal y D. por su vinculación con el acuerdo ílicito que implicaba permitir que el espectáculo se diera a pesar de las condiciones peligrosas del lugar. En el mismo sentido, la Sra. F. por incumplimiento de sus deberes como Coordinadora General de la Unidad Polivalente de Inspecciones.

    Respecto a los rubros indemnizatorios de la Sra. P., hizo lugar a la pretensión relativa al valor vida, por el fallecimiento de su hija M.C.P., por la suma de $ 350.000, daño moral por $ 300.000, daño psicológico por $ 70.000 y por su respectivo tratamiento $ 30.000.

    Rechazó el resarcimiento por daño psicologico de C.S.P., hermana de M.C.P., en razón que de las constancias de autos no surge que padezca una incapacidad psíquica permanente.

    Finalmente, indicó que los demandados y los citados como terceros se encontraban obligados al pago de la indemnización de manera solidaria y, por tanto, el actor podía reclamar el monto indemizatorio a cualquiera de los responsables, sin perjuicio de las posteriores y eventuales acciones de regreso que ellas pudieren efectuar.

  2. ) Que, contra tal pronunciamiento, tanto el Estado Nacional, como la Sra. P. y los terceros intervinientes –C., Cardell, S.F., V., A., T. y D.–, dedujeron recursos (fs. 903, 905 y 908, respectivamente), que fueron concedidos libremente a fs. 904, 906 y 909.

    Puestos los autos en la oficina, los terceros expresaron sus agravios a fs. 935/936vta., que merecieron respuesta por parte del Estado Nacional a fs. 965/966.

    Fecha de firma: 23/05/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #11052265#235167568#20190523130830156 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

    SALA IV Causa CAF 9374/2007/CA1 “P.A.E. c/ EN – Mº Interior - PFA y otros s/

    daños y perjuicios”

    La demandante expresó sus agravios a fs. 936/940vta., que fueron replicados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 961/963 y por el Estado Nacional a fs. 967/968.

    El Estado Nacional expresó sus agravios a fs. 942/947vta., que fueron contestados por la actora a fs. 949/956 y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 957/960vta..

  3. ) Que los señores C., Cardell, S.F., V., A., Torrejón y D. en sus agravios señalan que la calidad de terceros asumida en el pleito impedía condenarlos ya sea por el capital e intereses de condena como en el de costas.

    En tal sentido, indican que su intervención en la litis fue para evitar que se invocara la excepción de negligente defensa en procesos posteriores, sin que ello implicara ser considerado como un demandado e incluirlos en la condena, pues el actor se encontraba facultado para elegir a quien demandar, a su solo riesgo.

  4. ) Que la demandante se agravia por:

    1. Daño psicológico: cuestiona las sumas reconocidas por exiguas y sostiene que en atención a las consecuencias que le provocó el evento traumático le correspondía una indemnización mayor.

    2. Tratamiento psicológico y psiquiátrico: resalta que se tomó como base para su cálculo un valor por sesión que no responde al valor siquiera institucional de un honorario profesional para el tipo, tiempo y frecuencia de asistencia requerida para poder tener una mejor calidad de vida.

  5. ) Que el Estado Nacional se agravia por entender que:

    1. Responsabilidad: arguye que no debe responder por la conducta ilícita llevada a cabo por su funcionario, en tanto implicó una extralimitación de las competencias atribuidas, por lo que fue ejercida exclusivamente en su beneficio personal y era extraña a la función que desempeñaba.

      Fecha de firma: 23/05/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #11052265#235167568#20190523130830156 Sobre esa base, sostiene que no existió falta de servicio.

      Por otro lado, advierte que la conducta del subcomisario D. en nada influyó en la catástrofe, ya que no disparó la bengala, ni se encontraba a cargo del control del ingreso de las personas, así como tampoco trabó

      las puertas, ni utilizó materiales inflamables.

    2. Distribución de la responsabilidad: sostiene que carece de claridad la distribución de responsabilidad para hacer frente a las indemnizaciones.

      Concluye que no se cuantificó adecuadamente la responsabilidad de cada condenado del proceso penal. Por lo que requiere que se fije la distribución para las eventuales acciones de regreso.

    3. Valor Vida: indica que no se encuentra debidamente acreditada la exorbitante suma por cuanto sostiene que la corta edad de la fallecida hace suponer que durante los próximos años recibiría más ayuda económica por parte de la madre que asistencia.

    4. Daño moral: arguye que no se menciona un sólo dato o prueba que permita establecer la existencia y magnitud de los padecimientos que pudiera haber sufrido la actora por este concepto.

    5. Daño y tratamiento psicológico: manifiesta que si bien se fijó un importante grado de incapacidad, resulta relevante señalar que las causales de incapacidad actual pueden hallarse no solo en el hecho objeto de autos sino que es posible que existieran condiciones previas que motiven el estado actual y no fueron ponderadas en el informe y que justificarían una disminución de la suma reconocida.

    6. Intereses: señala que, en caso de que exista condena, deben comenzar a correr desde la fecha de la sentencia o de los instrumentos que dan pábulo a sus afirmaciones.

  6. ) Que, preliminarmente, corresponde poner de resalto que la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en “República Cromañón”

    comportó un hecho de gran impacto social y con consecuencias sumamente dañosas que reclaman una respuesta adecuada por parte de los jueces, quienes no deben prescindir, en el cumplimiento de la misión que les incumbe, de la preocupación por realizar la Justicia (Fallos: 259:27; 272:139; 293:401; 295:316).

    En este sentido y teniendo en cuenta...

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