Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL, 20 de Septiembre de 2023, expediente FLP 009871/2023/CA002

Fecha de Resolución20 de Septiembre de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA CIVIL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA

La Plata, 20 de septiembre de 2023.

AUTOS Y VISTOS: este expediente N° FLP

9871/2023, Sala III, “., P.J.c. y otro s/Amparo Ley 16.986” proveniente del Juzgado en lo Civil, Com. y Cont. Adm. Federal de La Plata N°4,

Secretaria Civil N°11.

Y CONSIDERANDO QUE:

El juez V. dijo:

  1. La sentencia apelada y los agravios.

  1. Llega la causa a esta alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por los representantes del Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados (PAMI-INSSJP) contra la sentencia del 13 de julio de 2023, por la que el juez a quo hizo lugar a la acción de amparo promovida por P. J. P. y, en consecuencia,

    reconoció el derecho del afiliado a “la cobertura del 100 % de la medicación: ‘Leuprolide Acetato 22.5 mg.,

    ampolla aplicación trimestral, y Enzalutamida 40 mg.

    cápsulas blandas por 120’, conforme lo prescripto por la profesional médica tratante Dra. N.D.,

    Especialista en Medicina Interna, Especialista en Oncología Clínica (…)”. Asimismo, impuso las costas del proceso a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN; art. 14 ley 16.986) y reguló los honorarios profesionales de la Defensoría Pública Oficial N° 2 de La Plata, en su carácter de apoderada del actor, en la suma de trescientos ochenta y seis mil setecientos sesenta pesos ($ 386.760), equivalente a 20 UMA.

  2. Los representantes del PAMI sostuvieron que no existió un obrar antijurídico del Instituto, porque se le solicitó al actor que cumpla con los requisitos administrativos para dar trámite al pedido de medicación y no lo hizo. Además, alegó que los argumentos Fecha de firma: 20/09/2023

    Firmado por: C.A.V., juez de cámara Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: P.M.L., SECRETARIO DE CAMARA

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    científicos de los profesionales del PAMI no fueron ponderados por el magistrado; concretamente, que la medicación pretendida no detiene el avance progresivo de la enfermedad y que no respeta el esquema terapéutico oncológico que aplica el Instituto.

    Asimismo, se agravió de la imposición de costas a su cargo, por cuanto -según sostuvo- el PAMI no dio motivos para litigar y cuestionó los honorarios regulados a favor de la Defensoría Pública por considerarlos elevados.

  3. La Defensora Pública Oficial, I.V.M., contestó los agravios recursivos de la demandada.

Antecedentes
  1. En la anterior intervención de esta Sala se realizó un detallado relato de las circunstancias fácticas de la causa, al que cabe remitir en honor a la brevedad.

    Por entonces, cabe recordar, se tuvieron por acreditados el carácter de afiliado de P. J. P., de 71

    años, al PAMI; la patología que lo afecta (cáncer de próstata EIV, nodal retroperitoneal PTEN BRCA 1 y 2

    negativos), por la que su médica oncóloga -doctora N.D.- le indicó la necesidad de realizar tratamiento de primera línea con la medicación Leuprolide más Abiraterona más Prednisona. También se tuvo por demostrada la solicitud de autorización al PAMI, a través de los formularios de tratamiento oncológico y la negativa de ésta con fundamento en que el medicamento “Abiraterona” se encuentra fuera de los esquemas actuales del PAMI en primera línea y que dispone de otro esquema terapéutico para su enfermedad.

  2. Al presentar el informe previsto en el art.

    8 de la ley 16.986, las representantes del PAMI –en lo que aquí interesa- sostuvieron que los fármacos Fecha de firma: 20/09/2023

    Firmado por: C.A.V., juez de cámara Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: P.M.L., SECRETARIO DE CAMARA

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    requeridos por el amparista no fueron rechazados sin motivo por su mandante, sino que la negativa se fundó en que el esquema de drogas solicitado está fuera del vademécum oficial y vigente de la obra social;

    circunstancia que implica la imposibilidad material de su entrega y menos en el breve plazo impuesto.

    Explicaron que el sistema de autorización de ese tipo de medicamentos requiere, por su complejidad,

    además del análisis de los profesionales médicos y la revisión técnica efectuada por la Gerencia de Medicamentos, de un informe concreto del tratamiento farmacológico a realizarse que se encuentra en el Nivel Central y que es dicha autoridad quien analiza su viabilidad, en función de la normativa vigente y el diagnóstico del paciente.

    Señalaron que no se encuentra debidamente probada la efectividad y eficacia de los medicamentos pretendidos y que el afiliado tiene la posibilidad de gestionar la provisión de otras drogas para el tratamiento de su enfermedad.

    Añadieron que la médica tratante no evaluó

    otras alternativas terapéuticas y que -el hecho de que como afiliado al PAMI se pueda acceder al menú

    prestacional- no exime a la parte accionante de cumplir los requerimientos administrativos que razonablemente sean exigidos por la normativa que rige al Instituto y que no basta la mera judicialización del conflicto para alcanzar una solución satisfactoria, sino que se requiere la constante colaboración entre las partes para evitar, en la medida de las posibilidades, el dispendio jurisdiccional cuanto el caso no lo amerite.

    Finalmente, fundaron en derecho, formularon reserva del caso federal y solicitaron el rechazo de la acción interpuesta, con costas.

    1. Consideración de los recursos.

    Fecha de firma: 20/09/2023

    Firmado por: C.A.V., juez de cámara Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: P.M.L., SECRETARIO DE CAMARA

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  3. Conceptos preliminares. El derecho a la salud.

    1.1. Corresponde recordar que en numerosos precedentes este Tribunal ha destacado el marco constitucional del derecho a la salud según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el derecho internacional de los derechos humanos. En lo sustancial, se ha expuesto que el derecho a la salud, especialmente cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal, toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente su propio plan de vida (arts. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; art. 12, inc. c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 4 y 5

    de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e inc.

    1, del art. 6, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

    Asimismo, resulta del caso destacar el reconocimiento en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental (cfr. art. 12.1.).

    1.2. Sumado a lo anterior, cabe recordar que por la ley 27.360 la República Argentina aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que en su artículo 6 dispone que los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez.

  4. La aplicación de las pautas precedentes al caso de autos.

    Fecha de firma: 20/09/2023

    Firmado por: C.A.V., juez de cámara Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: P.M.L., SECRETARIO DE CAMARA

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    2.1. Respecto de los agravios planteados por el PAMI, no encuentro razones que habiliten a hacer lugar a su pretensión.

    Sus argumentaciones refieren, básicamente, a la ausencia de un obrar antijurídico de su parte, en tanto sostuvo que la medicación pretendida no respeta el esquema terapéutico de oncología clínica que aplica el PAMI y que el actor debió ofrecer otras alternativas terapéuticas.

    En este sentido, se advierte que el...

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